La Dirección General de Promoción al Derecho Educativo del Gobierno del Estado, también se negó a pagarle a los trabajadores administrativos que apoyaron en el reparto de libros de texto gratuito, incluso les pidió que exigieran su pago a la persona que requirió sus servicios, porque la Secretaría de Educación considera improcedentes sus reclamos.
Fue el 13 de noviembre que El Sol de Puebla dio a conocer que personal administrativo que laboró en la Coordinación Estatal de Libros de Texto Gratuito estaban realizando acciones que no estaban dentro de sus funciones, como armar paquetes de copias ante la faltante de libros de texto gratuito, y tuvieron que descargar trailers con materiales educativos.
Por estas actividades, las autoridades les adeudan un aproximado de 308 mil 594 pesos, pero no quieren pagarles, pues argumentan que nunca se signó un convenio donde se estipulara una extensión de pago por horas y trabajo extra.
Para el 14 de noviembre, la Secretaría de Educación confirmó a este medio que no les iban a apagar, ya que cuando llegó la nueva administración estatal (primero de agosto) no se firmó un convenio que indicara una extensión de pago por labores extraordinarias.
Por todo lo anterior, los afectados acudieron a la Dirección General de Promoción al Derecho Educativo, pero su titular, Deisy Nohemí Anderica Ochoa, nuevamente les mencionó que no existe un documento que acredite la contratación de ninguna de las partes solicitantes, por lo que es improcedente atenderlos. Incluso en una contestación del oficio, la funcionaria pública les respondió que “el pago solicitado deberán exigirlo a la persona física o moral que requirió sus servicios”.
Los trabajadores consideran que es una injusticia que no les quieran pagar, ya que laboraron en altas horas de la noche y hasta en días de descanso; inclusive hubo ocasiones que no salieron a comer porque tenían que descargar los camiones de libros.
Este medio cuenta con fotografías de las actividades que los inconformes tuvieron que realizar y aunque se les puede ver utilizando fajas de seguridad para carga, los afectados insisten que ellos no tenían porque realizar esas actividades, y hasta pudieron haber arriesgado su salud.
