El adelanto de los tiempos electorales para promocionar aspirantes para la sucesión a la presidencia de México y la gubernatura de Puebla expuso la necesidad de reformar con urgencia la ley y establecer reglas más estrictas de financiamiento de la política, coinciden especialistas, quienes advierten que con esas acciones se cometieron flagrantes violaciones a la norma electoral.
Académicos entrevistados por El Sol de Puebla indican que “las reglas del juego” deben ser reformadas con frecuencia para evitar que los partidos políticos y sus aspirantes tapicen el mobiliario urbano con la promoción de la imagen y nombre antes del tiempo que marca la ley, sin ser infraccionados debido a la falta de precisiones.
De acuerdo con el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, está prohibida la colocación de promoción en diversas modalidades en calles y unidades del transporte público, sin embargo, esta medida es específica para quienes ya tienen candidaturas, no para aquellos que apenas aspiran a obtenerla.
“No podrá fijarse, ni pintarse, en espectaculares o usar pantallas electrónicas, ni colgarse en algún elemento adherido a ellos, incluyendo portadas de revistas, libros, anuncios de entrevistas o de diarios, o cualquier otro elemento que contenga la imagen, nombre, símbolos, siglas o elementos que induzcan a la persona a saber que se trata de determinado candidato o candidata a un cargo de elección popular, en el Estado de Puebla”, se precisa en la fracción IV del artículo 232 de la ley.
Tampoco se puede colocar en taxis, autobuses, microbuses, camionetas de pasajeros y “todo vehículo del Servicio Público de Transporte de pasajeros, el Servicio Mercantil, los Servicios Auxiliares y el Servicio Ejecutivo, así́ como en sus respectivas terminales, así́ como sitios, bases u oficinas”.
Los especialistas hacen un recuento y apuntan que en la entidad poblana estas acciones de promoción a través de bardas y anuncios espectaculares, en su mayoría de perfiles emanados de Morena, se emprendieron desde dos años previo al arranque oficial de los comicios.
Esto derivó en una ola de quejas por parte de políticos del bloque opositor para acusar presunta campaña anticipada ante los árbitros electorales, mismas que no precedieron bajo el argumento de que el proceso electoral no había comenzado, pues únicamente se considera acto anticipado cuando se realiza antes de la campaña una vez iniciado el proceso electoral, que arrancó el tres de noviembre del año inmediato anterior.
Fortalecer las reglas del juego
La investigadora del Departamento de Derecho y Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey campus Puebla, Maribel Flores Sánchez, explica que las fuerzas políticas y sus aspirantes se promocionaron con el pretexto de seleccionar representantes partidistas a cargos internos, lo que considera que rompe con la democracia interna de las fuerzas.
Agrega que, al llegar los tiempos oficiales, los institutos políticos únicamente formalizarán los nombramientos, debido a que en los procesos internos ya llevaron a cabo las evaluaciones y designaciones de los perfiles.
Explica que esto se debe a la falta de regulación en la materia, pues, si bien han existido reformas a la norma local, éstas no se apegan a la actualidad, por lo que los contendientes aprovechan la falta de regulación para anticipar su promoción sin temor a ser sancionados.
“Es un proceso atípico que se ha anticipado casi tres años antes de llevarse a cabo de manera oficial y eso también ha sido muy complejo para la autoridad, a nivel federal y local, ya que históricamente había existido otro tipo de integración de candidaturas en los tiempos que establece la ley”, señala.
Ante este panorama, reconoce la necesidad de que el Poder Legislativo reforme con constancia la normativa en la materia, pues de lo contrario se corre el riesgo de generar inequidad en la contienda, así como falta de credibilidad y confianza por parte de las y los ciudadanos.
“Tenemos que estar anticipándonos a la realidad (...) si no existe una regulación y una aplicación estricta a la ley, puede afectar un piso parejo; obviamente la ley tiene que adaptarse a las circunstancias y en ese sentido con base en la experiencia de estos años nos llevamos lecciones importantes”, comenta.
En relación con esto, la académica expone que también se debe profundizar en el papel que juegan las autoridades involucradas en los procesos electorales, ya que la legislación debe precisar con claridad las facultades y atribuciones de cada ente.
