La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió la controversia constitucional que promovió el gobierno municipal de Puebla contra las reformas a la Ley General de Comunicación Social del Plan B de la reforma electoral.
El caso quedó registrado con el folio 37/2023 y busca controvertir las reformas a dicha ley que dictan que los municipios solo pueden otorgar el 0.1 por ciento de su presupuesto al gasto de comunicación social.
La controversia fue presentada por la síndica del municipio de Puebla, Guadalupe Arrubarrena García en contra de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, así como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
También incluye al secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández y el director general adjunto del Diario Oficial de la Federación, Alejandro López González.
La reforma a la Ley General de Comunicación Social fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a finales de 2022. Es por ello que interpusieron este recurso ante la SCJN.
Fue el 15 de febrero cuando el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez anunció que su gobierno se uniría a los reclamos para que se declare inconstitucional el fijar un porcentaje para el gasto de Comunicación Social.
Los estados a los que pertenecen los ayuntamientos que se sumaron a la controversia están Guanajuato, Estado de México, Yucatán, Jalisco, Michoacán, Sonora, Coahuila, Tlaxcala, Chihuahua, Querétaro, Aguascalientes, Nuevo León y Guerrero.
