El destino del todavía presidente municipal de Tehuacán, Felipe Patjane Martínez, fue definido desde las catacumbas del poder semanas antes de que rindiera su primer y, ahora sabemos, último informe de gobierno.
La gestión del alcalde morenista era tan mala, se decía en alguna de las oficinas de Casa Aguayo, que habría que sacarlo de ahí, a como diera lugar, para impedir dos fenómenos de consecuencias negativas: que la crisis ya evidente en el municipio se desbordara y que los eventuales electores castigaran con su voto al Movimiento Regeneración Nacional en los siguientes procesos electorales.
Así se acordó que sería hasta después del informe, muy probablemente en la segunda quincena de octubre, cuando se procedería a ejecutar el plan.
El objetivo era convencer a Patjane de retirarse voluntariamente del ayuntamiento, no enviarlo a prisión, pero la negativa del edil para concretar un acuerdo de mutua conveniencia para las partes obligó al grupo en el poder a modificar la ruta, a dejar que fuesen las condiciones jurídicas las que siguieran su curso natural para lograr la meta.
Operadores políticos del barbosismo fueron varias veces a Tehuacán para hablar de manera directa con el presidente municipal, para informarle lo que estaba por ocurrir y para invitarlo a retirarse en paz, sin resistencias.
Se sabe que al principio de los acercamientos habría dicho que sí, que se marcharía a cambio de que no le molestaran después, pero más adelante comenzó a mostrar rechazo a la petición, hasta que se desentendió de los llamados y rompió la comunicación con sus interlocutores.
Ante ese escenario, los operadores enviados desde la ciudad de Puebla fueron con los integrantes del Cabildo y otros miembros de la administración municipal para ponerlos en contra del edil morenista, para forzar la salida por otras vías, como al final ocurrió.
Mientras el Poder Judicial determina la situación jurídica de Patjane, el Congreso del Estado, en manos de Morena y sus partidos aliados, pospone el uso de la otra guillotina que pendía sobre la cabeza del tehuacanense caído en desgracia: el proceso de revocación de mandato.
El acontecimiento tendrá implicaciones políticas en el resto del estado.
Claudia Rivera Vivanco, desde la capital, expuso ayer mismo que el encarcelamiento de su homólogo es un mensaje para los demás alcaldes, pero no un mensaje que advierta que así les irá a quienes se opongan a los designios del gobernador, sino a quienes cometan actos de corrupción.
Unos creerán eso que respondió Rivera Vivanco y otros no.
Usted qué piensa.
¿Habrá más ediles encarcelados o desterrados en el futuro?
Y en caso de haberlos, ¿los habrá por motivaciones estrictamente jurídicas y no políticas?
Por ahí se irá el debate.
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La junta de “notables” que se llevaría a cabo este martes para establecer la terna de candidatos que competirán por la Auditoría Superior del Estado en la fase final se retrasó un día.
Parece que los diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo requerían más tiempo para llegar con sus propuestas definitivas, por lo que aplazaron para el miércoles (hoy) la encerrona que habían acordado antes de irse al Buen Fin.
Gabriel Biestro Medinilla, que debe ser el más estresado de los legisladores por estar al cuidado de los intereses políticos del gobernador Luis Miguel Barbosa y Morena, les mandó a decir a sus compañeros de la junta de gobierno que posponía la reunión.
El cónclave de los 10 diputados se realizará este día en punto de las tres de la tarde.
Eso significa que si se cuenta usted entre los interesados en arribar al órgano fiscalizador todavía tiene unas cuantas horas para tratar de sacar provecho para su causa, ya sea acercándose al gobernador Barbosa –si puede— para jurarle fidelidad a él y a los ideales de la 4T o enderezando grillas de último momento en contra de sus rivales, o las dos cosas.
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