“La autoridad que organiza la elección debe coordinarse con distintos órganos de gobierno para poder regular que la propaganda electoral de cualquier aspirante cumpla con los requisitos de ley, entonces esto se tiene que ajustar”, insiste.
Por su parte, Claudia Ramón Pérez, docente de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), se suma al llamado de adecuar la ley, pero advierte acerca del riesgo de caer en una sobre regulación y con ello la posibilidad de que los institutos políticos busquen “darle vuelta a los candados”.
En entrevista por separado, detalla que, para evitar caer en una normativa compleja, las autoridades electorales deben tener “mano firme” para sancionar a los actores políticos que violen la ley.
“Ciertamente se tendrían que revisar algunos aspectos de la legislación, pero me parece que mucho tiene que ver con la capacidad de las autoridades para meter en cintura a todos aquellos actores que se salen de esto”, subraya.
La docente profundiza sobre la necesidad de que las autoridades apliquen sanciones ejemplares, como suspensiones administrativas, multas económicas y suspensión de candidaturas, con la intención de que ayuden a inhibir prácticas que pongan en riesgo la equidad en la contienda.
IEE emite lineamientos tarde, pero necesarios
Ramón Pérez recuerda las medidas que emitió el Instituto Electoral del Estado (IEE) al arranque del proceso electoral, que buscaron regular las contiendas de los partidos y coaliciones del tres de noviembre al 24 de diciembre, un día previo al arranque formal de las precampañas.
Aunque opina que las reglas se presentaron con retraso, debido a que la entidad ya estaba tapizada con propaganda política, comenta que fueron indispensables para regular los procesos partidistas, pues con ello se logró que los aspirantes retiraran anuncios espectaculares.
Inclusive, la docente de la UPAEP argumenta que éstas se alinearon a la facultad del organismo electoral, pues es a partir del banderazo oficial del arranque del proceso 2023-2024 cuando el IEE puede intervenir.
Sobre este tema también se pronuncia el consejero presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado (IEE), Arturo Baltazar Trujano, quien considera que las medidas funcionaron para que las fuerzas políticas retiraran la promoción de sus procesos internos.
Sanciones estrictas sobre fiscalización
La académica del Tecnológico de Monterrey declara que también se deben establecer reglas más estrictas de financiamiento, en específico que el organismo electoral emprenda una fiscalización minuciosa de los recursos públicos.
“Se debe de cuidar la fiscalización de los recursos públicos en el proceso electoral porque hoy no estamos ni siquiera cerca de las campañas y los partidos han estado erogando recursos para promover perfiles, imágenes, eventos y demás”, opina.
En este sentido, hace énfasis en aquellos personajes que ostentan un cargo de poder y a su vez buscan un nuevo espacio de elección popular, ya que existen riesgos de transparencia en el uso de los recursos públicos.
En tanto que Baltazar Trujano explica que la colocación de anuncios espectaculares en donde se promociona a perfiles mediante entrevistas o la promoción de un libro, como fue el caso de aspirantes morenistas a la candidatura de su partido a la gubernatura del estado, no se puede sancionar debido a que una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) menciona que los anuncios espectaculares se “encuentran al amparo del ejercicio de la libertad de expresión comercial y cultural”.
No obstante, comenta que el siguiente paso es el proceso de fiscalización del INE, en donde se debe determinar si existió vinculación o no entre esos gastos y los gastos de precampaña o campaña.
A la par, sugiere la creación de un sistema de fiscalización más estricto, que a partir de que una persona muestra su imagen con el interés de buscar un cargo, se inicie el proceso para conocer el financiamiento para dicha acción.
“Más allá de la prohibición, se debe establecer una fiscalización más férrea de todos los gastos que hagan las personas que llegan a ser candidatos o candidatas (...) Se necesita un sistema de fiscalización que desde el inicio que salgan las personas a mostrar su imagen, vean cuánto se gastó, dónde se gastó y de dónde vino ese recurso”, indica.
Por último, insiste en que se debe reformar la ley electoral al mismo tiempo que avanza la realidad. “Qué mejor que tener plasmado en la ley con certeza qué pueden y qué no pueden hacer los candidatos y las candidatas, incluso antes de que tengan esta figura”.
