El 3 de noviembre de 2020 el Congreso de Puebla aprobó una serie de reformas al Código Civil que garantizan el derecho al matrimonio y concubinato entre personas del mismo sexo. A tres años de distancia se puede afirmar que este logro representó un paso significativo en el reconocimiento de los derechos de la población de la diversidad sexual, no obstante, aún se percibe lejano garantizar plenamente este beneficio debido a diversos factores que provocan que el acceso al matrimonio no sea una realidad.
La relegación social hacia la población LGBTTIQ+, la escasa difusión sobre el hecho de que el matrimonio igualitario es ya una realidad, junto con la nula capacitación a los servidores públicos involucrados en brindar este servicio, así como la falta de actualización a la Ley para Prevenir la Discriminación, conllevan a que la normativa se entorpezca al pasarla a la práctica, a la vida real, coinciden activistas.
Desde su legislación y hasta el cierre de 2022, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía contabilizó 304 matrimonios entre personas del mismo sexo en territorio estatal. De ellos, 128 correspondieron a parejas contrayentes de hombres y 176 a parejas mujeres, según el dato de acceso público más reciente.
Respecto a los registros de divorcios, el Instituto compartió que en el periodo previamente mencionado la cifra fue de apenas nueve casos, cinco a parejas de hombres y cuatro a mujeres.
Falta perspectiva de derechos humanos
La fundadora de la Asociación para la Protección de la Pluralidad Sexual y Derechos Humanos (APPS), María José Flores Serrano, asegura en entrevista que el trato que otorgan los servidores públicos, desde quienes tienen el primer contacto con los contrayentes, revela una falta de capacitación en temas de sensibilización, trato con perspectiva de género y de diversidad sexual.
Detalla que las violencias y estigmas en contra de la población LGBTQ+ no sólo se replican en contextos familiares, sino que también se presentan en los espacios públicos. Dichas formas de agresión se encuentran principalmente en burlas que ocurren desde el momento que solicitan información y hasta que logran contraer matrimonio.
Explica que a aquellas personas que tienen conocimiento de la legislación y optan por contraer matrimonio, muchas veces les espera un calvario, se encuentran con actitudes discriminatorias y violentas por parte del personal que, motivado por prejuicios, retrasa los procedimientos administrativos, solicita un pago de derechos más alto a lo estipulado o se burla de su aspecto u orientación sexual, por lo que el proceso se convierte en una experiencia de tortura psicológica.
La especialista agrega que los procedimientos administrativos suelen retrasarse, en ocasiones porque los propios trabajadores desconocen la legislación en la materia, situación que sucede con mayor frecuencia en municipios fuera de Puebla capital, pues no llega información sobre este derecho.
“No hay una clase de socialización con respecto a la legislación del matrimonio igualitario que llegue a las lejanías. En la capital (del estado) se sabe, pero en los municipios más alejados hay [personas] LGBT+ que no están enteradas de que se pueden casar y mucho menos [están informados] los servidores públicos”, advierte.
Aunado a ello, la responsable del Observatorio con los Ojos Abiertos: Por Derecho de la Verdad, de la Universidad Iberoamericana Puebla, Shanik Amira David George, resalta que a pesar de que se avanzó en el reconocimiento de un derecho humano, aún quedan pendientes por atender otras demandas sociales, como la discriminación.
Detalla que a nivel estatal no existe un registro oficial sobre agresiones contra los integrantes de esta población, lo que dificulta tener un panorama claro de las necesidades en la materia y por ende emprender acciones para erradicarlas.
Pendiente reformar legislación sobre discriminación
Los actos de discriminación se recrudecen para las personas portadoras del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), ya que el presidente del Consejo Directivo de No Dejarse es Incluirse, Onán Vázquez Chávez, resalta que el matrimonio se les niega cuando en los exámenes prenupciales se exhibe que poseen VIH o algún trastorno genético que se transmite por los progenitores a través del ADN, de generación en generación.
Esto sucede a pesar de que este año se reformó el artículo 299 del Código Civil de Puebla para que personas con enfermedades crónicas, contagiosas y hereditarias puedan contraer matrimonio, siempre y cuando manifiesten por escrito que conocen del padecimiento y lo aceptan.
