/ miércoles 19 de febrero de 2020

Hasta 10 años de prisión, la pena para servidores públicos por filtrar averiguaciones

Código penal también establece la inhabilitación hasta por diez años de la función pública

El Código Penal del Estado de Puebla ya establece penas de hasta 10 años de prisión en contra de los servidores públicos que divulguen información, documentos o material relacionado con alguna averiguación previa, reveló la diputada de Encuentro Social, Nora Merino Escamilla, quien consideró que homologar la iniciativa que anunció el diputado federal de su partido, Fernando Manzanilla Prieto, sería “sobrelegislar” en la materia.

Merino Escamilla consideró que no se deben proponer iniciativas solo por coyuntura o porque son mediáticos, luego de que el diputado federal anunció esta propuesta como reacción al feminicidio de Ingrid Escamilla en la Ciudad de México y la divulgación de fotografías que muestran su cuerpo sin vida.

“En el caso de Puebla no queremos caer en sobrelegislar, en meter iniciativas únicamente porque los temas son mediáticos o de coyuntura, queremos ser muy responsables y lo que queremos hacer es respetar lo que ya existe. La ley es muy clara, cuando hay una investigación, la comisión de algún delito, las difusiones del material que haya en torno a la investigación no puede ser compartido, difundido y quien así lo hiciera estaría cayendo en una falta administrativa dentro de su labor, pero también estaría cayendo en un delito que ya lo marca la ley”

En la legislación local, el artículo 421 del Código Penal de Puebla establece que es un delito “dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en una averiguación previa, carpeta de investigación o en un proceso penal y que, por disposición de la Ley o resolución de la autoridad judicial, sea información clasificada como reservada o confidencial”.

Ese mismo artículo también establece la inhabilitación hasta por diez años de la función pública de los funcionarios que compartan este tipo de información.

Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, evitó señalar si la propuesta de Manzanilla Prieto cae en el “oportunismo político”, pues dijo que respetará la esfera de la legislación federal, ya que a ellos solo les corresponde analizar las leyes locales.

“Es una cuestión federal y nosotros nos encargamos de la parte local, creo que se tiene que legislar al respecto… Nosotros tenemos que trabajar en todo eso, yo hablo en la cuestión local y lo vamos a hacer”.

El Código Penal del Estado de Puebla ya establece penas de hasta 10 años de prisión en contra de los servidores públicos que divulguen información, documentos o material relacionado con alguna averiguación previa, reveló la diputada de Encuentro Social, Nora Merino Escamilla, quien consideró que homologar la iniciativa que anunció el diputado federal de su partido, Fernando Manzanilla Prieto, sería “sobrelegislar” en la materia.

Merino Escamilla consideró que no se deben proponer iniciativas solo por coyuntura o porque son mediáticos, luego de que el diputado federal anunció esta propuesta como reacción al feminicidio de Ingrid Escamilla en la Ciudad de México y la divulgación de fotografías que muestran su cuerpo sin vida.

“En el caso de Puebla no queremos caer en sobrelegislar, en meter iniciativas únicamente porque los temas son mediáticos o de coyuntura, queremos ser muy responsables y lo que queremos hacer es respetar lo que ya existe. La ley es muy clara, cuando hay una investigación, la comisión de algún delito, las difusiones del material que haya en torno a la investigación no puede ser compartido, difundido y quien así lo hiciera estaría cayendo en una falta administrativa dentro de su labor, pero también estaría cayendo en un delito que ya lo marca la ley”

En la legislación local, el artículo 421 del Código Penal de Puebla establece que es un delito “dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en una averiguación previa, carpeta de investigación o en un proceso penal y que, por disposición de la Ley o resolución de la autoridad judicial, sea información clasificada como reservada o confidencial”.

Ese mismo artículo también establece la inhabilitación hasta por diez años de la función pública de los funcionarios que compartan este tipo de información.

Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, evitó señalar si la propuesta de Manzanilla Prieto cae en el “oportunismo político”, pues dijo que respetará la esfera de la legislación federal, ya que a ellos solo les corresponde analizar las leyes locales.

“Es una cuestión federal y nosotros nos encargamos de la parte local, creo que se tiene que legislar al respecto… Nosotros tenemos que trabajar en todo eso, yo hablo en la cuestión local y lo vamos a hacer”.

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