Una condena constitucional es la que pueden enfrentar los alcaldes que no obliguen a sus elementos policiales a cumplir con sus exámenes de control y confianza. Este delito se agrava cuando hay uniformados incapacitados para su cargo en puestos de mando, así lo consignó el doctor en Derecho y catedrático de la Universidad Iberoamericana Puebla, Rubén Alberto Curiel Tejeda.
En entrevista con esta casa editorial, el académico expone su preocupación por el hecho de que existan casos como el del edil de Tulcingo de Valle, José Édgar García Ramírez, quien supuestamente infringió el artículo 21 de la Carta Magna, debido a que permitió que el excomandante de su policía municipal desempeñara su cargo sin tener las credenciales legales para hacerlo.
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Ante ese contexto, el presidente de la Comisión de Seguridad de la LXI Legislatura del Congreso de Puebla, Roberto Solís Valles, adelanta que respaldará la reforma a las leyes municipales que el Poder Ejecutivo local busca promulgar para reforzar las sanciones contra los munícipes que sean omisos sobre la incapacidad de sus policías, similar a lo ocurrido en la citada alcaldía. Aunado a ello, exhortará a los alcaldes a despedir a sus elementos que no cumplan con esta obligación constitucional.
Autoridades son responsables, señala Carta Magna
El artículo 21 constitucional establece que “La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones”.
Por ello, el académico de la Ibero Puebla defiende que el cumplimiento de la ley es inexcusable: “No hay manera de que no hubiera exámenes de control de confianza (...) es un tema de responsabilidad de los presidentes municipales, sobre todo porque ellos saben (...) muy bien que esto se tiene que llevar a cabo (...) El seguir manteniendo a los mandos en esos cargos es una cosa totalmente irregular, de hecho, están violentando no solamente la ley sino la Constitución Mexicana”.
Además de la Carta Magna, la propia Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y su estatuto homólogo estatal señalan que las autoridades de cada nivel gubernamental son responsables de instruir a sus policías a cumplir los exámenes de control y confianza, esto con el objetivo de que los uniformados puedan acreditarse con el Certificado Único Policial (CUP).
La única forma de obtener este trámite es mediante la aprobación de las pruebas de control de confianza, además de los cursos de formación, evaluación de competencias y de desempeño, así como análisis de conocimiento sobre el marco jurídico aplicable.
Así, cuando un aspirante a gendarme incumple con los requisitos mínimos de calificación es reprobado automáticamente, sin embargo, cuando el cúmulo de requisitos es acreditado, la validez del CUP permanece vigente por un periodo de dos años. Esta condición obliga a los elementos a someterse a capacitación constante, precisa García Ramírez.
Derivado de la reforma constitucional de 2008, promulgada durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, las entidades federativas están obligadas a erogar recursos para que sus respectivas secretarías de seguridad pública se encarguen de la certificación de los gendarmes estatales y municipales. En Puebla esto ocurre a través del Centro Único de Evaluación y Control de Confianza (C3).
Omisión de alcaldes es un acto grave
Los alcaldes tienen la responsabilidad de ordenar la renovación o expedición, en caso de los elementos de nuevo ingreso, de los CUP a sus policías, especialmente los de alto rango. Por lo tanto, el descuido de los ediles puede representar actos de encubrimiento, motivo suficiente para interponer cargos penales por omisión.
Según expone el artículo 115 constitucional, la gobernabilidad de los ayuntamientos es autónoma por lo que no existe ninguna autoridad que pueda obligar a las autoridades locales a cumplir con esta medida. No obstante, las autoridades ministeriales pueden intervenir cuando un gendarme ejerce sus funciones sin la certificación adecuada, especialmente cuando son cometidos actos ilícitos de por medio.
“El presidente municipal que tenga un mando sin el examen de control de confianza está incurriendo en responsabilidad penal (...) por no haber llevado a cabo [las pruebas] con sus secretarios o directores de seguridad. Es un tema bastante grave para el presidente municipal, no es tan sencillo. No se puede tener a una persona que no haya cumplido con los exámenes de control de confianza como director de una policía”, señala el académico de la Ibero Puebla.
El ejemplo más reciente es el de Tulcingo de Valle. El domingo pasado fue asesinado Maurilio Herrera, quien se desempeñaba como titular de la policía municipal de ese lugar. Según dio a conocer el gobierno estatal, este elemento nunca acreditó tener las pruebas que confirmaran su lealtad y responsabilidad de servicio.
Aunado a ello, vale la pena recordar que, tal como dio a conocer El Sol de Puebla, momentos antes de morir, el gendarme fue mostrado en un video difundido en redes sociales en el cual aceptó ser el presunto responsable del asesinato de cuatro personas.
Por lo tanto, el contexto puede agravarse para el edil emanado del Partido Pacto Social de Integración (PSI), García Ramírez, según refiere el doctor en Derecho y catedrático universitario. Esto debido a que la responsabilidad del alcalde se extiende también a los actos de ilicitud cometidos por el agente, quien “cumplía con su labor”, de forma aparente y supuestamente ilegal.
