Policías estatales tomaron ayer las instalaciones de la Universidad de la Américas Puebla (UDLAP) en cumplimiento de una orden judicial que le quita el control de la institución a la Fundación Mary Mary Street Jenkins y se lo otorga a la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla, que preside Horacio Magaña Martínez.
La Fundación Mary Mary Street Jenkins fue la encargada de donar fondos en 1966 para establecer el campus de la UDLAP en Cholula, el cual inició actividades en 1970. Desde entonces, esta fundación, cuyo patrimonio asciende a 720 millones de dólares, se ha encargado del control jurídico y administrativo de la institución.
El rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez, calificó esta intervención como ilegal y como un mensaje peligroso para México, pues se utilizó la fuerza pública armada “como en el 68” para cometer un acto de humillación y de intimidación a la comunidad universitaria.
En una conferencia de prensa virtual, Derbez refirió que hace dos meses la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privadas del Estado de Puebla nombró a una persona que no identifica, de nombre Horacio Magaña Martínez, como el presidente de un nuevo patronato, el que ayer tomó control.
Dicha situación generó la inconformidad de la comunidad universitaria y se tradujo en una queja ante la justicia federal, lo que derivó en que ganaran un amparo para invalidar ese nombramiento.
Pero contrario a ello, dijo, ayer se mandaron a policías armados a tomar el campus situado en Cholula y los supuestos nuevos miembros del patronato forzaron candados y cerraduras para tomar posesión de los bienes físicos y documentales.
El rector dijo que por ahora hay incertidumbre sobre quién tiene el control de las instalaciones, sin embargo a través de un amparo que promoverán ante la justicia federal buscarán recuperarlas y también que se respete al patronato presidido por Margarita Jenkins de Landa.
Por el momento, dijo que las actividades académicas van a continuar y los cursos que se tenían previstos iniciar de forma presencial este miércoles se trasladarán a la modalidad en línea.
En una entrevista radiofónica, concedida al periodista Luis Gabriel Velázquez de Cinco Radio, Adalberto Ramos, quien se ostentó como secretario del nuevo patronato de la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla, aseguró que un juez dictó como medida cautelar el aseguramiento y devolución de las instalaciones de la universidad para así recuperar parte del patrimonio que estaba en posesión de la fundación Mary Street Jenkins.
Con lo anterior, afirmó, se avanzó en un proceso legal en el que incluso ya se han girado ordenes de aprehensión contra algunos integrantes de la familia Jenkins, salvaguardando parte del patrimonio de la fundación.
Dijo que una de las principales acciones que tomará el nuevo patronato será el cambio del rector aunque el principal objetivo es garantizar la continuidad de los estudiantes y trabajadores.
Sin embargo, Virgilio Rincón Salas, abogado de la fundación Mary Street Jenkins aseguró que la toma del campus fue un atropello grave al estado de derecho, ya que un juez federal ordenó que no se integrara un nuevo patronato para la fundación Udlap.
Dijo que la orden de suspensión concedida a nivel federal garantiza que Margarita Jenkins de Landa sigue siendo la presidenta del patronato de la Fundación Udlap, por lo que procederán a interponer un amparo ante un juez federal.
Dijo que existe confianza en que la autoridad federal observará que la intervención que hubo ayer en el campus fue ilícita y ordenará que se suspenda, pero también una reparación de daños.
"Reina una confusión, nosotros tenemos resoluciones judiciales federales que dicen que nuestros patronos no deben de ser retirados de su cargo y para nosotros esa es la verdad, porque es una verdad federal".
Por su parte, la defensa legal de Guillermo Jenkins de Landa, a quien en un inicio se le atribuyeron las acciones que motivaron la toma de la Udlap, deslindó a su cliente de los hechos.
Carlos Serna, el abogado del hijo primogénito de la familia Jenkins, señaló que los hechos ocurridos en Cholula nada tienen que ver con las demandas que su representado presentó en contra de los integrantes de la familia que auspician la fundación Jenkins.
