La discusión del cobro de Derecho por Alumbrado Público, que tiene en Morena a su principal bloque opositor, ha sido extendida en el Congreso del Estado, de manera que, un asunto que se anticipaba resuelto para este viernes continuará en el debate público unos días más, presumiblemente hasta mediados de la próxima semana.
Obligados a ir a fondo en el análisis de la situación debido a la polémica suscitada, los diputados locales encargados del asunto descubrieron que ese impuesto disfrazado de derecho, o viceversa, ha sido cobrado por la Comisión Federal de Electricidad de manera ilegal en por lo menos una centena de municipios poblanos, durante muchos años.
Así, un tema que públicamente estalló como una iniciativa del presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, para hacerse de más recursos en su administración, ha traspasado la capital y expuesto una problemática que existe en más de la mitad de los ayuntamientos poblanos.
Mientras Rivera Pérez batalla tardíamente a través de Ana María Jiménez Ortiz y Pablo Montiel Solana para explicar los presuntos beneficios de la eventual aprobación de ese derecho, los representantes de los principales partidos políticos asentados en el Poder Legislativo prendieron la luz de alarma para informarle a los presidentes municipales lo que ocurre en sus demarcaciones.
Estos legisladores, con Sergio Salomón Céspedes Peregrina, de Morena; Jorge Charbel Estefan Chidiac, del PRI, y Eduardo Alcántara Montiel, del PAN, a la cabeza del grupo, reportaron al Ejecutivo los detalles de su descubrimiento y obligaron a prolongar el estudio del problema para evitar un conflicto mayor en el futuro.
La confrontación política pasará de momento a un segundo plano.
Ahí esperarán el dirigente de Morena, Aristóteles Belmont Cortés, cinco diputados locales y los cuatro regidores del Cabildo de Puebla, todos militantes de ese mismo partido, que se han negado abiertamente a avalar una medida que consideran opuesta a los principios de la cuatroté.
En su lugar comenzará un análisis técnico-jurídico-financiero que incluirá la participación de los 217 presidentes municipales del estado, quienes en conjunto con los diputados y representantes de la administración estatal buscarán llegar a un acuerdo que les permita actuar de la mejor manera posible.
Ayer mismo, el director general de Gobierno de la Secretaría de Gobernación estatal, Julio Miguel Huerta Gómez, comenzó a comunicarse con los ediles para convocarlos a una reunión que se llevará a cabo este fin de semana.
El cónclave de alcaldes, mujeres y hombres, así como de legisladores e integrantes del gabinete barbosista se realizará el sábado por la tarde, en un lugar todavía por definir.
Así es como ha crecido un asunto que en principio parecía de mero trámite.
Ya no es solo un problema de Eduardo Rivera y su interés por hacerse de 150 millones de pesos adicionales por año, sino de una acción ilícita que se ejecuta desde la Comisión Federal de Electricidad con la complicidad aparentemente desinformada de los ayuntamientos.
No se trata de un asunto menor.
Todos los que aplican el DAP son copartícipes de la paraestatal que dirige el exgobernador Manuel Bartlett.
El lunes habrá resultados.
O eso es lo que se espera.
Mientras, el desenlace del debate sobre una eventual aplicación del pretendido cobro, con el visto bueno de los diputados, se mantendrá en suspenso.
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