La diputada local de Morena, Daniela Mier Bañuelos, adelantó que al interior del Congreso de Puebla se realizarán mesas de trabajo para analizar la Ley Sabina que presentó con el fin de sancionar a los deudores alimentarios con el objetivo de que los padres se hagan responsables de brindarles una pensión a sus hijas e hijos.
La legisladora plurinominal adelantó que, las reuniones serán para analizar la viabilidad del tema y saber si las propuestas de reformas se encuentran completas o será necesario hacer modificaciones. Asimismo, se pronunció a favor de que la legisladora del Partido del Trabajo (PT), Nora Merino Escamilla, se adhiera a las actividades para hacer una propuesta en conjunto.
La anterior declaración se debe a que ambas diputadas de la actual legislatura presentaron el 14 de marzo proyectos encaminados a la creación de un padrón de deudores alimentarios.
Respecto a la opinión de la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Mónica Silva Ruiz, quien consideró que sería complejo realizar un padrón de deudores por la inversión económica, Daniela Mier discrepó y argumentó que se encontraría a cargo del registro civil, así que es posible implementarlo.
La integrante del grupo parlamentario con mayoría rechazó que busque sacar raja política con la propuesta o los proyectos que ha presentado en los temas relacionados a la violencia de género y justificó que forma parte de la problemática que viven todas las mujeres, por lo que, consideró que como legisladora su trabajo debe ser ayudar a reforzar las leyes.
“Yo no creo que sea complicado (la creación del padrón) cuando para eso debe existir el registro civil, no es un tema que se hará de nueva cuenta (…) yo tengo entendido que vamos a tener mesas de trabajo. Yo les voy a decir algo con todo respeto y honestamente, a mí no me gusta sacar raja política de la situación que acontece”, expresó.
Mier Bañuelos reconoció que hasta la publicación de este texto no ha platicado con sus compañeros y compañeras de bancada sobre la Ley Sabina por el receso del periodo, pero, adelantó que, a partir del 15 de mayo, fecha en la que se retomarán las actividades al interior del parlamento poblano, comenzará con la creación de consensos y buscará su pronta aprobación.
“No me sentado con los compañeros (de bancada) para hablar sobre el tema. Yo tengo mucha fe, tengo mucha esperanza que el próximo periodo lo podamos consensar y lo puedan aprobar”, dijo.
Hasta el momento, el Congreso de Puebla ha recibido dos propuestas para la creación del registro de deudores alimentarios. Una fue presentada por la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Nora Merino Escamilla y la otra por Daniela Mier, así como los diputados autodenominados “Obradoristas”.
La presentada por Merino Escamilla propuso adicionar el capítulo denominado “Del Registro de Personas deudoras Alimentarias Morosos del Estado de Puebla” al Código Civil del Estado.
Según lo expuesto en el documento que fue turnado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, el proyecto fue retomado del que presentó en octubre del 2019 la entonces diputada local Mónica Lara Chávez en la LX legislatura.
Serán inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado los que incumplan por más de noventa días con la obligación de dar alimentos, derivada de sentencia o convenio. El Juez de la causa, a instancia de parte, ordenará al Registro Civil la inscripción de los mismos.
El proyecto de los legisladores de Morena fue enviado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia. Está firmado por Daniela Mier Bañuelos, Eliana Angelica Cervantes González, Carlos Alberto Evangelista Aniceto, José Iván Herrera Villagómez y María Yolanda Gámez Mendoza.
Nació a causa de la Ley Sabina, una propuesta ciudadana de Diana Luz Vázquez, quien es originaria de Oaxaca y madre soltera de una hija, Sabina. Según lo declarado en diferentes entrevistas, el padre biológico de la menor es Martín Rosado Chávez, quien es abogado, militante del PRI y se ha negado a reconocer a su hija, así como a pagar la pensión alimentaria.
Busca que los deudores sean inscritos en el padrón si el adeudo excede treinta días, es decir, un tercio del periodo que plantea Nora Merino. Cuando no sean comprobables los ingresos del deudor alimentario, el juez resolverá con base en la capacidad económica y nivel de vida que los acreedores alimentarios y el deudor hayan llevado en el último año.
