Las niñas, niños y adolescentes en situación de abandono o violencia permanecen 2.9 años en los Centros de Asistencia Social (CAS) del estado de Puebla, el segundo de mayor lapso en el país, de acuerdo con el informe especial sobre la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El reporte indica que los centros sin servicio médico se ubican, por orden numérico descendente, en los estados de Chihuahua (4), Michoacán (3), Baja California y Puebla (2 cada uno), Coahuila, Durango, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, que reportaron un centro sin servicio médico cada uno.
El organismo recordó que el 31 de octubre de 2018 emitió la recomendación 18VG/2018 a la entonces Secretaría de Desarrollo Social, la SEP, DIF nacional, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a los gobernadores de 15 estados, incluyendo Puebla, por violaciones graves a los derechos de 536 personas, entre ellas niñas, niños y adolescentes.
Según el informe, Puebla cuenta con 23 centros o albergues para menores de edad, cinco son públicos y 18 son privados. En ellos se atiende a 329 niñas, niños y adolescentes, de estos 180 son mujeres y 149 son hombres.
En los registros enviados por los Sistemas Estatal DIF de Baja California, Coahuila, Colima, Estado de México, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tabasco, Zacatecas y el DIF nacional la CNDH identificó a 139 personas mayores de 18 años que residen en los CAS, lo que indica que en ellos hay convivencia entre adultos y menores de edad.
El SEDIF de Puebla expuso que quien se encarga de autorizar, certificar, registrar y supervisar los CAS, es la dirección general, dirección de Asistencia Jurídica y la dirección de Asistencia y Rehabilitación del sistema, sin distinguir atribuciones.
En cuanto a los delitos contra niñas, niños y adolescentes, la entidad poblana reportó tres quejas.
Mientras que los centros y albergues temporales dependientes de la FGE reportaron haber atendido a 53 niñas, niños y adolescentes indígenas y uno con discapacidad. Además, el reporte del organismo nacional indica que solo la Ciudad de México y Puebla cuentan con un Manual de Procedimientos u Operaciones.
