/ miércoles 31 de julio de 2019

Con bat en mano, Xóchitl Gálvez protesta contra ley garrote

La senadora exigió que la Corte, la FGR y la CNDH se pronuncien en contra de la reforma avalada por el Congreso de Tabasco

Con “garrote’’ en mano la panista Xóchitl Gálvez Ruiz protestó en el Senado de la República contra la reforma en Tabasco que criminaliza la protesta social, la llamada ley garrote.

Y en tribuna se recordó cuando López Obrador cerró la emblemática avenida Reforma en 2006 por 49 días que dejó pérdidas por 7 mil millones de pesos y perjudicó a 35 mil empresas, así como cientos de trabajadores fueron despedidos por el cierre de establecimientos.

Gálvez Ruiz protestó en el patio del Federalismo con un garrote, con un bate teñido de sangre, mientras en tribuna su correligionaria Kenia López Rabadán exhibía fotografías cuando el presidente López Obrador tomó en cuatro ocasiones los pozos petroleros y realizó bloqueos, por los cuales habría alcanzado 50 años de cárcel.

Exigió la panista, al igual que la priista Soyara Pérez, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Fiscalía General de la República y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se pronuncien en contra de la reforma avalada por el Congreso local de Tabasco.

La respuesta de Morena fue tibia en palabras del senador Eduardo Ramírez Aguilar; justificó que es una ley en contra de la extorsión, e, agandalle y contra el lucro.

La priista Beatriz Paredes Rangel, desde su curul le soltó una: ¿con esta reforma se podría detener a estudiantes que a veces piden cooperación y que conductores no paguen peaje? La respuesta del morenista: “su pregunta es muy capciosa’’, nosotros estamos defendiendo una ley que va en razón de la obra pública y privada.

En su turno, la perredista Claudia Reyes Montiel se sumó al repudio de la reforma local; y del Verde Ecologista, Verónica Noemí Camino Fajart pidió respetar las formas en que los estados resuelven sus diferencias y quien no esté de acuerdo que acuda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por Movimiento Ciudadano, la diputada María del Pilar Lozano, recordó las marchas del 68; la clase política no puede permitir una involución. Es una censura previa y viola los artículos seis y nueve constitucionales. “Esta ley viola lo dispuesto en tratados internacionales en derechos humanos. Llamo a expresar su inconformidad para no sentar el precedente de que en otras entidades se generalice y criminalice la protesta social.

La senadora Nancy de la Sierra Arámburo del Partido del Trabajo, dijo que la protesta social no solo es un derecho humano protegido por la Constitución; no puede ser utilizada para proteger proyectos emblemáticos de gobiernos. Pugno por el derecho a la manifestación y libre tránsito. Ponderar los derechos, no abrir el Código Penal a interpretaciones que criminalice la protesta social, refrendó.

La priista Soyara Pérez Munguía, se pronunció en contra de la extorsión y sobornos, pero avalar una ley como esta en un agravio, perfilar el garrote es inadmisible en un país democrático, porque ha costado mucho esfuerzo las libertades, un Estado respetuoso de la libertad de expresión y de las ideas.

“Son actos de atropello a los derechos. Una ley dirigida no debe prosperar en el sistema jurídico. Que el gobernador transparente las organizaciones que extorsionan y presente las demandas correspondientes.

Con “garrote’’ en mano la panista Xóchitl Gálvez Ruiz protestó en el Senado de la República contra la reforma en Tabasco que criminaliza la protesta social, la llamada ley garrote.

Y en tribuna se recordó cuando López Obrador cerró la emblemática avenida Reforma en 2006 por 49 días que dejó pérdidas por 7 mil millones de pesos y perjudicó a 35 mil empresas, así como cientos de trabajadores fueron despedidos por el cierre de establecimientos.

Gálvez Ruiz protestó en el patio del Federalismo con un garrote, con un bate teñido de sangre, mientras en tribuna su correligionaria Kenia López Rabadán exhibía fotografías cuando el presidente López Obrador tomó en cuatro ocasiones los pozos petroleros y realizó bloqueos, por los cuales habría alcanzado 50 años de cárcel.

Exigió la panista, al igual que la priista Soyara Pérez, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Fiscalía General de la República y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se pronuncien en contra de la reforma avalada por el Congreso local de Tabasco.

La respuesta de Morena fue tibia en palabras del senador Eduardo Ramírez Aguilar; justificó que es una ley en contra de la extorsión, e, agandalle y contra el lucro.

La priista Beatriz Paredes Rangel, desde su curul le soltó una: ¿con esta reforma se podría detener a estudiantes que a veces piden cooperación y que conductores no paguen peaje? La respuesta del morenista: “su pregunta es muy capciosa’’, nosotros estamos defendiendo una ley que va en razón de la obra pública y privada.

En su turno, la perredista Claudia Reyes Montiel se sumó al repudio de la reforma local; y del Verde Ecologista, Verónica Noemí Camino Fajart pidió respetar las formas en que los estados resuelven sus diferencias y quien no esté de acuerdo que acuda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por Movimiento Ciudadano, la diputada María del Pilar Lozano, recordó las marchas del 68; la clase política no puede permitir una involución. Es una censura previa y viola los artículos seis y nueve constitucionales. “Esta ley viola lo dispuesto en tratados internacionales en derechos humanos. Llamo a expresar su inconformidad para no sentar el precedente de que en otras entidades se generalice y criminalice la protesta social.

La senadora Nancy de la Sierra Arámburo del Partido del Trabajo, dijo que la protesta social no solo es un derecho humano protegido por la Constitución; no puede ser utilizada para proteger proyectos emblemáticos de gobiernos. Pugno por el derecho a la manifestación y libre tránsito. Ponderar los derechos, no abrir el Código Penal a interpretaciones que criminalice la protesta social, refrendó.

La priista Soyara Pérez Munguía, se pronunció en contra de la extorsión y sobornos, pero avalar una ley como esta en un agravio, perfilar el garrote es inadmisible en un país democrático, porque ha costado mucho esfuerzo las libertades, un Estado respetuoso de la libertad de expresión y de las ideas.

“Son actos de atropello a los derechos. Una ley dirigida no debe prosperar en el sistema jurídico. Que el gobernador transparente las organizaciones que extorsionan y presente las demandas correspondientes.

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