El estado de Puebla conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Trans con una deuda pendiente a los infantes que no se identifican con su sexo asignado al nacer, pues la falta de una legislación en la materia vulnera los derechos de menores de edad y adolescentes con una identidad de género autopercibida distinta a la asentada a su nacimiento en el registro civil.
De acuerdo con activistas y personas transgénero del estado, no contar con una identificación que refleje la expresión de género de una persona implica ser sometida a repetidos cuestionamientos sobre su identidad, además de suponer problemas para insertarse en el ámbito escolar o acceder a servicios de salud acorde a sus necesidades.
Además de representar obstáculos en su vida cotidiana, la falta de documentos de identidad oficiales condena a las personas trans a la inexistencia jurídica. Esto se suma a las violencias y situaciones de discriminación que ya sufre esta comunidad desde edades muy tempranas.
Aunque los derechos humanos dictan que las personas son libres de elegir quiénes son y cómo quieren presentarse frente al resto de la población, para la infancia trans en la entidad poblana esto no puede materializarse, toda vez que los menores están obligados a cumplir la mayoría de edad para ser reconocidos legalmente con su identidad de género elegido.
Una iniciativa a favor y una sentencia de la SCJN sin acatar
Obstaculizar el derecho a ser reconocidos legalmente se traduce en un acto de discriminación y desacato a la sentencia que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que en la legislación en la materia se elimine el requisito de tener más de 18 años.
Actualmente, desde marzo del año pasado, la diputada petista Mónica Silva Ruiz presentó una iniciativa ante el Congreso de Puebla para que la infancia trans tenga derecho a cambiar de nombre, de forma gratuita, cuando así lo decidan quienes estén en esas características de edad.
Aunque el Poder Legislativo está conformado en su mayoría por diputados del partido Morena, que se define como un partido de izquierda y defensor de los derechos de las personas históricamente vulnerados, no se ha aprovechado el peso de sus legisladores para abordar el tema.
En entrevista para El Sol de Puebla, Estefanía Rodríguez Sandoval, exdiputada local de la bancada de Morena y quien impulsó un conjunto de reformas al Código Civil –mejor conocidas como “Ley Agnes”—, habló sobre la actual iniciativa.
Detalló que se busca incluir que la decisión de la persona esté basada en el consentimiento libre e informado.
En caso de que los tutores o quien tenga la patria potestad se manifieste en oposición, la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla asumirá la representación para acompañar al menor.
Sobre el segundo tema recordó que, en marzo del 2022, la SCJN emitió un dictamen para que en la legislación de identidad de género en Puebla se elimine el requisito de tener más de 18 años para hacer un cambio.
No obstante, hasta la fecha, el Congreso local no ha atendido el dictamen que le ordenó, mismo que venció el 15 de marzo de este año, por lo que menores de edad no pueden realizar el cambio de nombre y género elegido en documentos oficiales.
De acuerdo con la también politóloga Estefanía Rodríguez, no existe una sanción por parte de la Suprema Corte hacia las y los diputados locales al no acatar la sentencia en la materia. “No hay ninguna sanción, pasaría lo mismo que con el matrimonio igualitario en Puebla, es decir, atendieron el tema después de que venció el plazo de la Suprema Corte. Esperemos que el desacato le mueva al Congreso del estado y lo cumplan, pero no hay ninguna sanción”.
El argumento de la Suprema Corte se basa en que restringir el acceso a este derecho únicamente a personas mayores de edad es discriminatorio y atenta contra el libre desarrollo de la personalidad.
“Es lamentable que no estén tomando en cuenta el precepto que dictó la Suprema Corte de Justicia y que no lo están tomando como un tema obligatorio, cosa que lo es, a estas alturas el Congreso está en desacato de lo que dictó”, comentó.
En el país, únicamente la Ciudad de México, Jalisco y Oaxaca emiten este procedimiento para menores de 18 años.
Aníbal de la Vega, representante del colectivo Trans*versales, habló sobre la importancia de tener documentos legales desde temprana edad, ya que esto mejora las condiciones para tener una vida libre de violencia.
El hombre de 24 años hizo una remembranza de su proceso de transición.
“Yo siempre he hablado de mí en masculino, para mis adentros, y yo no sabía por qué, conforme fue pasando el tiempo se añadieron otras experiencias como cuando descubrí que me gustaban las mujeres, eso fue muy determinante porque empecé a sentir que yo no era ni quería ser la otra mujer de la relación, no sentía que tuviera sentido para mí”.
Conforme el tiempo pasó, Aníbal conoció a una mujer trans con quien pudo reflejar sus vivencias para poder darle un nombre a lo que estaba viviendo. En el ámbito familiar, explicó que, al inicio de su transición social, sus padres comenzaron un proceso de aceptación mediante la reconstrucción de la imagen que tenía de su persona y de quién era.
De la Vega explicó que en un principio sus padres hablaron con un especialista en salud mental para informarse sobre la identidad de género y manifestó que, actualmente, cuenta con su respaldo. “Fue complicado entender, pero no se han cerrado a la experiencia y han ido empatizando con la vivencia”, abundó.
