A pesar del voto en contra del morenista Héctor Alonso Granados y de tres diputados panistas, el Congreso del Estado aprobó con mayoría de 33 diputados las reformas constitucionales que envió el Congreso de la Unión para incluir la revocación de mandato y consultas ciudadanas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La reforma constitucional propone que tres meses después del tercer año de gobierno del presidente de la república, la ciudadanía pueda solicitar su destitución con la firma del 3 por ciento de la lista nominal vigente y de esta forma se someta a votación su permanencia en el cargo, mediante un proceso organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Puebla fue el estado 16 que aprobó esta reforma enviada por el Congreso de la Unión y horas más tarde se adhirió Durango para completar el 50 por ciento más uno de las entidades federativas que exige la ley para hacer modificaciones a la Carta Magna.
Los demás estados son la Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Hidalgo, Colima, Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Estado de México, Michoacán, Tlaxcala, San Luis Potosí, Jalisco, Nayarit y Campeche.
En Puebla, destacó la rebelión del diputado Héctor Alonso Granados, quien criticó abiertamente la reforma a pesar de que fue una promesa de campaña del presidente, Andrés Manuel López Obrador.
“El presidente mejor se debería poner a trabajar y no perder tiempo en ese tipo de consultitas…Está usted a favor de desquiciar al país con una cuestión del mandato a medio camino, como poniendo en peligro cambiar de jinete a mitad del río. Los hombres y mujeres de estado debemos estar a favor de la estabilidad política y económica”, fue parte de su discurso en el Pleno.
Esa fue la misma postura que adoptaron los diputados del PAN, quienes, a través de su coordinadora, Mónica Rodríguez Della Vecchia, acusaron que se trata de una promesa de campaña de López Obrador, cuyo objetivo es más electoral que de beneficio para la sociedad.
APRUEBAN CREACIÓN DE OPD EN GOBIERNO ESTATAL
En la misma sesión ordinaria, los diputados aprobaron en el pleno la creación de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD) denominados: Agencia Estatal de Energía, Instituto de la Juventud, Instituto del Deporte y el Instituto de la Discapacidad.