“El acto de omisión llevó a que, como consecuencia, una serie de presuntos homicidios que fueron dolosos [en los] que el alcalde es supuesto corresponsable y prácticamente cómplice de los homicidios, por la omisión causada como en el caso del hecho jurídico penal (...) Es un tema bastante grave, donde el presidente municipal no puede quedar eximido de la responsabilidad de lo que llevaron a cabo sus agentes policiales”, agrega.
La situación se agudiza dado que se dio a conocer que, tras el asesinato del comandante, 20 elementos de la policía municipal renunciaron inmediatamente después. A decir del especialista, este acto deja dudas difíciles de remediar, pues no se sabe si el edil mantuvo o no a otros agentes sin la certificación correspondiente, a cargo de la seguridad pública de su pueblo.
Aunado a ello, insiste en que los gendarmes que reprueben sus pruebas de control y confianza están propensos a vincularse con el crimen, sin embargo, esto no es garantía de ello. Por lo tanto, el hecho de que haya policías relacionados con delincuentes puede convertirse también en responsabilidad de los alcaldes.
Deficiencias en el C3
Análogamente, Curiel Tejada sostiene que el C3 enfrenta diversas dificultades, principalmente a causa del presupuesto insuficiente y del exceso laboral al que es sometido su personal, por lo que hace hincapié en que la problemática atiende a una deficiencia estructural.
Esta institución, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno estatal, es la encargada de evaluar a los gendarmes una vez que son vinculados por sus propias autoridades municipales. En otras palabras, el C3 no obliga a los policías a cumplir con esta obligación, sino que los incentiva, pues sus alcances son de carácter evaluativo únicamente.
Por esta razón, el doctor en Derecho indica que las solicitudes para evaluar a los agentes suele tomar tiempos prolongados, lo que implica que exista la posibilidad de que existan funcionarios sin las credenciales correspondientes prestando sus servicios a la ciudadanía.
“El C3 lleva a cabo las evaluaciones de control y confianza, tanto de la Policía Estatal como de las policías municipales y de la Policía Ministerial, entonces, están saturados en trabajo. No es justificación, pero sí produce [más] trabajo”, indica.
Sin embargo, debido a que en muchas ocasiones los agentes son contratados por las autoridades con urgencia ante los diversos escenarios de inseguridad pública, algunos alcaldes colocan a los aspirantes en puestos operativos aun sin haber sido autorizados.
Ante esta realidad, el especialista respalda que el gobierno estatal busque robustecer las medidas de apremio contra los munícipes que desacaten las leyes y no vinculen a sus policías con el C3 para realizar las pruebas correspondientes, mandadas por la Carta Magna.
Asimismo, precisa que es necesario aumentar la vinculación entre el C3 y los ayuntamientos, con la intención de acrecentar el número de gendarmes que busquen ser capacitados, pues actualmente esta dependencia estatal solamente realiza campañas mínimas para “invitar” a las autoridades municipales a cumplir con este trámite, sin embargo, esto es insuficiente.
Perfila gobierno estatal robustecer sanciones contra ediles que omitan esta medida
A propósito de esto último, El Sol de Puebla buscó conocer la opinión del diputado local Roberto Solís Valles. Esto con el objetivo de descubrir si existe en puerta algún proyecto legislativo para reforzar la ley en esa materia.
En entrevista, el parlamentario confirma que el Poder Ejecutivo local perfila promover una iniciativa para reformar las leyes orgánicas municipales, lo cual establecerá medidas de apremio específicas contra los alcaldes que no obliguen a sus policías a emitir o renovar sus CUP. Sin embargo, comenta que esta medida podría ser eventualmente atraída por la Comisión de Asuntos Municipales.
“Lo que el gobernador busca [es que] la iniciativa sea sancionadora, para que haya sanciones administrativas a los presidentes que no estén cumpliendo con lo que ya está marcando la ley”, comenta.
Asimismo, expone que solicitará un espacio en la tribuna del Pleno durante la próxima sesión ordinaria para exhortar a los ediles de los 217 ayuntamientos del estado a retirar de sus corporaciones a los elementos que no cuenten con su examen de control y confianza.
“Vamos a estar subiendo un exhorto para que los municipios revisen su certificación que, seguramente, ya lo saben y son omisos. En dado caso de que ya vieron lo que ha pasado con algunos municipios y que sus directores, sus comisarios, no cuenten con las certificaciones de uso de arma, de control de confianza, pues que den un paso adelante y que los den de baja”, revela.
Para finalizar, el parlamentario coincide con el académico de la Ibero Puebla en el sentido de que es indispensable mejorar la vinculación entre el C3 de la SSP y las autoridades municipales. Este llamado sería emitido por él en su carácter de presidente de la Comisión de Seguridad.
“Vamos a exhortar para ver de qué forma podemos vincular con la titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública, pues al final de cuentas es la dependencia que hace todos estos convenios que tienen que ver con capacitaciones y certificaciones, para que podamos coadyuvar y que los presidentes y presidentas municipales den la muestra de que hay disposición de mejorar las condiciones de seguridad pública”, remata.
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