De nueva cuenta trabajadores del Poder Judicial del Estado de Puebla se manifestaron en las instalaciones centrales y cerraron el paso a toda la ciudadanía que acudió para solicitar justicia de las autoridades poblanas. El argumento de su huelga a brazos caídos fue que no recibieron su aumento salarial en la última quincena, como se les había prometido, al contrario, registraron descuentos que nunca les anunciaron.

Vestidos de negro y rojo, los más de 300 empleados externaron sus inconformidades en las oficinas de José Eduardo Hernández Sánchez, presidente del Consejo de la Judicatura, y de María Belinda Aguilar Díaz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia. En respuesta, el Poder Judicial indicó que el descuento que les hicieron fue por el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que todos los trabajadores están obligados a contribuir como parte de su pago ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La manifestación comenzó alrededor de las 10:00 horas de este 2 de octubre y concluyó el mismo día a las 15:00 horas. Sin embargo, los inconformes anunciaron que seguirán manifestándose en lo que resta de la semana hasta que lleguen un acuerdo con las autoridades. Al cierre de esta edición, no hubo una resolución, pero los manifestantes podrían hacerse acreedores a una falta administrativa por bloquear el acceso a la justicia de los usuarios.

Pese a las renuncias de autoridades, los conflictos continúan en este poder

Para entender la manifestación de este 2 de octubre, es necesario retroceder en el tiempo, puntualmente al pasado 31 de agosto, cuando Carlos Palafox Galeana y Margarita Gayosso Ponce dejaron su cargo al frente del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), respectivamente. Esto luego de una serie de señalamientos por presuntas irregularidades y debido a que los trabajadores de base aseguraron que llevaban más de 10 años sin recibir aumento salarial, pero los jueces, así como altos mandos sí registraron este beneficio económico.

Aunque se pensaría que con la renuncia de estas dos autoridades la situación interna en el Poder Judicial mejoraría, la realidad fue que se siguieron inconformando y realizando manifestaciones por sus sueldos.

Para el 23 de septiembre, el gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, anunció un incremento salarial general del 6 por ciento para los trabajadores al servicio del Estado. Adicional a dicha medida y con el propósito de poder nivelar al personal con salario mínimo, se aplicaría un incremento de hasta un 20.4 por ciento directo al sueldo en beneficio de 3 mil 677 empleados.

El mandatario aseguró que el incremento salarial beneficiaría a 14 mil 565 servidores públicos con un costo superior a los 232 millones de pesos, mismos que incluyen a trabajadores del Consejo y TSJ. Posteriormente, el 26 de septiembre, fue el mismo Poder Judicial quien confirmó que aprobaron la actualización de su tabulador, beneficiados 876 personas de base.

“En sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, el pasado 5 de junio de 2023, se aprobó la actualización del tabulador desglosado de las remuneraciones de las servidoras y servidores públicos. En el Poder Judicial se verán beneficiados 876 personas de base, con un incremento salarial del seis por ciento, retroactivo al 1 de agosto de 2023. De igual forma, 176 trabajadores de base que se encontraban por debajo del salario mínimo, recibirán un incremento de hasta el 20 por ciento a su sueldo base”, se pudo leer.

Para este 1 de octubre, el Consejo de la Judicatura también confirmó el incremento salarial del 6 por ciento, retroactivo al 1 de agosto de este año, beneficiando a mil 41 trabajadores de confianza. Sin embargo, este pago retroactivo no llegó, al contrario, los servidores públicos aseguraron que les descontaron sin motivo alguno.

La falta del incremento retroactivo al 1 de octubre fue el motivo de la manifestación

Todo lo anterior, fue lo que hizo que los trabajadores de nueva cuenta se manifestaran en las instalaciones del Poder Judicial, pero no sólo eso, sino que bloquearon la calle principal para que el transporte público no pudiera transitar y cerraron todo el complejo evitando que los usuarios no llegaran a sus juicios orales, suspensión de audiencias o que abogados tuvieran que cancelar sus citas. Lo que generó caos y muchas inconformidades por parte de la ciudadanía.

En punto de las 10:0 horas dejaron sus sitios laborales y se manifestaron en las oficinas de José Eduardo Hernández Sánchez, presidente del Consejo de la Judicatura, y de María Belinda Aguilar Díaz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia.

“No hay aumento”, “no estamos por gusto”, “ya dejamos aquí toda nuestra vida y cuando nos vamos es por enfermedad, no porque queramos”, “muchos no tenemos seguro social”, “justicia laboral”, fueron parte de sus consignas.

María Belinda Aguilar Díaz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, nunca salió, quien les dio la cara a los manifestantes fue Hernández Sánchez, recién nombrado titular del Consejo de la Judicatura. Esta autoridad escuchó todas las inconformidades, pero no dio alguna solución, ni supo explicar la reducción, sólo dijo que el anuncio del gobernador sólo fue un apoyo exclusivo a las bases.

“Señor, se supone que ayer tenían que habernos pagado, ya se anunció el incremento por el gobernador, pero no llegó y queremos que nos explique qué pasó, principalmente porque las categorías que no ganan el salario mínimo registraron una disminución considerable, nos descontaron. Tenemos incertidumbre”, dijo uno de los manifestantes.

El titular del Consejo ofreció crear una mesa de diálogo y pidió que abrieran el paso a la ciudadanía, pero los manifestantes se negaron. Posteriormente el magistrado ex consejero jurídico del Gobierno de Puebla, Ricardo Velázquez Cruz, quiso abrir sin aval de los manifestantes el recinto y esto provocó una breve discusión.

Los trabajadores le dijeron que no era justo que él como magistrado ganara más dinero que todos lo que están detrás de escritorios o que llevan más de 10 años en este lugar laborando y su respuesta fue: “Nada más que yo he estudiado (…) tengo más años de estudio”, dijo como argumento.

Al cierre de esta edición, no se concretó un acuerdo. Las autoridades les ofrecieron una respuesta el próximo viernes, pero mantendrán su paro hasta ese día. De igual modo, este día se les dijo a los trabajadores que podrán ser acreedores a una sanción administrativa, ya que bloquearon el acceso a la justicia.

El área de comunicación social del Poder Judicial aseguró a El Sol de Puebla que sí recibieron el aumento salarial las personas que están en la base y que percibían el salario mínimo. No obstante, también se les descontó a ellos, y al resto de trabajadores por el Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a agosto y septiembre, un aproximado de 224 pesos por mes.

“Ellos no lo quieren pagar, no lo quieren absorber, como cualquier trabajador que paga impuestos y quieren que el Poder Judicial o el mismo Gobierno del Estado los absorba para que ellos no tengan descuentos, por eso se manifestaron (…) los consejeros pidieron analizar caso por caso, ya que no todos tienen los mismos tabuladores, pero se cerraron al dialogo”, compartieron.

Agregó que están trabajando en un comunicado que será dirigido a la ciudadanía en general, en el cual se disculparán por la falta de servicios y por los conflictos que se generaron al recinto judicial.