Los diputados de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado aprobaron la iniciativa del gobernador Miguel Barbosa con el fin de crear la Ley para la Administración, Enajenación y Destino de Bienes para vender, subastar, donar o rematar bienes asegurados, abandonados o decomisados al crimen organizado.
Los bienes y empresas asegurados incluyen billetes y monedas, divisas, metales preciosos, bienes con valor artístico o histórico que serán administrados por un Instituto de Administración de Bienes, que podrá enajenar, monetizar o liquidarlos.
Los diputados avalaron la creación de la ley para disponer de los bienes y empresas asegurados y decomisados en procedimientos penales, los recibidos en donación para cubrir créditos a favor del Gobierno del Estado, de sus entidades o dependencias, incluyendo los puestos a disposición de la Secretaría de Planeación y Finanzas o de sus auxiliares.
Con ello, el gobierno de Luis Miguel Barbosa podrá venderlos, destruirlos, donarlos o asignarlos para ser inflamables, fungibles, perecederos, de fácil descomposición o deterioro, de mantenimiento o conservación de alta especialización, se trate de animales vivos y vehículos cuya administración resulte incosteable para el Estado.
También podrá disponer de los bienes que sean asignados por la autoridad judicial al fisco estatal o municipal, los títulos, valores, activos y demás derechos que sean susceptibles de enajenación, los bienes desincorporados del régimen de dominio público del Estado y los que constituyan el patrimonio de las entidades paraestatales.
Con la iniciativa se crea el Instituto de Administración de Bienes que diseñará e implementará los sistemas digitales de información que le permitan gestionar los bienes y empresas, los cuales podrán ser consultados por la autoridad judicial, la Fiscalía General del Estado, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.
La Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso designará y removerá al director general del instituto, que a su vez contará con una contraloría interna denominada órgano interno de control cuyo titular dependerá de la Secretaría de la Función Pública.
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