Aunque ya pasaron siete meses desde que se implementó la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en el estado de Puebla, no ha tenido resultados por la omisión de las autoridades, porque los recursos económicos no han sido bien canalizados y porque las dependencias que ayudan a las mujeres, no cuentan con un equipo interdisciplinario para poder apoyarlas, así lo consideró Rosario Ramírez González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE).
En entrevista con este medio Ramírez González opinó que las medidas aplicadas en el marco de la AVGM además de no ser monitoreadas, no tienen un proyecto de evaluación de impacto, además las acciones no están siendo adecuadas ni eficaces para prevenir y erradicar la violencia. “Son 45 medidas y 145 acciones que no se han impulsado de forma adecuada y efectiva, además hace falta transparencia porque existe un aumento de feminicidios en Puebla. A la fecha actual hemos contabilizado en el Observatorio del Instituto 71 feminicidios, es decir, que al finalizar el año vamos a tener más feminicidios que el año anterior”, comentó.
Agregó que la Alerta también no ha funcionado en su totalidad porque todas las muertes de mujeres deberían de investigarse como feminicidios, sin embargo, las autoridades no lo hacen, por ejemplo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó que, de enero a octubre de este año, se registraron 65 feminicidios, pero en el Observatorio del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría
“Ha sido un problema histórico, de hecho, desde el año 2015 había un acuerdo, el acuerdo 009 con el entonces fiscal Víctor Carrancá para que los Ministerios Públicos investigaran cualquier muerte violenta de mujer como feminicidio (…) esto ya no existe con el nuevo protocolo que fue reformado en 2016, pero sigue siendo una práctica que sólo ha quedado en la interpretación de los agentes de justicia y si no tienen sensibilización en materia de género van a desvirtuar la investigación”, acotó.
Desde su óptica, las autoridades deben de acompañar las medidas de la Alerta con un plan de evaluación para que dé frutos, pues cualquier política pública debe de ser medida para ver si está siendo efectiva o no. Asimismo, deben implementar enfoques de género en las asignaciones, y aplicar cursos de perspectiva de género a todas las autoridades y operadores de justicia.
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