El legislador local, Marco Antonio Rodríguez, propuso modificaciones a la ley de obra pública estatal con la finalidad que haya mayor claridad en los procesos de adjudicación de la obra pública así como publicar más información de las constructoras responsables.
Planteó una iniciativa con carácter de decreto al artículo 88 bis, con el objetivo de realizar las modificaciones y entren en vigor dichos cambios que lleven a generar mayor confianza en la población.
El tema fue expuesto en asuntos generales de la comisión permanente del Congreso del estado, acordando el tema sea analizado en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
“Las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, así como cualquier ente público licitante de alguna obra pública y servicio relacionado con la misma, deberá de anunciar de manera visible dentro de la misma obra y durante todo el proceso de construcción lo relativo a los costos totales y desglosados de la obra pública y servicios relacionados con la misma, la fecha de inicio y el tiempo de construcción estimada”, indicó el diputado.
Además dijo que el cambio a la ley de Obra Pública estatal deberá de obligar que haya información del contratista, procedimiento mediante el cual se contrató y el ente público licitante.
El diputado local expuso en su planteamiento que uno de los temas más sensibles es la obra pública, por la falta de información relacionando con la fecha de inicio y duración de los trabajos, así como datos de la empresa responsable, lo que provoca que haya desconfianza de la ciudadanía.
“La importancia de diversificar las fuentes de información estableciendo un principio de publicidad física para que así toda persona que se acerque a una obra realidad por un ente público pueda saber cuánto se gasta en dicha obra, quién la construye, en cuánto tiempo será construida y la manera en la cual fue adjudicada”, añadió.
Marco Antonio Rodríguez confió en que sea aprobado el cambio al artículo 88 pues en esta legislatura se han impulsado “grandes reformas” en materia de transparencia y acceso a la información en busca de acreditar el nivel de confianza de la ciudadanía a la función pública.
Consideró importante que el Congreso local abunde a las buenas prácticas, al insistir que la ciudadanía no confía en la adjudicación de la obra pública precisamente por la falta de datos necesarios desde el proceso de licitación hasta la entrega final de los trabajos.
