El rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, Mario Patrón Sánchez, aseguró que la iniciativa propuesta por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, de interponer sanciones de hasta siete años de prisión a los alcaldes que permitan la contratación de policías sin exámenes de control y de confianza, es una medida necesaria, pero enfatizó que el andamiaje jurídico para fortalecer las instituciones civiles es precario todavía.
En entrevista con El Sol de Puebla, Patrón Sánchez reconoció que la proposición legislativa hecha por el Ejecutivo local ante el Congreso del estado blindará la fiabilidad de las corporaciones de seguridad pública municipales, sin embargo, apuntó que ello no es suficiente, pues el panorama que viven las instituciones de fuerza civil de ese orden gubernamental es poco certero, especialmente después de que la responsabilidad de proteger a la ciudadanía recayó en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Un efecto nocivo de la militarización de la seguridad es que ponen el peso político de tener resultados de no violencia al Ejército y los trasladan al gobierno federal, y eso genera un desincentivo político tanto en gobiernos estatales como municipales”, señaló.
Desde su perspectiva, las deficiencias de las corporaciones civiles tienen mucho que ver con la poca atención que les da la legislación federal y, en su lugar, se prioriza a las instituciones militares. Esto provoca, a su vez, que los incentivos para que las autoridades municipales sean más rigurosas en la contratación de su personal sean mínimos.
“Otro efecto nocivo de la militarización es que se desincentiva la transformación democrática de las instituciones civiles, entonces, en consecuencia suceden estos hechos, en donde tenemos procesos regionales poco cuidados y, sobre todo, en clave democrática no hay procesos de transformación y de rendición de cuentas de los cuerpos policiacos de carácter local”, precisó.
Por lo tanto, reformas como las planteadas por Barbosa Huerta tienen ánimos de robustecer esas instituciones, empero, es necesario que haya una propuesta integral y que no se focalice sólo en lo reactivo, sino también en lo preventivo. Una posible vía, detalló el líder universitario, debe ser el aumento de presupuesto para garantizar la capacitación de los gendarmes.
“Hay que hacer una política integral para reforzar las sanciones, pues sí, pero lo que habría que hacer es un análisis todavía más complejo sobre cuáles serían los ingredientes posibilitadores para reformar y transformar nuestros policías (…) tendría que ser una política integral que pase por tres vértices fundamentales, andamiaje normativo, jurídico y presupuesto, tendrían que ser los tres pisos”, destacó.
De hecho, señaló que las asignaciones presupuestarias del gobierno federal para el mejoramiento de las corporaciones no han dado los resultados esperados, por lo que hizo hincapié en que se requiere mayor capital, pero también más vigilancia para transparentar su ejecución.
“Es fundamental (la capacitación de gendarmes) pero a veces se va mucho en el supuesto incentivo a la capacitación y siempre es insuficiente, pero claro que hay que formarlos, pero no solamente eso”, acotó.
Así, Patrón Sánchez reiteró que acciones como la prolongación del Ejército en las calles, que fue aprobada recientemente en la mayoría de estados del país, incluido Puebla, sólo entorpecen el cometido de garantizar instituciones civiles más sólidas.
“Fortalecer las instituciones civiles tiene que ser el camino para la nación. México no ha logrado establecer un proceso de pacificación sostenible, llevamos 16 años apostando a las fuerzas armadas para que pacifiquen el país y no ha sucedido, entonces, eso no va a suceder en tanto no logremos montar una política integral de Estado que nos permita pacificar a México”, remató.
Por último, no hay que olvidar que la iniciativa hecha por el Ejecutivo poblano busca castigar a los presidentes municipales que contraten, o bien, que sean omisos ante la permanencia de elementos sin el Certificado Único Policial (CUP) en sus respectivos ayuntamientos. Esta sanción aplicaría también para los individuos que acepten el cargo aun sin contar con esta acreditación.
En la sesión ordinaria de ayer, diputados de la LXI Legislatura estatal recibieron la propuesta y el Pleno la turnó a las comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia, y de Asuntos Municipales para su análisis y eventual votación.
