/ jueves 11 de mayo de 2023

Madres unidas por el feminicidio de sus hijas protestan en la Fiscalía ante irregularidades

La impunidas ha unido a estas tres mujeres que buscan justicia por el feminicidio de sus hijas

María Patricia Becerril, María Hernández e Ingrid Aguirre, son tres madres que no se conocían, pero el destino las unió por un trágico acontecimiento: el feminicidio de sus hijas. Todas son de diferentes entidades y enviaron a sus hijas a Puebla creyendo que en este lugar tendrían una mejor calidad de vida, en vez de eso, encontraron la muerte.

Un día después de celebrar el 10 de mayo, Día de las Madres, las mujeres se reunieron en un foro de nombre “Los impactos del feminicidio en las víctimas”, en donde todas coincidieron que Puebla, es un estado que les causa terror por las cifras de feminicidios y lamentaron que las cifras vayan al alza.

Las madres relataron que el primer obstáculo al que se enfrentaron fue a la revictimización por parte de las autoridades poblanas. Al ser de otros territorios, en un principio confiaron en la Fiscalía General del Estado (FGE) para llevar de manera correcta las investigaciones, se regresaron a su lugares de origen, pero cuando regresaron a Puebla, se encontraron con carpetas estancadas o pruebas perdidas.

Dejaron de tener fe en las autoridades poblanas, ya que no las han apoyado y las han revictimizado. Las tres iniciaron investigaciones por su propia cuenta y responsabilizan al Estado de los feminicidios. Por tal motivo y luego de concluir el foro, se dirigieron a la Fiscalía poblana para manifestarse por todas estas irregularidades.

María Hernández, la madre que envío a su hija a Puebla para tener educación de calidad

María Hernández es originaria de Veracruz y madre de Diana Celina, quien fue asesinada a los 25 años. Diana y sus amigos acudieron a un karaoke de la capital, después un hombre identificado como Sergio N la invitó a su domicilio, en donde presuntamente la mató y sus restos los fue a dejar a Guerrero.

Las fuentes oficiales determinaron que este hombre se suicidó luego del crimen, pero la señora María ha dudado muchas veces de esta teoría y ha pedido que investiguen si hubo cómplices. Por la desconfianza que le generan las autoridades, tuvo que hace una prueba de ADN independiente para saber si eran los restos de su hija. Hoy sigue investigando por su propia cuenta porque la FGE determinó el caso como finalizado.

A tres años del hecho, su familia sigue sin conocer la verdad de lo que le sucedió. Hay que mencionar que la investigación permaneció largo tiempo en la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas sin enviarla a la Fiscalía de Género. Además, la investigación está dividida entre Puebla y Guerrero sin que exista colaboración entre las instituciones de ambos estados.

Los padres de Diana reciben amenazas por seguir investigando el feminicidio de su hija y deben hacer cansados viajes para presionar a las autoridades de la Fiscalía de Puebla para que cumplan con los actos de investigación faltantes.

Zyanya, el caso que sigue catalogado como suicidio, no como feminicidio

María Patricia Becerril es otra madre que no ha encontrado justicia en Puebla. Su hija es Zyanya Estefanía Figueroa Becerril, una médico que fue encontrada muerta en su casa. Desde el inicio, las autoridades determinaron que había sido un suicidio, pero gracias a sus propias investigaciones, la familia cree que es un feminicidio.

Aunque fue una muerte violenta, las autoridades arrancaron la investigación como suicidio, no como feminicidio, transgrediendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual establece que “toda muerte violenta de mujeres, deber ser investigada como feminicidio”.

Pese a las indagatorias externas, las autoridades se han negado a cambiar el rumbo de la investigación y, por ello, María Patricia ha tenido que marchar en diferentes ocasiones para pedir justicia por “su niña”. Ellas son originarias de la Ciudad de México.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) ha dado apoyo a la familia y el año pasado pidió a la FGE un plan de investigación con perspectiva de género que un juez de control avaló en el 2021. Sin embargo, esto no ha ocurrido.