Tras la legislación y puesta en marcha de la Ley Agnes, Aníbal logró emitir su reconocimiento legal con el nombre y género elegido, pero reconoció que es un proceso abrumador y costoso ya que el personal del registro civil no está capacitado y deben pagar más de 500 pesos entre el cambio de documento, copias, entre otros papeles.
Consideró que no otorgarle el reconocimiento a la infancia trans es un acto de discriminación que se expresa en el ámbito público y privado, pues se les excluye e invisibiliza.
“La identidad es un derecho humano y por eso no tendría que existir mayor argumentación al respecto. Para una infancia trans puede ser una gran medida de protección y les da certeza jurídica de que su identidad esté contemplada en los documentos legales”, precisó.
Detalló que la escuela, vista como el segundo lugar en importancia para el desarrollo pleno de infantes y adolescentes, también es un espacio en donde se pueden replicar actos de discriminación.
“La infancia y la adolescencia trans tienen un alto índice de deserción escolar, una de estas razones es que, cuando tienen un cambio en su apariencia, las autoridades pueden ver una cosa en los papeles y otra en persona por lo que se pueden dar actos de discriminación”, dijo.
Expuso que las autoridades, docentes, administrativos y personal del centro educativo no respetan el nombre y género al que se auto adscribe la niña o niño trans ya que no está señalado en su documentación actual oficial.
Esto lleva a que toda la documentación, boletas escolares, exámenes, etc. También se utilice el nombre seleccionado en el registro civil, sin la posibilidad de modificarlo.
Ante este panorama, dejó claro que tener un documento legal le otorga el derecho a la privacidad. “Tenemos derecho a decidir a quién o no revelamos que somos personas trans. Tenemos derecho a cosas tan esenciales como ir a un baño, no puedes hacerlo porque tu papel dice que no eres mujer u hombre, es vital para todas las personas (tener el documento) y para las infancias puede ser una gran medida de protección”.
Romina Rosales, mujer y activista trans, coincidió con que poseer una identificación legal que concuerde con la imagen e identidad da validez a lo que realmente es una persona y garantiza el acceso a todos los derechos, como servicios de salud acorde a las necesidades y educación.
“Las instituciones al reconocer tu documento muy pocas veces ponen alguna objeción para reconocer tu identidad porque están obligados a reconocer el documento. Dejar el discurso de odio contra las infancias trans suma a nuestras vidas, porque lo único que queremos es tener una vida como todos los demás, una vida libre de discriminación”, comentó.
La activista confesó que, durante su proceso de transición, realizada a los 25 años, fue víctima de discriminación en el ámbito social y laboral. En el segundo caso contó que en una empresa donde ya la habían contratado buscaron pretextos para despedirla, mientras que en una escuela donde daba clases le prohibieron hablarles a los alumnos de “su situación”.
Aunque los entrevistados no dieron más detalle sobre los actos de discriminación a los que se enfrentan en el sector salud, la Asociación por las Infancias Transgénero, que tiene representación en distintos estados incluyendo Puebla, expone que en ocasiones el personal médico realiza cuestionamientos sobre su apariencia y su documentación que no coinciden, así como sugerirles orientación psicológica sin que esta sea parte de las causas para acudir al servicio de salud.
Infantes sin madurez para tomar decisiones, dice la oposición
Fabiola Tepox, titular del Frente Nacional por la Familia local, expuso que los infantes no “tienen madurez para tomar decisiones sobre cambios irreversibles sobre su físico”, pese a que el dictamen de la Suprema Corte únicamente habla sobre el reconocimiento en documentos.
Insistió en el argumento sobre los presuntos riesgos de las transiciones en menores de edad y llamó a la SCJN a investigar sobre el peligro de “promocionar y obligar a los jóvenes y niños que están confundidos en su sexualidad se sometan a estos tratamientos hormonales”.
“No sólo es cambiar el sexo en el papel, es ir dando pasos para llegar a la hormonización y la terapia cruzada. Hay cosas más importantes que estar legislando que el papel dice o no dice si es niña o niño”, agregó.
Ante este tipo de declaraciones, Romina Rosales, Estefanía Rodríguez y Aníbal de la Vega coincidieron, en entrevistas por separado, que está basado en el desconocimiento, ya que lo que se dice no ocurre en el país, toda vez que la transición es para mayores de edad, además de que está penalizado mediante las terapias de conversión.
Sobre la iniciativa presentada por la legisladora panista Mónica Rodríguez Della Vecchia que pretende adicionar un artículo al Código Penal para sancionar a quien “condicione, presione u obligue a una niña, niño o adolescente a cambiar o modificar, por medio de cualquier mecanismo de carácter externo, terapéutico o similar, su identidad sexual, en contraposición a su identidad biológica”, Tepox avaló la propuesta y consideró que protege a los infantes.
“¿Quién puede estar en contra de que se proteja a un menor? Lo que propone Mónica Rodríguez, que nosotros apoyamos totalmente, es proteger a las personas de los abusos que los obliguen y fuercen a cambiar su identidad sexual”, consideró.
