Ante un posible rebrote de casos de Covid-19 en los Centros Penitenciarios del país, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó a los encargados de los penales en todo el país que se apliquen medidas preventivas al contagio entre los internos.
La CNDH dio a conocer que Puebla se ubicó en el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a casos positivos de Covid-19, con 292 internos infectados hasta el 3 de noviembre; además de sumar 34 defunciones de personas privadas de su libertad.
Fue el pasado 27 de octubre cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió las medidas cautelares para evitar un repunte de contagios entre la población penitenciaria del país debido a su condición de mayor vulnerabilidad que el resto de la población.
Dirigido al titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Protección Ciudadana, José Ángel Ávila, para ser replicado por sus homólogos en el resto de las entidades federativas, el organismo defensor solicitó que se garantice el abasto y suministro de vacunas contra la influenza a todos los que ocupan los centros penitenciarios.
Exigió la asignación de personal médico especializado que opere de manera ininterrumpida para garantizar el derecho humano a la salud de los reclusos, brindarles atención psicoemocional ante los efectos generados por la pandemia, asignar ambulancias equipadas con todos los protocolos de higiene.
Al igual que asegurar la salud de los internos, trabajadores, familiares y defensores que ingresen a los centros penitenciarios. Por lo que advirtieron que, en caso de alegar falta de recursos económicos para no atender la solicitud, se acreditaría la violación a los derechos humanos.
Cabe mencionar que, al inicio de la contingencia sanitaria, la Comisión señaló las posibles violaciones de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en el país al no permitirles tener contacto con sus familiares en el exterior; la falta de medidas sanitarias implementadas y la sobrepoblación de los centros de internamiento.
Igualmente, evidenciaron el incumplimiento de la Ley de Amnistía para dar celeridad al proceso penal de los reclusos sentenciados por delitos menores, así como a quienes ingresaron en cumplimiento con la prisión preventiva oficiosa, pues se detectó un incremento en la ocupación carcelaria durante los meses de la contingencia sanitaria.
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