El gobernador Miguel Barbosa Huerta consideró que los hallazgos compartidos recientemente por la Auditoría Superior del Estado (ASE), entre los cuales figuran los presuntos daños patrimoniales cometidos durante la gestión de la exalcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, son muestra de que la dependencia evaluadora está haciendo su trabajo sin extorsiones para beneficiar a exediles.
Como parte de los resultados plasmados en su informe sobre el análisis de las cuentas públicas de la exmunícipe en su segundo año de funciones, el organismo auditor determinó que se cometieron posibles faltas en perjuicio del erario municipal, por hasta 822 millones de pesos.
Por lo tanto, pese a que evitó pronunciarse acerca del supuesto agravio perpetrado durante la gestión capitalina actual, el gobernador del estado comentó que las revisiones a los estados financieros de los ayuntamientos son una actividad permanente, por lo que no descartó que surjan revelaciones idénticas sobre otras comunas.
“No conozco el informe como tal (...) yo lo único que veo, es que la Auditoría está cumpliendo con su función de revisar el manejo financiero de los ayuntamientos, y así revisarán el manejo de todos los ayuntamientos, sí, y habrán los reportes necesarios para que se sigan los procedimientos legales”, declaró este martes en conferencia de prensa.
Recordó que, aun cuando la ASE haya formulado esos resultados en su investigación, las autoridades o exautoridades señaladas tienen la oportunidad de aclarar la información planteada por el organismo evaluador.
“Tendrán que tener oportunidad, las autoridades del tiempo aquel donde se está revisando, pues para hacer las aclaraciones correspondientes, pero [la ASE] está haciendo su trabajo”, subrayó.
Por último, opinó que, a diferencia de otros tiempos, la gestión de la auditora actual y ex titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno estatal, Amanda Gómez Nava, se caracteriza por no “guardar” los expedientes de algunos funcionarios, a forma de extorsión, tal como, presuntamente, sucedió en administraciones anteriores de la ASE, haciendo énfasis en la que encabezó Francisco Romero Serrano.
“La diferencia es que antes, la anterior [gestión], no lo estaba haciendo, guardaban cosas y ahí se empantanaron algunos alcaldes y alcaldesas de pensar que el auditor los iba proteger a cambio de, pues, una simple y vulgar extorsión, entonces, yo lo que veo es que hoy la Auditoría Superior del Estado está haciendo su función”, concluyó.
