La Fiscalía General del Estado investiga una red de corrupción tras el arresto de José Luis N, presidente del Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, quien se convirtió en el primer funcionario en caer en la nueva administración estatal, al ser acusado de los delitos de abuso de autoridad y extorsión en agravio de una abogada. Este martes, el magistrado presidente fue vinculado a proceso.
Tras cumplirse la duplicidad del término constitucional de 144 horas que el acusado solicitó a un juez de control para que se determinara si quedaría o no sujeto a investigación, este 24 de septiembre se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso en contra de José Luis N.
Pese a que el equipo de defensa del exfuncionario señaló algunos errores e inconsistencias en la declaración de la víctima de nombre Jaqueline, quien representa a más de 60 trabajadores despedidos durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, el juez de la causa halló suficientes datos de prueba que hacen suponer la participación del acusado en la exigencia de un “moche” de 100 mil pesos para liberar cada uno de los cheques de los afectados y que se encuentran en proceso de autorización.
Además de las entrevistas a posibles testigos, del examen sociológico aplicado a la agraviada, inspección a la oficina del presidente magistrado, la presentación de un audio y otras diligencias, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción destacó que ya se investiga una red de corrupción debido a que varias personas habrían ayudado o colaborado en las presuntas actuaciones ilícitas del detenido.
Por lo anterior, el jurista a cargo de la audiencia resolvió vincular a proceso a José Luis N, prevaleciendo sobre él la medida cautelar de prisión preventiva necesaria por lo que continuará en el Cereso de San Miguel hasta que se resuelva su situación jurídica. Asimismo, el togado concedió tres meses para investigación complementaria para la aportación de pruebas en el caso por ambas partes.
Es de recordar que la tarde del pasado 18 de septiembre, mediante de orden librada por un juez, el exfuncionario fue detenido por agentes ministeriales.
Lo anterior obedeció a que el pasado 3 de septiembre a las 21:30 horas, la víctima denunció a José Luis N, por los delitos de abuso de autoridad y extorsión, iniciándose la carpeta de investigación número 465/2019, misma en la que se asentó que el presiente del Tribunal de Arbitraje habría obligado y amenazado a una abogada para entregarle un “apoyo” de 150 mil pesos ya que por temor a ser despedido con la llegada de la administración barbosista, “debía aprovechar”, según la declaración de la denuciante.
Como este medio lo dio a conocer, en la audiencia del 19 de septiembre de este año, se dio a conocer por parte de la representación social que el 28 de junio a las 11 horas, Jaqueline junto con su pasante se encontraba en el Tribunal de Arbitraje con domicilio en la calle 20 Sur, número 902 de la colonia Azcarate para checar los expedientes de sus representados.
No obstante, el día 4 de julio de 2019, fecha en la que se cobraría el cheque de uno de los afectados, José Luis N, se acercó a la abogada para preguntarle si deseaba contribuir con un donativo o incentivo de 100 mil pesos por cada asunto, ya que así era con todos los litigantes tanto en el Tribunal de Arbitraje como en las Juntas Especiales.
A decir del Ministerio Público, la litigante cuestionó que, si ella no accedía a tales peticiones, qué pasaría, a lo cual, José Luis presuntamente respondió amenazándola, diciéndole que, si no lo hacía, él podía bloquearla en Finanzas para que no le pagaran, pero, además, le aplicarían descuentos de ISR, se perdería su expediente entre otras cosas.
Pese al amago del funcionario, Jaqueline se negó a darle dicho dinero, por lo que, con posterioridad, notó que el cheque de una de sus clientas llegó con el descuento de 256 mil pesos, sin que se especificara o sustentara tal acción.
Aunque la abogada preguntó a otros trabajadores del Tribunal de Arbitraje sobre dichos descuentos, todos coincidieron en decir que lo checara con “El manitas Ayala”, es decir, con José Luis, quien el pasado 11 de julio, se llevó hacia su oficina, ahora sellada, a Jaqueline, a la cual le dijo que dejara de “lloriquear”, que, si ya había pensado mejor las cosas, pues él le podía poner fecha a sus asuntos. Tras verse acorralada, la abogada cedió, y al final, en dos entregas, una de 100 y otra de 50, la litigante acabó por entregarle al acusado un total de 150 mil pesos, según se dijo en audiencia.
No obstante, para el detenido, lo anterior no fue suficiente ya que le manifestó a la hoy denunciante, que ya le debía 300 mil pesos, ante lo cual, cada ocho días podía darle 50 mil pesos, recordándole que sus asuntos estaban en sus manos.
Fue así como a través de mensajes de WhatsApp, la agraviada recibió dos cuentas bancarias a las cuales podía depositar o transferir el dinero de la extorsión, entre ellas, una que, a decir de la representación social, aparecía como beneficiaria Raquel N, secretaria general del Tribunal de Arbitraje.
Aunque algunos cheques liberados a favor de los representados de Jaqueline salieron sin deducciones, al final, después de que la mujer no pudiera dar más dinero de su bolsillo, los cheques continuaron llegando con descuentos, en este caso, un cheque de más de un millón de pesos, reflejó una deducción de 118 mil pesos, lo cual ya no toleró Jaqueline, por lo que esta optó por hablar a solas con el entonces magistrado presiente del Tribunal, pero ahora grabándolo para que quedara registro de la plática.
En este sentido, durante su declaración previa ante el agente del Ministerio Público, la mujer aseguró que el funcionario no solo la amenazó de muerte, sino que también le dijo que la verdad, él creyó que lo despedirían con la llegada de la nueva administración por lo que debía aprovechar, además de que él era muy influyente y mucha gente le debía favores, por lo que no le podían hace nada en caso de que ella decidiera acusarlo. Incluso, el detenido la noche del pasado 18 de septiembre, resaltó que él no podía salir manchado ya que nunca firma los acuerdos, siendo otra persona la que los firma.
Por todo lo anterior, a José Luis N, se le imputaron los delitos de abuso de autoridad y extorsión, en agravio de la sociedad, así como de Jaqueline, quien agregó ante la autoridad competente la existencia de un trascendido respecto a que el funcionario acosaba a su personal femenino, al cual incluso le pellizcaba los glúteos, sin que se aportara más sobre el tema.
