El estado de Puebla cerró el 2023 con mil 132 casos de comercialización o extracción ilegal de hidrocarburo y con ello rompió récord en el reporte de estos ilícitos del fuero federal.
Con esta cifra, la entidad poblana rebasó el registro de averiguaciones de los últimos tres años, desde 2020, periodo marcado por la crisis del coronavirus.
De acuerdo con el informe de acceso público del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el periodo de enero a diciembre del año pasado se abrieron más de mil 100 carpetas de investigación en territorio estatal por delitos del fuero federal relacionados con la extracción ilegal, compra, distribución y/o comercialización de hidrocarburo.
Este dato fue el más alta en los últimos años, pues el año inmediato anterior reportó 644 casos, lo que significó un aumento de 75.7 por ciento.
Respecto a las mil 043 carpetas de 2021, la diferencia fue de 8.5 por ciento; y en lo que respecta a las 937 carpetas que se iniciaron en 2020 el aumento fue de 20.8 por ciento.
Sin embargo, el dato fue menor respecto a las mil 481 averiguaciones iniciadas en 2019, cuando el gobierno federal inició con el registro de información.
Tercer lugar nacional
Además, los mil 132 casos reportados en todo el año pasado mantuvieron a Puebla como el tercer estado del país con más delitos relacionados con la sustracción ilegal de hidrocarburo, infringiendo la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. La lista la encabezó Hidalgo con mil 499 y Estado de México con mil 221.
A nivel nacional, el Secretariado Ejecutivo contabilizó en dicho periodo un total de 8 mil 308 violaciones a la ley en materia de hidrocarburos.
Cabe mencionar que la ley del fuero federal castiga a quienes sustraigan hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.
Las sanciones dependen de la cantidad de litros que hayan sido apropiada de manera irregular, pero van desde 4 a 12 años de prisión y una multa de 4 mil a 17 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente.
