El gobernador Miguel Barbosa Huerta reconoció que la regulación de los anexos y centros de rehabilitación es un asunto de urgencia para la sociedad poblana, razón por la cual exigió a las y los diputados de la LXI Legislatura del Congreso del Estado celeridad para priorizar la votación y eventual aprobación de las reformas a la Ley Estatal de Salud que presentó en junio pasado.
Tras conocerse el caso de un hombre que murió, presuntamente, el pasado 29 de octubre, a causa de las agresiones físicas que sufrió en un anexo situado en Amozoc, el titular del Ejecutivo local pidió que se investiguen las causas del fallecimiento, pero también pidió al parlamento poblano que apresure la discusión de su propuesta legislativa que tiene como objetivo regular con mayor rigor la operación de estos centros de rehabilitación.
Esto, debido a que, señaló, la iniciativa firmada y presentada por él se encuentra detenida en el análisis de las comisiones de Salud, y Procuración y Administración de Justicia del Poder Legislativo.
“Sigue en comisiones la iniciativa del gobierno para reformar la Ley de Salud, y esa ley hace toda una regulación sobre el tema de los anexos. Yo hablaré con diputados para poderles pedir que urjan esa definición legislativa, la de la Ley de Salud para regular los anexos”, comentó este viernes en rueda de prensa desde Casa Aguayo.
Cabe mencionar que, de acuerdo en el documento que ingresó al Congreso en junio pasado el Ejecutivo local, se pretenden modificar diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud, la Ley de Salud Mental del estado, así como el Código Penal, también de índole local.
En suma, la propuesta de ley planteó que sea la Secretaría de Salud la dependencia responsable de ejercer estricta vigilancia y supervisión de los centros de rehabilitación. Del mismo modo, propone sancionar con hasta cuatro años de prisión, así como sanciones económicas de hasta 19 mil 244 pesos, a los responsables de operar anexos apócrifos o que incumplan con los lineamientos de funcionamiento.
También se incluyó a los hospitales psiquiátricos privados, por lo que, además de obligar a estas instituciones a cumplir con las reglas de salubridad estándar, la propuesta del Ejecutivo local subrayó la importancia de capacitar al personal en materia de derechos humanos, perspectiva de género y salud emocional. Esta preparación deberá ser brindada por el Centro Estatal de Salud Mental (Cesam).
Penal de San Miguel, a sobrecupo
En otro orden de ideas, Barbosa Huerta habló sobre la intensa carga de personas privadas de su libertad (PPL) que ostenta el Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Miguel, pues reconoció que existe un sobrecupo de hasta el 50 por ciento, además de un deterioro en su infraestructura, la cual, aseguró, fue herencia de la corrupción de los gobiernos que le antecedieron.
“Los reclusorios se olvidaron para los gobiernos, y nada más lo digo así, se olvidaron. San Miguel, que es el más grande, es un reclusorio que tiene, al menos, 50 años aproximadamente (...) y nunca se terminó, nunca hubo salones para comedores, nunca hubo tecnología, nunca hubo nada; y se fueron acumulando reclusos ahí hasta llegar a un máximo, que hoy tiene del doble de su capacidad”, expuso.
A propósito, señaló que la inversión en seguridad pública es la de mayor carga para el erario poblano. Inclusive, apuntó que actualmente se han inyectado “cientos de millones de pesos” en los Ceresos de San Miguel, Tepexi de Rodríguez y Ciudad Serdán, así como en los reclusorios regionales de Cholula, Tehuacán y Huauchinango.
Acusó que el mantenimiento y renovación de estos espacios no es beneficiada por las participaciones federales, por lo que hizo hincapié en que cada peso invertido en las cárceles del estado provienen de una fuente de financiamiento local.
“No existe apoyo de la Federación en Puebla (...) Es un asunto de inversión, de miles de millones de pesos, por favor, se los digo con toda franqueza, lo hemos ido haciendo en la medida de nuestras posibilidades con recursos estrictamente estatales, [pero] desafortunadamente los gobiernos no cuentan con los recursos suficientes para resolver todas las necesidades de las áreas gubernamentales”, defendió.
Y agregó: “Nosotros lo vamos haciendo y vamos resolviendo, [pero] los recursos no pueden dedicarse solamente a seguridad pública (...) porque hay todo lo demás, obra pública”.
Por último, indicó que, por ejemplo, en San Miguel, además de la inversión en infraestructura y tecnología de seguridad, la inyección de capital ha permitido que los reclusos tengan el derecho a recibir comidas dignas, pues dijo que en años anteriores eran alimentados con “porquería”, principalmente, debido a la corrupción, dijo.
