El diputado local Carlos Evangelista Aniceto propuso imponer hasta 3 años de cárcel a quien promueva, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento para obstaculizar, restringir, impedir o modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona, mejor conocido como terapias de conversión.
Las terapias de conversión pretenden “reconvertir” a homosexuales en heterosexuales, por lo cual el legislador de Morena planteó reformar el Código Penal del Estado de Puebla, con el fin de imponer penas de 1 a 3 años de cárcel y de 50 a 200 días de salario a la persona moral o física que promueva o imparta cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica, con o sin fines de lucro.
La iniciativa fue presentada este jueves 7 de octubre en la sesión ordinaria del Congreso del Estado, la cual busca tipificar como delito los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG).
En tribuna, Carlos Evangelista refirió que el 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y otros Problemas de Salud y en junio de 2018 sacó la transexualidad de la clasificación de enfermedades mentales, por lo cual dejó de considerarse como trastorno psicológico.
Afirmó que las terapias de conversión son prácticas de diferente índole, que van desde sesiones psicológicas, psiquiátricas, consejería religiosa, entre otros métodos, con la intención de cambiar la orientación sexual de una persona y la expresión e identidad de género. Los métodos utilizados son acompañados de violencia verbal, humillaciones, amenazas y hasta violaciones correctivas.
El diputado mencionó que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), entre otras instituciones, se han pronunciado en contra de estos tratamientos, ya que violan los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBTTTI atentando contra el libre desarrollo de la personalidad.
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La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado para su estudio y resolución. En caso de que se apruebe será discutida y votada en el Pleno del legislativo.
