La Asamblea Social del Agua (ASA) ha ganado alrededor de 40amparos en contra de la empresa concesionaria del servicio de agua,saneamiento y alcantarillado, Agua de Puebla para Todos, debido asuspensión del servicio y cobros indebidos principalmente, almismo número de ciudadanos, informó la representante de laorganización, María Eugenia Ochoa.
Denunció que desde que se privatizó el servicio las tarifashan amentado en algunos casos hasta 500 por ciento. “Laprivatización del agua ha sido desastrosa y con efectos negativospara la población, dado que contrario a lo que prometió laempresa, no ha mejorado ni la calidad ni el servicio delagua”.
Aseguró que siguen en aumento los tandeos en diferentescolonias, además de los cortes de agua y de drenaje. “Violandoel derecho humano al agua”, aseveró.
“Ratificamos nuestro compromiso con la ciudadanía de Pueblade continuar aunando esfuerzos para defender nuestros derechosfrente a la empresa Concesiones Integrales que sigue abusando,incrementando tarifas, suspendiendo el servicio de agua y drenaje yviolando el derecho humano al agua de los poblanos ypoblanas”.
En este sentido, Ochoa destacó que el acceso al agua es underecho humano, por lo que es necesario que el Congreso del Estadoeleve ese derecho de los ciudadanos a rango constitucional como loestablece la Carta Magna.
El mes pasado, ASA anunció la entrega de mil firmas parainsistir elevar el acceso al agua como un derecho humano para laspersonas que habitan el estado de Puebla. “A pesar de quecontraviniendo el artículo 4 de la Constitución federal enseptiembre del 2013 se privatizó el agua en Puebla con el voto detodos los partidos, incluida la oposición en ese momento”,acusó.
Asimismo, invitó a la campaña de recolección de firmas quehace la organización civil de forma permanente para presentar laIniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas para México en dondese garantice el derecho humano al agua y se ponga freno a suprivatización.
Cabe mencionar que la ASA desarrolló una campaña nacional queterminó a finales de noviembre para denunciar un recortepresupuestal de 72 por ciento a los sistemas de agua y saneamientodel país para supuestamente financiar el Aeropuerto Internacionalde la Ciudad de México.
