Los accesos a la Central de Abasto serán controlados con plumas y cámaras detectoras de rostro, como estrategia para reforzar la seguridad ante los hechos delictivos que han ocurrido en torno a esa zona, sin embargo, actualmente nada obliga a los locatarios a contratar a empresas de seguridad privada certificadas, informó Manuel Herrera Rojas, regidor y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Puebla.
Luego de que a finales del mes pasado un elemento de la Guardia Nacional fue privado de la libertad en la zona comercial por supuestos elementos de seguridad privada que, aparentemente, lo habrían entregado a un grupo criminal para que lo asesinara, el también presidente del Consejo General de la Central de Abasto informó que se han realizado mesas de trabajo para mejorar la vigilancia.
En ese sentido, señaló que como resultado de las mesas de diálogo se ha llegado a la conclusión de que se necesita cerrar la Central, ya que todavía hay espacios que colindan con la Vía Corta a Santa Ana en donde no hay bardas y existe libre acceso a las naves.
“Dentro de la Central lo que estamos buscando es un control de mucho más seguridad, de detectar rostros, vehículos, personas que entren a la Central para cuidar a todas las personas que van a comprar (…) Se está buscando cuál es la persona, empresa o ingeniería adecuada para que dentro de la central sea lo mejor, hoy no hay control, está abierta y cualquier persona puede entrar, incluso no a comprar sino a hacer un conflicto”, declaró.
El cabildante aclaró que el Consejo General tendría que solventar la inversión económica para controlar los accesos, ya que el gobierno municipal sólo apoyaría con la asesoría técnica y prestando la vigilancia a través de la policía municipal, que ya hace uso de cinco motopatrullas donadas por los comerciantes para realizar recorridos en las instalaciones.
Herrera también aceptó que, tal como lo denunció la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, actualmente no existe una regulación de la seguridad privada que funciona en las distintas naves, ya que en el Código Reglamentario Municipal (Coremun) no se establecen lineamientos al respecto y finalmente los bodegueros o locatarios son particulares que tienen la libertad de contratar los servicios que consideren pertinentes.
“Lo que le corresponde al ayuntamiento es tener policías municipales, cada nave en el Consejo tiene tres representantes y ellos pueden contratar a quien quieran como guardia de seguridad, en el Coremun no dice tienes que contratar tal particular, una empresa porque es un particular, son 60 particulares que contratan (…) podríamos meter en el Coremun que sean empresas reconocidas, pero hoy no lo está”, apuntó.
Cuestionado sobre el apoyo que prestan otras corporaciones para la vigilancia del lugar, indicó que el Consejo está dispuesto a aceptar la colaboración de la Guardia Nacional y la Policía Estatal e incluso estaría de acuerdo en contratar a las empresas de seguridad privadas que se le recomienden siempre y cuando exista el apoyo de los distintos órdenes de gobierno.
Para concluir, expresó que los distintos eventos de inseguridad que han ocurrido en torno a dicho centro de abasto han provocado que las ventas hayan bajado hasta en un 10 por ciento, de tal forma que los bodegueros solicitan redoblar la seguridad para evitar que se siga viendo afectada la actividad económica de las 15 mil personas que trabajan en el sitio.