Ingrid se enfrenta a las omisiones de las autoridades y a un proceso tardío

Ingrid Aguirre es la madre de Ingrid Aremis, la ex estudiante de la BUAP que fue asesinada hace cuatro años en San Andrés Cholula. Su madre pide justicia, pues el pasado 15 de marzo, se canceló un juicio oral en contra del supuesto victimario, el argumento fue que el nuevo abogado del presunto feminicida no contaba con la carpeta ni con la información vertida en ella.

La madre de Ingrid compartió que Iker N, el presunto responsable, aún no tiene una condena porque su defensa ha interpuesto varios amparos. En suma, la pandemia entorpeció todo el caso, pues durante los primeros años de la contingencia no se pudo avanzar. También ha sido muy difícil trasladarse constantemente a Puebla, ya que ellos son originarios de Veracruz. Ha sido un desgaste económico y emocional.

FGE sigue sin investigar todas las muertes violentas de mujeres como feminicidios

María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), calificó a Puebla como un estado en alerta por los feminicidios y desapariciones de mujeres. Recordó que el año pasado se solicitó una segunda Alerta de Violencia de Género contras las mujeres (AVGM), pero esto no se ha concretado.

Asimismo, lamentó que el año pasado hayan sido asesinadas en Puebla 140 mujeres, pero sólo en 20 casos la investigación se inició como feminicidio. “Eso es preocupante porque no se está investigando (…) hay una ruta de impunidad que se viene incrementando y se están visibilizando las afectaciones que sufren las familias”, acotó.

Estrada indicó que los familiares de las mujeres víctimas de feminicidio sufren estragos emocionales, físicos y psicológicos cuando se enteran que sus hijas, hermanas o madres fueron asesinadas, pero pese a ello, no hay un departamento enfocado en la salud mental. “Hay siete estados que cuentan con un área especializada, pero Puebla no está ahí. No tuvimos respuesta de cual es el tipo de atención psicológica que están dando a las víctimas de violencia feminicida”, concluyó.

Una vez que finalizó el foro, los asistentes y las tres madres se dirigieron a la Fiscalía de Puebla para exigir justicia por las muertes de sus hijas y evidenciar toda la serie de irregularidades que han vivido durante estos años.

María Patricia Becerril, María Hernández e Ingrid Aguirre, son tres madres que no se conocían, pero el destino las unió por un trágico acontecimiento: el feminicidio de sus hijas. Todas son de diferentes entidades y enviaron a sus hijas a Puebla creyendo que en este lugar tendrían una mejor calidad de vida, en vez de eso, encontraron la muerte.

Un día después de celebrar el 10 de mayo, Día de las Madres, las mujeres se reunieron en un foro de nombre “Los impactos del feminicidio en las víctimas”, en donde todas coincidieron que Puebla, es un estado que les causa terror por las cifras de feminicidios y lamentaron que las cifras vayan al alza.

Las madres relataron que el primer obstáculo al que se enfrentaron fue a la revictimización por parte de las autoridades poblanas. Al ser de otros territorios, en un principio confiaron en la Fiscalía General del Estado (FGE) para llevar de manera correcta las investigaciones, se regresaron a su lugares de origen, pero cuando regresaron a Puebla, se encontraron con carpetas estancadas o pruebas perdidas.

Dejaron de tener fe en las autoridades poblanas, ya que no las han apoyado y las han revictimizado. Las tres iniciaron investigaciones por su propia cuenta y responsabilizan al Estado de los feminicidios. Por tal motivo y luego de concluir el foro, se dirigieron a la Fiscalía poblana para manifestarse por todas estas irregularidades.

María Hernández, la madre que envío a su hija a Puebla para tener educación de calidad

María Hernández es originaria de Veracruz y madre de Diana Celina, quien fue asesinada a los 25 años. Diana y sus amigos acudieron a un karaoke de la capital, después un hombre identificado como Sergio N la invitó a su domicilio, en donde presuntamente la mató y sus restos los fue a dejar a Guerrero.

