En Puebla, el 57.69 por ciento de personas privadas de la libertad, por delitos de fuero común y federal, continúan sin recibir una sentencia. Es decir, de los ocho mil 519 reos que hay en la entidad, cuatro mil 915 están encerrados sin que se compruebe si son culpables o inocentes, reveló el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional en su último reporte, correspondiente a febrero de 2023.
A decir de Rodolfo Tadeo Luna De La Mora, académico de la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Iberoamericana Puebla, lo anterior refleja un abuso en la utilización de la prisión preventiva en el estado, el fracaso que persiste en la impartición de justicia y una grave violación a los Derechos Humanos de los procesados, ya que gran parte de ellos esperan años para recibir una sentencia.
De acuerdo con la última edición de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el 2021 el 48.5 por ciento de prisioneros recibió una sentencia después de dos años o más, cifra que superó el promedio nacional de ese mismo año, que fue del 22.7 por ciento.
De acuerdo con el documento, durante el 2021 únicamente el 7.6 por ciento de personas privadas de la libertad recibió una sentencia en menos de seis meses, situación que se ha replicado hasta ahora, aseguró Luna De La Mora.
Por si eso fuera poco, el Cuaderno reveló que la entidad poblana se sitúa en los tres primeros lugares a nivel nacional con mayor sobrepoblación en sus 22 centros penitenciarios, rebasando por dos mil 152 personas privadas de la libertad su capacidad de seis mil 367 espacios.
El académico expuso que el abuso de la prisión preventiva en Puebla no desencadena únicamente en hacinamiento penitenciario, sino también genera violencia por el encierro en malas condiciones, la dificultad para mantener el control al interior de estos Centros y desigualdades.
“Que más de la mitad de personas privadas de la libertad en Puebla estén sin sentencia nos habla del abuso de la prisión, incluso con fines político electorales, por querer dar la imagen que se detiene a muchas personas con la falsa idea de favorecer la seguridad (…) tantas personas procesadas nos hablan del fracaso en la impartición de justicia”, señaló.
Aunque Puebla es de los principales estados de México con este problema, el resto del país ha replicado el hacinamiento ante la falta de sentencias. Por esta razón, y de manera histórica, el pasado 12 de abril la Corte Interamericana de Derechos Humanos (órgano encargado de defender estas libertades en América) ordenó al Estado mexicano eliminar la figura de la prisión preventiva oficiosa de los códigos penales, por considerarla una violación a los Derechos Humanos.
Con este mandato, el Estado mexicano se verá obligado a modificar el artículo 19 de la Carta Magna, donde señala que la prisión preventiva será tomada como alternativa única para atender la acusación de delitos, cambio que, de acuerdo con la Corte, deberá ser vigente en todo el país.
Abuso de la prisión preventiva afecta Derechos Humanos
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el documento La Sobrepoblación en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana, el hacinamiento ante la falta de sentencias vulnera los derechos al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la dignidad e igualdad, a un trato humano, a la rehabilitación y reinserción social, a la gobernabilidad y seguridad institucional y a la integridad personal.
“El hacinamiento, aumenta las fricciones y los brotes de violencia entre los reclusos, propicia la propagación de enfermedades, dificulta el acceso a los servicios básicos y de salud de las cárceles, constituye un factor de riesgo”, señaló el documento.
Al igual que la CNDH, Luna De La Mora coincidió en que la falta de prontas sentencias en la entidad produce la falta de espacios e incremento de violencia al interior de las cárceles, limitación o rompimiento de las relaciones con el exterior, así como la falta de oportunidades de reinserción social. “Puebla es de los estados con las peores cárceles del país”, opinó.
Acusó que, aunque el propósito de la prisión preventiva es la reinserción social, ocurre lo contrario. “Al encerrar a una persona, sea culpable o inocente, se rompen sus relaciones sociales y familiares”, insistió.
Además, el problema no radica en el entorno exterior del prisionero, pues al interior de estos Centros debe enfrentarse a diversos padecimientos, provocados por el propio hacinamiento, como ansiedad, depresión y “la escuela del crimen”, pues aprenden a relacionarse con otras realidades.
“La familia también sufre”, dijo el especialista, debido a que, las consecuencias no derivan únicamente en los prisioneros, sino también en quienes se quedaron sin su sustento económico por este fenómeno.
“La mala procuración de justicia y la poca eficacia de los sistemas legales produce que haya tantas personas en prisión, si se utilizaran otras medidas alternativas no tendríamos sobrepoblación penitenciaria”, afirmó.
Problema se agudiza en las mujeres
Del total de personas privadas de la libertad en Puebla, el 57.13 por ciento de hombres está a la espera de recibir una sentencia, sin embargo, este problema se agudizó para las mujeres, pues de acuerdo con las cifras oficiales, el 64.78 por ciento de ellas está encerrada sin saber si son culpables o no.
“El sistema termina por ser perverso sobre las mujeres (…) que haya más, proporcionalmente, en prisión preventiva que sentenciadas respecto a los hombres, habla de que claramente hay un sesgo cultural y un pacto patriarcal en el sistema”, refirió el especialista.
Luna De La Mora urgió a atender el sistema penitenciario al que se enfrentan las encarceladas en Puebla. Para reforzar este llamado, retomó la recomendación emitida por la CNDH el 23 de septiembre de 2019 al entonces gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, donde sugirió analizar y reparar las deficiencias que vulneran los derechos de las reclusas en los 22 Centros Penitenciarios de la entidad, así como la aceleración de sus sentencias.
En el documento, la CNDH expuso que, además de que no existen cárceles exclusivas para mujeres, se registran en estos espacios diversas anomalías durante su espera, entre ellas, la falta de personal de supervisión, de espacios y de condiciones dignas y seguras.
“Hay áreas dentro de las prisiones donde hay mujeres, pero se trata de instituciones para hombres donde se brindan espacios, generalmente los menos adecuados, para que también haya ahí mujeres”, lamentó el académico.
Aclaró que lo anterior no significa que el sistema legal en Puebla sea machista, sino que la masculinización y la cultura patriarcal permea la estructura penitenciaria, ejemplo de la urgencia y la fractura en la garantía de la impartición de justicia para las personas privadas de la libertad, especialmente para las mujeres.
