La Comisión de Derechos Humanos (CDH) del Estado de Puebla podrá solicitar de oficio la reapertura del caso Chalchihuapan para revisar si el gobierno estatal cumplió las 11 recomendaciones que en 2014 emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aseguró el candidato a Ombudsman estatal, Jorge Pinto Tepoxtecatl.
En entrevista, el defensor adjunto de los derechos universitarios de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), dijo que la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos establece que en caso de inoperancia de alguna entidad el organismo atraerá asuntos y si llega a la CDH adelantó que pedirá la reapertura del expediente.
“Tendríamos que revisar qué parte de la administración pública le ha dado cumplimiento, pero también algo importante, que como la CNDH tiene este asunto, lo que tendríamos que hacer es pedirle que solicite el cumplimiento de las 11 recomendaciones”, refirió.
Según el candidato a presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla la ley señala que la revisión del caso puede ser de oficio o a petición del gobernador Miguel Barbosa, como autoridad gubernamental, quien tendrá que dirigirse al organismo nacional.
“La CDH puede hacerlo de oficio y podría ser así para hacer del conocimiento a la nacional que ha habido algún incumplimiento por parte de las autoridades”, agregó Jorge Pinto.
Sobre el mismo tema, Lucio Ramírez Luna, también candidato a Ombudsman local, comentó que la reapertura del expediente Chalchihuapan fue tomado como bandera por algún aspirante para inscribirse en el proceso de selección, no obstante, dijo que deben revisarse las consecuencias jurídicas, ya que recordó que el gobierno indemnizó a la familia del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, quien murió a consecuencia del impacto de una bala de goma en el enfrentamiento entre pobladores y policías estatales el 9 de julio de 2014.
“Sería muy atrevido de mi parte, decir en este momento que sí lo voy a reabrir sino recuerdo exactamente, creo que eso ya terminó. No lo he revisado”, dijo al señalar que si el gobierno de Puebla no cumplió al 100 por ciento con la indemnización económica el caso puede reabrirse, pero solo los puntos recomendatorios que se han incumplido.