Las fuentes oficiales determinaron que este hombre se suicidó luego del crimen, pero la señora María ha dudado muchas veces de esta teoría y ha pedido que investiguen si hubo cómplices. Por la desconfianza que le generan las autoridades, tuvo que hace una prueba de ADN independiente para saber si eran los restos de su hija. Hoy sigue investigando por su propia cuenta porque la FGE determinó el caso como finalizado.

A tres años del hecho, su familia sigue sin conocer la verdad de lo que le sucedió. Hay que mencionar que la investigación permaneció largo tiempo en la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas sin enviarla a la Fiscalía de Género. Además, la investigación está dividida entre Puebla y Guerrero sin que exista colaboración entre las instituciones de ambos estados.

Los padres de Diana reciben amenazas por seguir investigando el feminicidio de su hija y deben hacer cansados viajes para presionar a las autoridades de la Fiscalía de Puebla para que cumplan con los actos de investigación faltantes.

Zyanya, el caso que sigue catalogado como suicidio, no como feminicidio

María Patricia Becerril es otra madre que no ha encontrado justicia en Puebla. Su hija es Zyanya Estefanía Figueroa Becerril, una médico que fue encontrada muerta en su casa. Desde el inicio, las autoridades determinaron que había sido un suicidio, pero gracias a sus propias investigaciones, la familia cree que es un feminicidio.

Aunque fue una muerte violenta, las autoridades arrancaron la investigación como suicidio, no como feminicidio, transgrediendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual establece que “toda muerte violenta de mujeres, deber ser investigada como feminicidio”.

Pese a las indagatorias externas, las autoridades se han negado a cambiar el rumbo de la investigación y, por ello, María Patricia ha tenido que marchar en diferentes ocasiones para pedir justicia por “su niña”. Ellas son originarias de la Ciudad de México.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) ha dado apoyo a la familia y el año pasado pidió a la FGE un plan de investigación con perspectiva de género que un juez de control avaló en el 2021. Sin embargo, esto no ha ocurrido.

Ingrid se enfrenta a las omisiones de las autoridades y a un proceso tardío

Ingrid Aguirre es la madre de Ingrid Aremis, la ex estudiante de la BUAP que fue asesinada hace cuatro años en San Andrés Cholula. Su madre pide justicia, pues el pasado 15 de marzo, se canceló un juicio oral en contra del supuesto victimario, el argumento fue que el nuevo abogado del presunto feminicida no contaba con la carpeta ni con la información vertida en ella.

La madre de Ingrid compartió que Iker N, el presunto responsable, aún no tiene una condena porque su defensa ha interpuesto varios amparos. En suma, la pandemia entorpeció todo el caso, pues durante los primeros años de la contingencia no se pudo avanzar. También ha sido muy difícil trasladarse constantemente a Puebla, ya que ellos son originarios de Veracruz. Ha sido un desgaste económico y emocional.

FGE sigue sin investigar todas las muertes violentas de mujeres como feminicidios

María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), calificó a Puebla como un estado en alerta por los feminicidios y desapariciones de mujeres. Recordó que el año pasado se solicitó una segunda Alerta de Violencia de Género contras las mujeres (AVGM), pero esto no se ha concretado.

Asimismo, lamentó que el año pasado hayan sido asesinadas en Puebla 140 mujeres, pero sólo en 20 casos la investigación se inició como feminicidio. “Eso es preocupante porque no se está investigando (…) hay una ruta de impunidad que se viene incrementando y se están visibilizando las afectaciones que sufren las familias”, acotó.

Estrada indicó que los familiares de las mujeres víctimas de feminicidio sufren estragos emocionales, físicos y psicológicos cuando se enteran que sus hijas, hermanas o madres fueron asesinadas, pero pese a ello, no hay un departamento enfocado en la salud mental. “Hay siete estados que cuentan con un área especializada, pero Puebla no está ahí. No tuvimos respuesta de cual es el tipo de atención psicológica que están dando a las víctimas de violencia feminicida”, concluyó.

Una vez que finalizó el foro, los asistentes y las tres madres se dirigieron a la Fiscalía de Puebla para exigir justicia por las muertes de sus hijas y evidenciar toda la serie de irregularidades que han vivido durante estos años.

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