La aprobación de la Ley Monzón en el estado de Puebla es el primer paso para cuidar a los menores de edad en los casos donde el padre es señalado por el presunto feminicidio en contra de la madre, pero todavía quedan muchos pendientes, declaró Helena Monzón, quien a la par señaló que el Poder Judicial del Estado ha obstaculizado el caso de su hermana, Cecilia, quien fue asesinada en mayo del 2022.
La abogada lamentó que los diputados locales tengan que legislar en dicho tema, pero señaló que era un tema urgente porque en el país hay muchos menores de edad que deben quedarse con la familia de los violentadores de sus madres.
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“Es un texto que refleja la realidad que vivimos muchas personas y que en muchos casos desafortunadamente también viven otras personas del país (…) el estado ha sembrado lo que todavía puede crecer más, ya sea en otros estados o incrementarse. Cabe cuestionar la custodia de aquellos padres que son violentos, porque la violencia de género tiene consecuencias incluso sin llegar al extremo”, expresó en entrevista con los medios de comunicación.
No obstante, se pronunció a favor de que en los Congresos de otros estados se pueda replicar la ley en honor a su hermana y en lo que respecta a la entidad se pueda reforzar la normativa a fin de aplicarla con aquellos padres que tienen conductas violentadas por las secuelas que dejan en las víctimas.
Insistió en que su familia le dio el permiso a la diputada local del Partido del Trabajo (PT), Mónica Silva Ruiz, para que la ley que impulsó llevara el nombre de su hermana, Cecilia Monzón.
Pese a lo contenta que dijo sentirte por el aval de la ley en el pleno, dijo que el motivo de su visita a la ciudad de Puebla desde España no fue por la aprobación de la ley, sino para exigir a las autoridades avanzar con el caso de su hermana porque acusó que existen una serie de obstáculos por parte del Poder Judicial del Estado para avanzar con la indagatoria de Cecilia Monzón a casi un año de haberse cometido.
Acusó que el juez Juan Carlos Malpica ha re victimizado a su familia y puntualizó que la audiencia intermedia programada se suspendió bajo el argumento de que se tenía una gran carga de trabajo.
“Estábamos muy cerca de obtener una audiencia intermedia que quedó demorada a finales de marzo, que tuviera lugar el 27 de febrero, que en fecha 25 de febrero, día inhábil, se nos notificó que estaba suspendida por que el juzgado tenía una carga de trabajo (...) queremos sumarnos a esa acusación como victimas indirectas", expresó.
Además, dijo que el Poder Judicial no les ha dado respuesta sobre su escrito de coadyuvancia porque quieren sumarse al caso como víctimas indirectas e inclusive dijo que han puesto en duda si son parte de los afectados.
Ante ese panorama, lamentó la forma en la que ha actuado el Poder Judicial en el caso y dijo que acudió al Consejo de la Judicatura para nuevamente intentar darle velocidad a su caso.
“Me pone de los nervios tener que venir a este estado, este país, venir a exigir lo más básico que son nuestros derechos fundamentales (…) he venido del Consejo de la Judicatura para intentar obtener una respuesta”, dijo.
El 21 de mayo la abogada con nacionalidad española fue asesinada en San Pedro Cholula por dos hombres a bordo de una motocicleta mientras ella circulaba en su camioneta, hecho que conmocionó a nivel local, nacional e internacional porque el gobierno de España, condenó los hechos y exigió a la entidad entonces gobernada por Miguel Barbosa esclarecer su muerte.
Un mes después, la Fiscalía General determinó que hubo cuatro involucrados, entre ellos Javier López Zavala, su expareja y padre de su hijo, con quien enfrentaba una demanda por pensión alimenticia.
