Por violar el derecho de audiencia de 26 núcleos ejidales de siete municipios, el gobernador Luis Miguel Barbosa inició el procedimiento para anular el decreto que declaró como Área Natural Protegida el “Cerro Colorado” en la región de Tehuacán, el cual evita el libre ejercicio de los ejidatarios en el aprovechamiento de sus tierras.
El decreto fue firmado el 19 de diciembre de 2016 por el entonces gobernador Rafael Moreno Valle y este sábado Barbosa determinó iniciar un nuevo procedimiento para garantizar la conservación de la flora y fauna de la zona, además mediante estudios técnicos y científicos y la participación de los ejidatarios, se definirá qué parte de las 37 mil hectáreas que conforman el cerro deben preservarse.
Los 26 núcleos ejidales que se vieron afectados con la declaratoria pertenecen a los municipios de Ajalpan, Nicolás Bravo, Tehuacán, Vicente Guerrero, Chapulco, Santiago Miahuatlán y San Antonio Cañada, cuyos representantes celebraron que el gobernador haya iniciado la cancelación del decreto.
Luis Miguel Barbosa anunció que la próxima semana firmará un dictamen para definir las nuevas áreas y anular el decreto anterior, el cual será publicado en el Periódico Oficial del Estado.
“Más de uno de ustedes acudió a verme como Senador de la República para plantearme las cosas, ya durante la campaña también lo hicieron y como gobierno llegó un grupo de representantes a los Martes Ciudadano para hacer el planteamiento”, afirmó.
Aseguró que la Ley de Equilibrio Ecológico obliga a los gobiernos a preservar áreas y reservas de flora, fauna, agua y tierra, lo cual es parte de la política que debe implementarse en su gobierno y no dejar que las tierras se sigan devastando y que el medio ambiente siga extinguiéndose.
“Como gobernador me siento capaz de entender el equilibrio que tiene que haber entre las necesidades de subsistencia de los que viven de la tierra y la tierra misma”, agregó.
A su vez, el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, sostuvo que desde la campaña de 2018 los inconformes buscaron al entonces candidato Miguel Barbosa para que anulara la declaratoria y ya como gobernador instruyó al director General de la Tenencia de la Tierra y Población, Lorenzo Martínez Benítez, para que revisará la situación con quien los ejidatarios tuvieron cinco mesas de diálogo, en septiembre y octubre de 2019 y el 3 de enero de este año.
Según Heriberto Balderas Torres, presidente del Ejido Bienes Comunales de Santiago Miahuatlán, el 60 por ciento de la zona de declaratoria correspondía a núcleos agrarios y sin tomar en cuenta a nadie, el ex gobernador Moreno Valle los convirtió en Área Natural Protegida de jurisdicción estatal.
“Están reconociendo que no fue hecho dentro del marco legal, no nos incluyeron, no han respetado nuestros derechos y principalmente pasaron encima del marco legal agrario”, dijo.
