El movimiento estudiantil de protesta que surgió hace dos años, a partir del asesinato de tres estudiantes de la carrera de Medicina y un conductor de la plataforma Uber, en el marco de la celebración del carnaval de Huejotzingo, está prácticamente olvidado.
En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) ha quedado disuelto, mientras que en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) subsiste un comité que, asegura, podría resurgir “la chispa” que encendió aquella inesperada expresión social. Desde la Universidad Iberoamericana advierten los riesgos latentes: “que se resuelva la inseguridad antes de que otra cosa pase”.
Hoy los líderes que en su momento organizaron la mega marcha estudiantil del 5 de marzo de 2020, en la que participaron 150 mil jóvenes, son egresados o están por serlo y consideran que las nuevas generaciones de estudiantes serán las responsables de definir si reavivan la lucha.
Aunque la instalación de una Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Contra Universitarios, que era una de las principales propuestas del movimiento social, ya no se concretó, sus líderes afirman que sí se consiguieron otras acciones para mejorar la seguridad y su funcionalidad será palpable con el reinicio de las clases presenciales, lo que ha empezado a ocurrir de manera pausada.
Desde el inicio, el movimiento que surgió en la BUAP se dividió en dos grupos y uno de ellos dejó de participar. El otro tomó el nombre de “Asamblea Universitaria 25/02”, que posteriormente dio paso al “Consejo Estudiantil Interuniversitario”, en el que se incluyeron representantes de la UPAEP, el Instituto Tecnológico de Monterrey, la Universidad Anáhuac y otras instituciones de educación superior pertenecientes al Consejo Universitario, como la UDLAP, la Ibero y la Universidad Madero.
Este consejo también terminó por disolverse hace unos meses, junto con la asamblea universitaria. No obstante, en la UPAEP al menos 12 jóvenes mantienen activo el Comité de Acción Estudiantil Poblano. Son los únicos que quedan con la intención de generar conciencia entre la comunidad para mejorar las condiciones de seguridad que imperan en su entorno.
EL MULTIHOMICIDIO COMO DETONANTE
Todo comenzó el 24 de febrero de 2020, cuando se dio a conocer que tres de cuatro cuerpos hallados en un paraje de Huejotzingo eran de estudiantes de Medicina que habían acudido al carnaval de aquel municipio un día antes y que no lograron regresar con vida a pesar de que, para su seguridad, habían pedido el servicio de Uber.
Las víctimas se llamaban Francisco Javier Tirado, de 22 años, originario de Veracruz y quien se encontraba realizando su servicio como estudiante de medicina en la BUAP, así como Ximena Quijano y Antonio Parada, de 22 y 25 años, respectivamente, quienes estaban matriculados en la UPAEP y eran alumnos de intercambio, originarios de Colombia. Junto con ellos pereció Josué, el conductor del Uber en el que viajaban, que también fue asesinado.
“Vimos a Kevin González, un amigo de Javier, que llevó una bata de Medicina y llorando se puso a exigir justicia frente a la facultad. La verdad nos identificamos con él porque conocimos al compañero y sentimos esa impotencia de que lo habían matado. Entonces nos unimos y empezamos a manifestarnos”, recordó Javier Morán García, de la BUAP, quien para ese momento estaba en proceso de realizar su servicio social.
“Yo sentí que era algo que me afectaba, que también me podía pasar porque en ese momento estaba en proceso de hacer el servicio y sabía que la inseguridad era un problema para quienes estábamos en esa etapa”, agregó en entrevista para EL SOL DE PUEBLA.
Compartió que, aunque la protesta surgió en la Facultad de Medicina, con un grupo de alumnos que llevaron veladoras, flores y pancartas para exigir justicia por la muerte de los tres jóvenes, otras unidades académicas se fueron sumando y fue así que el 25 de febrero ocurrió la primera manifestación en Casa Aguayo, justo en el marco del martes ciudadano que en ese entonces realizaba el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
“En una de las protestas yo le dije al gobernador que dejara de culpar a los gobiernos pasados por el problema de la inseguridad. Después me pidieron que participara en las mesas de trabajo que se hicieron y fue ahí donde propuse la fiscalía especializada para universitarios”, narró.
