La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó observaciones al gobierno de Puebla por 392 millones 476 mil pesos que no pudo aclarar por el Ejercicio Fiscal 2022, correspondiente al último año de gestión del exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.
De acuerdo con la Segunda Entrega de la Cuenta Pública 2022, la ASF realizó 22 auditorías al gobierno estatal por un monto de 30 mil 91 millones 430 mil pesos que arrojó 306 resultados, divididos en 117 sin irregularidades, 112 solventados durante la auditoría y 17 con acciones por observaciones.
En este proceso, el monto observado originalmente fue de 400 millones 910 mil pesos, sin embargo, el gobierno de Barbosa Huerta logró justificar el uso de 8 millones 433 mil pesos solamente.
La mayor parte de los recursos que quedaron sin aclarar corresponden al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, pues de esa bolsa quedaron pendientes por explicar 371 millones 379 mil pesos, de los cuales, la mayor parte fueron por pagar “proyectos ejecutivos” a precio alzado sin cumplir con los lineamientos establecidos para el uso de ese fondo.
“En cuanto al cumplimiento normativo aplicable a los recursos del fondo, el Gobierno del estado de Puebla incurrió en inobservancias… ya que se observó que pagó 361.3 miles de pesos por conceptos denominados “Proyectos ejecutivos” en los proyectos integrales a precio alzado, sin que éstos correspondan a ninguno de los rubros establecidos en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, ni se contó con la validación correspondiente de los proyectos ejecutivos antes de la realización del procedimiento de adjudicación”, indica el dictamen.
No obstante, el mismo documento establece como conclusión que “el Gobierno del Estado de Puebla realizó una gestión transparente y razonable de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, excepto por las áreas de oportunidad señaladas en este informe para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos”.
Detectan plazas irregulares en COBAEP y tecnológico de Izúcar
El resto de los recursos observados corresponden a la detección de plazas irregulares en el Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (COBAEP) y la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros por 18.2 millones y 2.8 millones, respectivamente.
“En el ejercicio de los recursos, el Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla infringió la normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por pagar a 4 trabajadores en 2 puestos adicionales a las plazas autorizadas; además, por pagar a 441 trabajadores en 2 puestos, de los cuales se identificaron percepciones por horas adicionales y horas mensuales presupuestadas, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 18,219.7 miles de pesos”.
Estas observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
En el caso de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, el organismo federal de fiscalización determinó que “infringió la normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por pagar sueldos en 4 plazas adicionales a las autorizadas en 2 categorías y por pagar 37 plazas no autorizadas en 3 categorías, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,877.9 miles de pesos, que representó el 10.5% de la muestra auditada”.
