En medio del sollozo y la indignación de haber sido víctima de diversas violatorias a sus derechos humanos, este martes, la pareja detenida por la muerte de un presunto ladrón en la unidad habitacional La Margarita, fue puesta en libertad ya que una jueza de control calificó de ilegal su arresto. Además, la togada ordenó girar oficio al fiscal general del Estado para que se investigue a quienes participaron en la detención de los exculpados, así como del hoy occiso.
De acuerdo con la información revelada en la audiencia oral y pública, misma en la que estuvo presente El Sol de Puebla, todo comenzó el pasado 7 de septiembre alrededor de las 17:43 horas, cuando policías municipales hacían un recorrido de vigilancia y de pronto, recibieron una llamada del 911 para que se dirigieran a la avenida Blas Chumacero, esquina con plaza del Tulipán, ya que ahí había un detenido por intento de robo a transeúnte.
A su llegada, los policías municipales interactuaron con una mujer (Alejandra N, de 38 años de edad), la cual señaló que su novio (Miguel Ángel N, de 44 años) había detenido a un sujeto (Guadalupe N), quien intentó robarles.
Posterior a lo manifestado por Alejandra, los oficiales notaron que Miguel Ángel se encontraba encima de Guadalupe, reteniéndolo para que no escapara.
Por lo anterior, los policías solicitaron refuerzos, además de que le indicaron al varón de 44 años de edad que se levantara. Tras obedecer las indicaciones de los uniformados, Miguel Ángel señaló que quería proceder en contra del sujeto que le pegó.
Luego del arribo de los refuerzos, se observó que el acusado presentaba múltiples golpes, pero además, estaba atado de pies y manos, por lo que fue desatado y asegurado, tornándose violento en contra de los uniformados municipales.
Ante los hechos, Alejandra y Miguel Ángel, así como Guadalupe, fueron llevados a bordo de dos patrullas a Rancho Colorado, los dos primeros en calidad de víctimas y el tercero, como acusado de golpear y maltratar a una persona.
Una vez frente a las autoridades, Miguel Ángel aseguró que al salir de la casa de su novia en la unidad habitacional La Margarita, el sujeto ahora identificado como Guadalupe, le dio un puñetazo en la cara, por lo que tuvo que repeler la agresión, de tal manera que él junto con su novia, pidieron ayuda para controlarlo, siendo un taxista el que los apoyó.
Fue así como aproximadamente a las 6:23 horas del 7 de septiembre, se dio inicio al trámite para la puesta a disposición de Guadalupe ante el Juez Calificador. Sin embargo, en ese instante, el detenido manifestó sentirse mal, por lo que fue llevado al área médica de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPMT); dos metros antes de llegar, el acusado se desvaneció, cayendo al suelo, donde refirió que quería denunciar porque lo habían golpeado, sin especificar nombre, características o hacer un señalamiento directo.
Tras la confirmación de la muerte de Guadalupe por parte de los paramédicos de SUMA que llegaron a Rancho Colorado, los oficiales del municipio indicaron a las víctimas, Alejandra y Miguel Ángel, que ahora su situación legal había cambiado y que se encontraban acusados de homicidio, por lo que serían remitidos ante el agente del Ministerio Público, autoridad que posteriormente judicializó el caso.
No obstante, frente a la juez de la causa y después de la narración de hechos por parte de la representación social, la defensa de los acusados de homicidio resaltó varios puntos: el primero fue el vacío en el informe policial homologado de los policías aprehensores, quienes no señalan qué pasó con la pareja detenida de las 8:33 am a las 11 am del 8 de septiembre; el segundo tema fue el hecho de que Alejandra y Miguel Ángel, durante el tiempo que estuvieron retenidos, no contaron con asesoría jurídica; un tercer punto es el que la ahora víctima mortal, jamás indicó quién o quiénes lo golpearon, por lo que no hubo un señalamiento directo.
Finalmente, el abogado particular recalcó que, en la narración de hechos del Ministerio Público, no se indica que sus clientes hubieran golpeado a Guadalupe ni la participación específica de Alejandra, por lo que incluso se estaría incurriendo en el delito de privación ilegal de la libertad.
Una vez escuchadas ambas partes, la jueza coincidió en que las autoridades que intervinieron en el arresto de Guadalupe y posteriormente en la de Miguel Ángel y Alejandra, incurrieron en varias violaciones a los derechos humanos, desde el hecho de que al momento de acudir a la unidad habitacional La Margarita, los policías no esperaron la llegada de una ambulancia para privilegiar el derecho a la salud del detenido, hasta la laguna existente en el informe policial homologado respecto a la ubicación de la pareja acusada de homicidio.
Aunado a lo anterior, la jurista consideró que no hubo investigación por parte del agente del Ministerio Público, además de que este jamás especifica la causa de muerte de Guadalupe, ignorándose si fueron los golpes o una causa distinta la que provocó el deceso del acusado de lesiones e intento de robo.
Por tal motivo, la jueza calificó de ilegal la detención de Miguel Ángel y Alejandra, ordenando su inmediata libertad, no obstante, ordenó girar oficio al encargado de despacho de la Fiscalía de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, para la investigación de los policías y también cumplir con el esclarecimiento de los hechos, además de que el abogado de la pareja liberada solicitó que también se girara oficio a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia.
Ante el dictamen de la jueza, familiares y amigos de la pareja acusada no dudaron en mostrar su alegría, pero a la vez también su enojo por las violatorias que se cometieron en el caso.