/ sábado 17 de septiembre de 2022

Exigen justicia para trailero que murió tras ser detenido por agentes ministeriales

Tras la misa de este día, partieron rumbo al panteón de esa misma junta para darle el último adiós a Gregorio

Al grito de “Justicia, justicia”, más de un centenar de familiares, amigos y conocidos despidieron este día a Gregorio, el hombre que murió tras ser detenido por agentes ministeriales en inmediaciones de la colonia Santa Lucía el miércoles pasado.

Gregorio, de 35 años de edad, de ocupación trailero, dejó en el abandono a su esposa y cuatro hijos de 16, 13, 12 y 5 años de edad, de quienes él se hace cargo en su totalidad.

Esta mañana, salió el cortejo fúnebre de donde tenía su domicilio en la colonia Santa Lucía, al sur de la ciudad, encabezado por el ataúd con los restos de Gregorio arriba de la plataforma del trailer que por varios años manejó a lo largo del país.

Así llegaron poco después a la iglesia del barrio de Guadalupe Tlatelpa en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan, donde un sacerdote ofició misa de cuerpo presente.

Al final de la eucaristía, Martha, la hoy viuda, acompañada de sus cuatro hijos, en breve entrevista con EL SOL DE PUEBLA, exigió justicia, pues asegura que hasta el momento la Fiscalía General del Estado no le ha entregado el resultado de la autopsia, por lo que desconocen la causa exacta de muerte de su esposo Gregorio.

La mujer, antes de romper en llanto pidió justicia al fiscal Gilberto Higuera Bernal y también solicitó la intervención del gobernador Miguel Barbosa Huerta para que se aclaren los hechos, pues aseguró que hasta el momento desconoce qué fue lo que ocurrió.

La fémina recordó que únicamente vivió el momento en que al ir por uno de sus hijos a la escuela de esa misma colonia, el miércoles pasado y alrededor de las 12:30 horas, de momento llegaron cuatro personas y se llevaron a Gregorio en una camioneta cerrada, tipo Jeep Compas, gris.

De acuerdo con fuentes extraoficiales, Gregorio fue abordado a una patrulla y exigió su derecho a realizar una llamada, marcó a su esposa y le dijo que lo llevarían a las instalaciones de la FGE ubicadas en la 25 Oriente.

Sus familiares fueron a esas instalaciones poco después, pero acusan que no les dieron ningún tipo de información hasta las 19:30 horas, cuando un agente manchado de sangre salió a decirles que Gregorio había sido llevado al Hospital General del Sur por un impacto de bala que recibió.

Asustados y muy molestos, los familiares fueron hasta dicho nosocomio, en donde les indicaron que Gregorio había muerto cerca de las 19:15 horas. La causa de la muerte fue un impacto de arma de fuego en la cabeza.

Sobre lo ocurrido hay dos versiones. Fuentes del interior de la Fiscalía General del Estado indicaron que tras la detención de Gregorio, por el delito de Homicidio Culposo (un hecho de tránsito) los agentes que efectuaron la aprehensión no siguieron de manera puntual los protocolos y no lo revisaron de manera completa. Gregorio habría llevado un arma de fuego (tipo pluma) oculta entre sus ropas, cuando pidió hacer la llamada a la que tenía derecho quedó con las manos libres y en ese momento habría tomado el arma que llevaba oculta y se disparó en la cabeza.

Las mismas versiones policiales indicaron que los agentes intentaron impedir que Gregorio se disparara, pero no lo consiguieron. Indicaron que la bala incluso traspasó la mano de uno de los agentes, pero el proyectil siguió su trayectoria hasta incrustarse en la cabeza del detenido.

Por su parte, los deudos acusan que los agentes ministeriales podrían haberle causado la lesión que cobró la vida a Gregorio, por lo que exigen que el caso se investigue como homicidio y que de esa manera se confirme si se trató de un asesinato o un suicidio.

Tras la misa de este día, partieron rumbo al panteón de esa misma junta para darle el último adiós al trailero Gregorio.

Cabe señalar que el mismo fiscal Higuera Bernal en una entrevista durante los festejos patrios, confirmó que se estaban llevando a cabo las investigaciones para deslindar responsabilidades, pero adelantó que todo apuntaba a una autoagresión y aún así se verificaría el grado de responsabilidad de los agentes ministeriales por el mal manejo del protocolo en la detención.

