/ jueves 8 de febrero de 2024

Puebla y Tlaxcala buscan frenar devastación ecológica en cuenca del Alto Atoyac

Ambas entidades buscan diseñar un instrumento de ordenamiento territorial que sirve de instrumento jurídico para regular el uso de suelo y el buen desarrollo de la región

Autoridades federales y de los estados de Puebla y Tlaxcala, así como investigadores y representantes de los pueblos de ambas entidades, acordaron diseñar un instrumento de ordenamiento territorial que sirva para evitar la devastación de los recursos naturales en la región, que forma parte de la cuenca del Río Balsas.

Mediante la instalación del Comité de Ordenamiento Ecológico de la Región de la Subcuenca del Alto Atoyac, acción encabezada por los gobernadores de Puebla y Tlaxcala, Sergio Salomón Céspedes Peregrina y Lorena Cuéllar Cisneros; además de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, se acordó dar paso a la creación de dicho plan.

De acuerdo con la secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot) de Puebla, Beatriz Manrique Guevara, dicho instrumento jurídico servirá para regular el uso de suelo y encaminar la acción gubernamental al buen desarrollo de la región. En otras palabras, habrá mayor control en la instalación y operación de actividades productivas y económicas, así como en los asentamientos humanos.

La funcionaria poblana sostuvo que el ordenamiento de la subcuenca es un pendiente intergubernamental que debe priorizarse, pues la zona padece varios problemas derivados de la falta de un ordenamiento adecuado, situación que impacta negativamente en la preservación de los recursos naturales y también en la salud de las personas.

Por su parte, Céspedes Peregrina destacó que la colaboración entre autoridades federales, estatales y municipales, tanto de Puebla como Tlaxcala, debe aprovecharse para encaminar la creación de un instrumento jurídico excepcional, que atienda finalmente la crisis ecológica que vive desde hace varios años la región.

El mandatario remarcó que el nuevo plan de ordenamiento territorial debe armonizarse con el medio ambiente, al mismo tiempo que ofrezca certeza a los terratenientes de ambos estados, en especial aquellos que integran los regímenes ejidales y comunales.

Agregó que dicha disposición jurídica será efectiva solamente si se conforma mediante el consenso y la participación de todos los sectores sociales involucrados. Indicó que el cuidado de la subcuenca del Alto Atoyac es responsabilidad de autoridades, ciudadanos y empresarios.

Luego, la titular de Semarnat dio a conocer que el saneamiento de dicha subcuenca ha sido uno de los objetivos prioritarios que se fijó al momento de asumir las riendas de dicha dependencia, todo como parte de la recomendación emitida en 2019 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDH) hacia los tres niveles gubernamentales.

Finalmente, Albores González reconoció que el nuevo instrumento de ordenamiento territorial entre Puebla y Tlaxcala no será aplicado estrictamente por las presentes administraciones estatales y federales, ya que el objetivo, enfatizó, es heredar la ruta legal a los próximos gobiernos para garantizar el saneamiento del río.

Autoridades federales y de los estados de Puebla y Tlaxcala, así como investigadores y representantes de los pueblos de ambas entidades, acordaron diseñar un instrumento de ordenamiento territorial que sirva para evitar la devastación de los recursos naturales en la región, que forma parte de la cuenca del Río Balsas.

Mediante la instalación del Comité de Ordenamiento Ecológico de la Región de la Subcuenca del Alto Atoyac, acción encabezada por los gobernadores de Puebla y Tlaxcala, Sergio Salomón Céspedes Peregrina y Lorena Cuéllar Cisneros; además de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, se acordó dar paso a la creación de dicho plan.

De acuerdo con la secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot) de Puebla, Beatriz Manrique Guevara, dicho instrumento jurídico servirá para regular el uso de suelo y encaminar la acción gubernamental al buen desarrollo de la región. En otras palabras, habrá mayor control en la instalación y operación de actividades productivas y económicas, así como en los asentamientos humanos.

La funcionaria poblana sostuvo que el ordenamiento de la subcuenca es un pendiente intergubernamental que debe priorizarse, pues la zona padece varios problemas derivados de la falta de un ordenamiento adecuado, situación que impacta negativamente en la preservación de los recursos naturales y también en la salud de las personas.

Por su parte, Céspedes Peregrina destacó que la colaboración entre autoridades federales, estatales y municipales, tanto de Puebla como Tlaxcala, debe aprovecharse para encaminar la creación de un instrumento jurídico excepcional, que atienda finalmente la crisis ecológica que vive desde hace varios años la región.

El mandatario remarcó que el nuevo plan de ordenamiento territorial debe armonizarse con el medio ambiente, al mismo tiempo que ofrezca certeza a los terratenientes de ambos estados, en especial aquellos que integran los regímenes ejidales y comunales.

Agregó que dicha disposición jurídica será efectiva solamente si se conforma mediante el consenso y la participación de todos los sectores sociales involucrados. Indicó que el cuidado de la subcuenca del Alto Atoyac es responsabilidad de autoridades, ciudadanos y empresarios.

Luego, la titular de Semarnat dio a conocer que el saneamiento de dicha subcuenca ha sido uno de los objetivos prioritarios que se fijó al momento de asumir las riendas de dicha dependencia, todo como parte de la recomendación emitida en 2019 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDH) hacia los tres niveles gubernamentales.

Finalmente, Albores González reconoció que el nuevo instrumento de ordenamiento territorial entre Puebla y Tlaxcala no será aplicado estrictamente por las presentes administraciones estatales y federales, ya que el objetivo, enfatizó, es heredar la ruta legal a los próximos gobiernos para garantizar el saneamiento del río.

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