Una duda quedó sembrada en la clase política local, donde confluyen personajes de todos los colores y sabores y de todas las ramificaciones generacionales, una vez que los diputados de la mayoría morenista y sus aliados aprobaron la reforma constitucional para eliminar el fuero del gobernador, el auditor superior del estado, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los propios legisladores.
¿Quitar el fuero a estos personajes obedece a un genuino interés del gobernador Luis Miguel Barbosa por obsequiar un poco de equidad a ciudadanos mundanos frente a los poderosos servidores públicos, lo ha hecho, como alertan académicos y empresarios este día en las páginas de EL SOL DE PUEBLA, para contar con un arma política adicional en contra de sus detractores, o para ajustar cuentas con algunos de los funcionarios del pasado que hasta esta semana gozaban de inmunidad constitucional?
Por supuesto, los legisladores afines al régimen en el poder argumentan la primera de las motivaciones y recurren a las promesas que hiciera Miguel Barbosa en campaña para confirmar su dicho, que se trata de una medida que tiene como única finalidad dotar de mayores elementos de fuerza y equidad a la justicia.
El propio gobernador usó ese razonamiento en su conferencia de prensa mañanera este jueves, donde no solo celebró la acción de los 28 legisladores locales que aprobaron la reforma, de 41 que integran el Congreso del Estado, sino que insistió en la puesta en marcha de una nueva etapa democrática para el estado, donde poco a poco, según esto, se irán eliminando los privilegios de la clase gobernante.
Sin embargo, ya sabe usted que en esto de la política siempre hay “peros” y “asegunes”, o pelos en la sopa, para decirlo de manera más coloquial, el mismo Barbosa realizó una expresión que obliga a pensar en una reforma con dedicatoria para algunos de los morenovallistas que hoy continúan, aunque sea agazapados, en el ejercicio del poder.
Para evitar malas interpretaciones y una eventual carta aclaratoria vayamos a las palabras textuales del gobernador:
“Vamos a instalar en Puebla toda una etapa de vida democrática donde el poder tiene que tener sus controles, tiene que ser ejercido con mucha responsabilidad, y los servidores públicos tienen que actuar conforme a sus atribuciones, y no debe verse que están refugiados en un puesto de parlamentarios, de magistrados”.
Eso manifestó en una primera instancia, sin desatar la imaginación del respetable.
Inmediatamente después, no obstante, dio pie a la especulación:
“Porque también por ahí hay cosas, gente que dañó mucho a Puebla y que ahora están ahí, de magistrados”.
Las palabras del gobernador Barbosa pueden leerse entre líneas si se retoman las murmuraciones de los colaboradores que lo acompañan en la administración pública.
¿A qué magistrado del Poder Judicial le pudo haber mandado ese mensaje?
¿Quién o quiénes de los que se hicieron magistrados en el periodo morenovallista, que comprendió casi ocho años, fueron servidores públicos en el Poder Ejecutivo antes de brincar al Poder Judicial?
Y de los diputados locales, ¿quiénes se encuentran en la misma condición?
Puede ser que Barbosa haya promovido la reforma constitucional para anotarse un punto a favor en la historia democrática del estado.
Pero, de que ha abierto una puerta para ajustar cuentas con personajes del pasado, como ansía desde que llegó al poder, para mostrarle cabezas a los ciudadanos que votaron por Morena, ni duda cabe.
Los nervios estarán alterados a partir de este fin de semana en el Poder Judicial.
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