Al grito de “Justicia, justicia”, más de un centenar de familiares, amigos y conocidos despidieron este día a Gregorio, el hombre que murió tras ser detenido por agentes ministeriales en inmediaciones de la colonia Santa Lucía el miércoles pasado.

Gregorio, de 35 años de edad, de ocupación trailero, dejó en el abandono a su esposa y cuatro hijos de 16, 13, 12 y 5 años de edad, de quienes él se hace cargo en su totalidad.

Esta mañana, salió el cortejo fúnebre de donde tenía su domicilio en la colonia Santa Lucía, al sur de la ciudad, encabezado por el ataúd con los restos de Gregorio arriba de la plataforma del trailer que por varios años manejó a lo largo del país.

Así llegaron poco después a la iglesia del barrio de Guadalupe Tlatelpa en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan, donde un sacerdote ofició misa de cuerpo presente.

Al final de la eucaristía, Martha, la hoy viuda, acompañada de sus cuatro hijos, en breve entrevista con EL SOL DE PUEBLA, exigió justicia, pues asegura que hasta el momento la Fiscalía General del Estado no le ha entregado el resultado de la autopsia, por lo que desconocen la causa exacta de muerte de su esposo Gregorio.

La mujer, antes de romper en llanto pidió justicia al fiscal Gilberto Higuera Bernal y también solicitó la intervención del gobernador Miguel Barbosa Huerta para que se aclaren los hechos, pues aseguró que hasta el momento desconoce qué fue lo que ocurrió.

La fémina recordó que únicamente vivió el momento en que al ir por uno de sus hijos a la escuela de esa misma colonia, el miércoles pasado y alrededor de las 12:30 horas, de momento llegaron cuatro personas y se llevaron a Gregorio en una camioneta cerrada, tipo Jeep Compas, gris.

De acuerdo con fuentes extraoficiales, Gregorio fue abordado a una patrulla y exigió su derecho a realizar una llamada, marcó a su esposa y le dijo que lo llevarían a las instalaciones de la FGE ubicadas en la 25 Oriente.

Sus familiares fueron a esas instalaciones poco después, pero acusan que no les dieron ningún tipo de información hasta las 19:30 horas, cuando un agente manchado de sangre salió a decirles que Gregorio había sido llevado al Hospital General del Sur por un impacto de bala que recibió.

Asustados y muy molestos, los familiares fueron hasta dicho nosocomio, en donde les indicaron que Gregorio había muerto cerca de las 19:15 horas. La causa de la muerte fue un impacto de arma de fuego en la cabeza.

Sobre lo ocurrido hay dos versiones. Fuentes del interior de la Fiscalía General del Estado indicaron que tras la detención de Gregorio, por el delito de Homicidio Culposo (un hecho de tránsito) los agentes que efectuaron la aprehensión no siguieron de manera puntual los protocolos y no lo revisaron de manera completa. Gregorio habría llevado un arma de fuego (tipo pluma) oculta entre sus ropas, cuando pidió hacer la llamada a la que tenía derecho quedó con las manos libres y en ese momento habría tomado el arma que llevaba oculta y se disparó en la cabeza.

Las mismas versiones policiales indicaron que los agentes intentaron impedir que Gregorio se disparara, pero no lo consiguieron. Indicaron que la bala incluso traspasó la mano de uno de los agentes, pero el proyectil siguió su trayectoria hasta incrustarse en la cabeza del detenido.

Por su parte, los deudos acusan que los agentes ministeriales podrían haberle causado la lesión que cobró la vida a Gregorio, por lo que exigen que el caso se investigue como homicidio y que de esa manera se confirme si se trató de un asesinato o un suicidio.

Tras la misa de este día, partieron rumbo al panteón de esa misma junta para darle el último adiós al trailero Gregorio.

Cabe señalar que el mismo fiscal Higuera Bernal en una entrevista durante los festejos patrios, confirmó que se estaban llevando a cabo las investigaciones para deslindar responsabilidades, pero adelantó que todo apuntaba a una autoagresión y aún así se verificaría el grado de responsabilidad de los agentes ministeriales por el mal manejo del protocolo en la detención.

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