Son tres los factores mundiales en acción en esta pandemia: 1) Están cambiando las reglas del juego; 2) La gente está ya más consciente y 3) Está llegando la hora en que todos estaremos involucrados. En efecto, en muchos países los ciudadanos se están revelando a las imposiciones restrictivas de sus gobiernos pretextando su libertad. En México, bajo el lema de abrir o morir y con los cacerolazos se percibe ya, no tan solo el descontento, sino la rebeldía en contra de los cierres ordenados por decreto.
Y me pregunto a propósito de esto, ¿cuál es el fundamento jurídico del gobierno para ordenar los cierres? Su argumento manejado en todo momento es la emergencia sanitaria, y con ello ha hecho y deshecho la economía y los trabajos. Pero veamos: el concepto emergencia apareció en el acuerdo general emitido por el Consejo de Salubridad general el 30 de marzo del 2020, por el que se declara como Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de Covid-19, y el 31 de mayo del 2020 el Secretario de Salud emitió un acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria, ordenando la suspensión de actividades no esenciales.
Ahora bien, con motivo de la pandemia de gripe A (H1N1) del 2009, el presidente Calderón envió al Congreso una iniciativa de ley para agregar un artículo a la Ley federal del Trabajo (42 bis), para suspender las labores en caso de contingencia sanitaria, y así, con ese término se manejó en todo momento esa pandemia. Ahora el término es emergencia, que no tiene referente en la legislación sanitaria y laboral, pero que definitivamente sí afecta y mucho a la sociedad y a la economía. Resulta que el gobierno cambió el concepto legal de contingencia por el de emergencia, con la sola finalidad de que no se aplicaran las disposiciones de suspensión de las relaciones laborales y sus consecuencias, en caso de prolongarse, con los despidos a los trabajadores. Esto fue bueno, en principio, para los trabajadores, pero no así para los empleadores y las empresas que se vieron obligadas a pagar los salarios del personal aun permaneciendo cerradas. Con ello, se forzó la economía y se obligó en la práctica a realizar convenios particulares con los trabajadores para pagarles un 50% del salario sin trabajar, en el mejor de los casos, ya que muchos optaron por el despido.
La conclusión es inevitable, estamos atravesando también por otra pandemia: la económica, que ha cerrado negocios grandes y pequeños, y como consecuencia, acabado con fuentes de trabajo. El panorama futuro a corto plazo es ominoso, y a largo plazo la economía no se repondrá en lo que resta del sexenio actual. Valdría la pena contemplar la posibilidad del estado de excepción por parte del gobierno federal y enfrentar clara y abiertamente nuestra realidad, para encararla conjuntamente con la iniciativa privada y los sindicatos, fijando medidas tanto de salud, como económicas y legales que permitan a todos un respiro, y no continuar con esta política a medias en donde solo se perjudica a la sociedad para administrar las estadísticas.
Debe haber un golpe de timón, y todos, gobierno y ciudadanía apretarse el cinturón. Atender la pandemia sin gateladas. Proveer de insumos y medicamentos a los hospitales institucionales; controlar y sancionar los abusos de los hospitales privados y las farmacéuticas y sancionar a los especuladores de oxígeno; dar incentivos fiscales a las empresas para mantener la planta productiva; establecer el pago de un salario solidario entre gobierno, empresas y sindicatos; reducir las jornadas laborales; implementar un verdadero home office con pagos justos de salario y derecho a la desconexión y a la intimidad; suspender las obras emblemáticas del gobierno para redistribuir el gasto hacia la planta productiva, etc.
Llegó la hora de actuar TODOS.
