Juez federal protege a Francisco Romero Serrano ante posible arresto por violencia familiar

En caso de existir alguna orden aprehensión por otro delito, el actual titular de la Auditoria Superior del Estado de Puebla sí sería detenido

Paulina Gómez| El Sol de Puebla

  · jueves 6 de enero de 2022

Francisco Romero Serrano y su esposa Joselyn Zurita. Foto: Captura de Pantalla

El titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE), Francisco José Romero Serrano,, no podrá ser detenido por el delito de violencia familiar luego de que se concediera la suspensión de dicho acto judicial, sin embargo, la justicia federal decidió no protegerlo contra otras posibles órdenes de aprehensión que otras autoridades pudieran emitir.

A través del expediente 1210/2021 radicado en el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla se indica la resolución a la que el 5 de enero, la autoridad federal llegó durante la audiencia incidental que se aplazó desde diciembre de 2021.

En este sentido, el juez quinto de distrito concedió a Francisco José Romero la suspensión definitiva contra los actos que reclama a los jueces de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Cholula, Puebla y Titular de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla, consistente en la orden de aprehensión librada por el delito de violencia familiar.

Sin embargo, negó la suspensión definitiva contra otros actos reclamados contra otras autoridades, de tal forma que el amparo en forma, se resolverá en la audiencia constitucional el día 12 de enero.

No obstante, para que la suspensión concedida siga surtiendo efecto, al auditor del estado se le exigió una garantía económica de 30 mil pesos.

Entre las obras que están bajo la lupa se encuentra el Museo Internacional Barroco. Foto: Archivo | El Sol de Puebla

A finales de diciembre de 2021 salió a la luz pública la orden de aprehensión librada por una juez en contra de Francisco Romero Serrano por el delito de violencia familiar, y aunque el funcionario estatal negó la existencia de dicho mandamiento judicial, días antes de que se supiera sobre ello, ya había tramitado un amparo.