Con la reciente aprobación de la Ley Monzón en Sinaloa y la Ciudad de México, hasta el momento son tres entidades del país las que cuentan con las reformas en materia de protección para las infancias que surgieron tras el asesinato de la abogada y la activista Cecilia Monzón en el municipio de San Pedro Cholula el 21 de mayo del año pasado.
El 2 de marzo del año en curso, es decir, casi un año después de los sucesos que conmocionaron a nivel estatal, nacional e internacional porque también contaba con la nacionalidad española, el Congreso de Puebla aprobó las reformas para suspender la patria potestad a los padres señalados por el presunto delito de feminicidio en contra de la madre de sus hijos en lo que se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.
Con ello, la entidad se convirtió en la primera a nivel nacional en contar con dicha legislación que, de acuerdo con la proponente, la diputada local del Partido del Trabajo (PT), Mónica Silva Ruiz, busca proteger las infancias a fin de que crezcan en un entorno sano.
Posteriormente, el proyecto fue retomado en otras entidades como Chihuahua, Sinaloa, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Baja California Norte, Oaxaca, Guanajuato y la Ciudad de México.
Del total, los proyectos ya fueron aprobados en el pleno de Sinaloa y la Ciudad de México, motivo por el que hasta el momento tres demarcaciones cuentan con las reformas a favor de la litigante.
La segunda entidad en respaldar a Puebla fue Sinaloa, quien dio luz verde a las reformas a finales de septiembre, días después se sumó la CDMX.
Tras el aval, la proponente poblana celebró a través de sus redes sociales el acompañamiento de las demás entidades para secundar la Ley Monzón y argumentó que el beneficio será para los menores de edad porque vivirán en espacios seguros y donde sus derechos sean garantizados.
“La Ley Monzón va más allá de la protección de las infancias, pues contempla la suspensión de la patria potestad incluso por tentativa de feminicidio, para que se encuentren en espacios seguros donde sus derechos se encuentren garantizados. #HastaQueSeaLey en todo el país”.
Cabe mencionar que la conocida abogada de las mujeres tenía problemas con su expareja sentimental y padre de su hijo, Javier López Zavala, inclusive atravesaban por una demanda alimenticia cuando fue asesinada y de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) el expriista fue el autor intelectual de los hechos.