El hoy egresado de la BUAP compartió que tras esa mesa de trabajo ocurrieron otras que estuvieron encabezadas por el Fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, en las que se establecieron las bases para echar a andar la nueva fiscalía e incluso se consiguió el edificio que la alojaría.
“Vimos dónde serían las oficinas y se dijo que había disposición de ponerla a funcionar, pero para entonces ya se había creado la asamblea universitaria y no nos habían incluido en ella, entonces los compañeros que siguieron acudiendo a las reuniones con el gobierno decidieron que no era viable concretarla”, abundó.
Javier mencionó que la efervescencia de aquel momento aceleró la colaboración con la FGE al grado de que el titular tomó en cuenta al menos 100 denuncias que recabó el grupo de alumnos de la facultad de Medicina sobre los asaltos cometidos en inmediaciones de Ciudad Universitaria. Se identificó al responsable y se pretendían implementar operativos para detenerlo.
“Le dijimos al fiscal en dónde nos estaban asaltando y se comprometió a hacer un operativo especial para detener al sujeto, pero después se dividió el movimiento, vino la pandemia y todo quedó ahí”, lamentó.
LOGROS Y DISOLUCIÓN EN LA BUAP
Los vectores de proximidad, el programa campus 100 por ciento seguro y la construcción de la plaza de la salud, frente a la facultad de medicina de la BUAP fueron los principales logros de la asamblea universitaria 25/02, obtenidos a partir de la colaboración con el ayuntamiento, entonces encabezado por Claudia Rivera Vivanco.
Así lo expresó, Pablo Portals, quien dirigía dicho movimiento hasta hace siete meses, cuando finalmente se disolvió al considerar que ya no había posibilidad de seguir luchando por la seguridad de los universitarios debido al cambio de autoridades y a la conclusión de los estudios de quienes enarbolaban la causa.
El estudiante de Derecho narró que cuando las diferentes facultades de la BUAP vieron la protesta que ocurría en Medicina no dudaron en apoyar la marcha que se realizó a Casa Aguayo el 25 de febrero, sin embargo, se requería mayor organización para la dimensión que estaba tomando el movimiento.
“Cuando fuimos a la primera manifestación vimos que faltaba organizarnos. Entonces decidimos integrar la asamblea con representantes de todas las facultades y le pusimos 25/02, no solo porque fue la fecha en que surgió, sino porque desde el inicio decidimos que iba a ser temporal, solo para cumplir el objetivo de mejorar la seguridad”, recordó.
Pablo señaló que desde esta organización fue posible generar la megamarcha del 5 de marzo, en la que participaron miles de universitarios y más de 30 casas de estudios de la entidad, a la que se sumó el respaldo de diversas instituciones de otros estados del país, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
El universitario dijo que el inicio de la pandemia de la Covid-19 finalmente terminó por interrumpir las mesas de trabajo con el gobierno estatal. Para ese momento ya se había decidido que no era factible poner en funcionamiento una nueva fiscalía para atender delitos contra estudiantes de nivel superior:
“Nos asesoramos y revisamos la incidencia delictiva, encontramos que la mayoría de los asaltos o delitos contra estudiantes afectaban a los estudiantes de preparatoria. Entonces quisimos evitar que se gastaran recursos en algo que no iba a ser tan útil, porque iba a dejar fuera a los más perjudicados”.
No obstante, señaló que la colaboración con el gobierno municipal siguió y esto permitió que la voz de los estudiantes de la BUAP se incluyera para la construcción de varios proyectos:
“Nosotros apoyamos el diseño de los vectores de seguridad, hicimos encuestas con los compañeros para saber dónde había más problemas de asaltos y dimos la información a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. También nos incluyeron en el programa de campus 100 por ciento seguro y cuando se tomó la decisión de volver peatonal la calle que está frente a Medicina, que hoy es la Plaza de la Salud”.
Añadió que la BUAP hizo lo propio y atendió la solicitud de instalar más luminarias en determinados puntos de Ciudad Universitaria, aunque en este último caso el beneficio será visible hasta ahora que ha iniciado el retorno a las clases presenciales.