Vázquez Chávez hace hincapié en que, a pesar de que se avanza en legislar a favor de los derechos de la población de la diversidad sexual, los actos de discriminación, homofobia y exclusión hacia ellos dificultan la ejecución real de estas garantías.
Al respecto, expone que para atender y sancionar estos actos de discriminación se debe promulgar una nueva Ley para Prevenir la Discriminación, ya que la que actualmente rige en el estado no se ha actualizado en los últimos diez años y tampoco se aplica.
Onán Vazquez fija que la legislación dicta la creación de un Comité Estatal que se encargue de analizar e investigar los posibles casos de discriminación en entornos públicos y privados, pero no se ha instalado, por lo tanto deja desprotegida a la población.
“Después de 10 años de que se promulgó esa ley, hasta la fecha no se ha convocado a la integración del comité (…) Cuando ocurren actos de discriminación no podemos echar mano de la ley porque es inservible”, precisa.
Aunado a esto, comenta que dichas personas no tienen la posibilidad de denunciar estas actitudes, pues la ley dicta que para conocer sobre ello el comité debe evaluar y determinar si fue o no un acto de discriminación. Es decir que al no contar con esta agrupación, no se puede determinar si son o no actos de relegación.
La activista y presidenta del grupo transgénero en Puebla, Gabriela Chumacero Rodríguez, se suma al llamado de reformar la ley sobre discriminación y argumenta que las desigualdades juegan un papel determinante para que la legislación pase a la práctica y se convierta en una realidad.
Rememora que en la entidad se tienen contabilizados 112 incidentes de violencia y discriminación cometidos hacia las personas de la diversidad sexual, durante el periodo de enero 2017 a octubre 2023, en espacio público, privado y ciberespacio, por lo que ocupa el quinto lugar a nivel nacional con mayor registro de agresiones, de acuerdo con datos recabados por la asociación civil AMICUS, exhibos en la plataforma Visible.
Comenta que desde el colectivo han asesorado a parejas de la diversidad, principalmente originarios de municipios alejados de la capital, toda vez que los jueces desconocen la normativa y les niegan este derecho. Incluso, han optado por trasladar a las parejas al municipio de Puebla para garantizar su derecho, aunque corren el riesgo de ser víctimas de burlas o señalamientos.
“Tenemos que buscar moverlos a la capital para que puedan casarse porque en sus municipios se les niega o se burlan de ellos, porque son comunidades con ideologías pasadas y si es difícil reconocer su orientación sexual, es peor cuando se quieren casar, entonces a veces es más fácil casarse aquí”, platica.
Urge legislación y capacitación
Una de las acciones que proponen los activistas es la capacitación y sensibilización a las y los servidores públicos con la finalidad de brindar un trato digno a las personas de la diversidad sexual que decidan contraer matrimonio.
Por ejemplo, la académica Shanik Amira sostiene que se debe priorizar la sensibilización a funcionarios públicos para lograr que empaticen con el otro, pues considera que si se limita a capacitación mediante cursos, no se profundiza ni socializa el tema, lo cual provoca que se sigan reproduciendo actos discriminatorios.
Además, considera que también se debe impulsar un trabajo de sensibilización desde los planteles educativos, así como dentro del hogar, en donde las nuevas generaciones de ciudadanos son un factor fundamental para ayudar en el cambio de conciencia.
“No hay una varita mágica que pueda erradicar de la noche a la mañana esta discriminación, esta estigmatización del matrimonio de personas del mismo sexo. Es una cuestión que va a tomar mucho tiempo, pero no por eso tenemos que tirar la toalla y no hacer nada”, afirma.
Por su parte, Onán Vázquez propone reformar o incluso derogar la normativa en materia de discriminación con la finalidad de que se establezcan sanciones, ya sea administrativas o económicas, además de que se ponga en marcha la creación del comité estatal con recursos económicos, integrado por sociedad civil y que garantice la protección a las víctimas.
Aunque reconoce que se está lejos de erradicar la discriminación en la entidad, se deben emprender acciones rumbo a ello.
Finalmente, María José Flores pide a las autoridades no cometer simulaciones, pues señala que aunque los y las legisladoras celebran las acciones en favor de la población LGBTIQ, no son suficientes ya que siguen existiendo crímenes de odio sin resolver y autoridades revictimizando.