Pablo insistió en que, desde su origen, la asamblea universitaria y el Consejo Estudiantil Interuniversitario debían conservar sus propósitos de inicio, así que para evitar que a futuro pudiera desvirtuarse se optó por disolverlo hace siete meses.
“Vimos que se iba a dar el cambio de rector, también cambiaría el gobierno municipal y finalmente varios integrantes estaban por egresar, entonces no podíamos seguir siendo un movimiento estudiantil sin ser estudiantes. Para evitar que en el futuro pudiera usarse con otros fines distintos a la lucha, decidimos desintegrarlo”, explicó.
EL MOVIMIENTO RESURGIRÁ SI PERSISTE LA INSEGURIDAD
El Comité de Acción Estudiantil Poblano, una organización que surgió en la UPAEP a partir del movimiento universitario del 2020, sigue activo y es liderado por al menos 12 jóvenes, aseguró Diana Camila Soto, estudiante de la facultad de Medicina e integrante del mismo.
Narró que, de inicio, la UPAEP se sumó a las movilizaciones de la BUAP con manifestaciones en el campus y después en la mega marcha del 5 de marzo, aunque posteriormente surgió dicho comité para mantener la comunicación entre los alumnos de las distintas universidades.
“Realmente esto fue muy inesperado, porque nos sentíamos muy indignados por el hecho de que hubieran matado a futuros médicos. Un grupo de amigos y yo iniciamos un grupo de whatsapp para convocar al movimiento y respaldar a la BUAP porque vimos que ahí ya se estaban manifestando”, narró.
Recordó que la comunidad de la UPAEP reaccionó favorablemente al llamado y de inmediato hubo quienes propusieron que, al igual que en la BUAP, se hiciera un paro de labores y se convocara a una marcha multitudinaria:
“En el movimiento todo fue muy humano, aunque la verdad teníamos miedo de que ocurriera algo como en el 68 (en la Ciudad de México), que nos fueran a reprender. En mi caso y el de muchos compañeros nuestros papás nos apoyaron estando pendientes, porque también tenían miedo de que nos pasara algo”.
Respecto a los efectos que tuvo el movimiento estudiantil señaló que en el caso de la UPAEP se logró mejorar el alumbrado público en inmediaciones del campus y, al menos por unos días, hasta antes de que la pandemia obligara a suspender clases presenciales, también hubo más recorridos de la policía.
Diana consideró que, si algún universitario volviera a ser víctima de la inseguridad, esa “chispa” del movimiento estudiantil resurgiría, ya que “finalmente todos hemos sido propensos de un acto violento en las calles. Yo creo que todos conocemos alguna historia o a un familiar que ha sido víctima de la delincuencia y no nos gustaría que nos pasara”.
EL GOBIERNO NO HA DIMENSIONADO AQUEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL: IBERO
Para Miranda Cid, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana, otra de las instituciones participantes en la megamarcha del 5 de marzo, las autoridades gubernamentales todavía no han dimensionado la importancia que tuvo y puede seguir teniendo el movimiento universitario del 2020, ya que la pandemia les permitió desatender una parte importante del pliego petitorio.
En el caso de su casa de estudios, expresó que se consiguió que las autoridades educativas intervinieran para mejorar el alumbrado público atrás del campus, pero solo eso.
“Atrás de la Ibero estaba muy oscuro y pedíamos lo básico, que hubiera más iluminación y seguridad con patrullas que pasaran por ahí para tener esa noción de que estaban vigilando, por cualquier cosa, sobre todo porque había estudiantes que salían a las nueve de la noche y caminaban por ahí”, dijo.
“Creo que fue un evento muy importante (el movimiento universitario) y las autoridades todavía no le han dado la importancia que merece, no tendrían que esperar a que otra cosa pase”, acotó.
Dijo que, aunque aparentemente la lucha estudiantil está inactiva, lo cierto es que existe un fuerte precedente de organización estudiantil que se puede reavivar en cualquier momento, si las condiciones de seguridad no mejoran, sobre todo ahora, en plena reincorporación a las clases presenciales.
