Poco menos de ocho meses le quedan en el cargo al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero su estela de influencia va a marcar el presente proceso electoral y quizá también el inicio del próximo sexenio, lo anterior luego de que enviara al congreso un paquete de 20 controversiales iniciativas de reforma a la Constitución Mexicana, pero antes de analizar las más polémicas cabe resaltar que dentro de estas propuestas hay algunas cosas positivas.
Dentro de lo bueno está el reconocer a los pueblos afroamericanos o de comunidades indígenas como sujetos del derecho público, otra es reafirmar el derecho a las pensiones a partir de los 65 años de edad, además de otorgar becas a jóvenes estudiantes en situación de pobreza, prohibir el maltrato animal y la venta de drogas químicas como el fentanilo.
Ya dentro de las cosas negativas están por ejemplo revivir el plan B para desmantelar al INE, una institución que goza de altísimos estándares de aceptación y credibilidad entre el grueso de la ciudadanía por los buenos resultados dados desde su instauración en el año 2014, aunque cabe resaltar que su eficacia no es sinónimo de perfección, y aunque es evidente que hay muchas cosas en las que el árbitro debe mejorar, el problema de esta reforma electoral no pretende enmendar esas fallas, sino dejar un INE a merced del partido político de turno.
Del plan B al INE pasamos al plan C de la Suprema Corte, el cual busca principalmente que las y los ministros sean electos mediante el voto popular, cosa que actualmente no ocurre ni en las dictaduras de Cuba, Venezuela o Nicaragua, solamente en Bolivia, y el que sean electos a través de una campaña para ganar el voto de la gente implica más gasto para la ciudadanía, además de que las y los ministros estén subordinados a una agenda partidista, esto por no hablar de la realidad del país, pues el que dependan tanto de ganar una elección bajo el yugo de un partido, abre la posibilidad también de que el narco financie la campaña de un ministro.
Siguiendo con este tema bien se dice por ahí que en el nombre está el pecado, y el que nuestras y nuestros ministros sean electos por medio del voto popular implica que ganará aquel que sea más conocido y no aquel que esté más preparado, además de que esta iniciativa se siente más a una venganza personal pues la Suprema Corte se ha convertido en el principal contrapeso del poder ejecutivo, cumpliendo con lo que dicta la propia Constitución, pues se tiene la errónea idea en algunos sectores de que la Suprema Corte debe estar alineada al gobierno cuando es todo lo contrario, esta representa al Poder Judicial en la repartición de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), es decir son poderes de igual jerarquía que sirven como contrapesos entre sí para salvaguardar el control constitucional del Estado.
Al grupo de iniciativas negativas se les suma la de eliminar a los organismos autónomos como el Instituto Nacional de Acceso a la Transparencia (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Reguladora de Energía; solo por hablar de la eficacia de uno de estos organismos, es gracias al INAI que nos enteramos de los sobrecostos de esta administración en obras como el Tren Maya, el AIFA y la Refinería de Dos Bocas, además de otras polémicas como el escándalo de SEGALMEX, sucesos que dan pie a que el oficialismo pueda argumentar que este instituto está en su contra y no sirve, pero se le olvida que gracias al INAI también supimos en otros sexenios sobre la casa blanca de Peña Nieto, la estafa maestra o los contratos a los hijos de Vicente Fox
Siguiendo con la lista de desapariciones otra propuesta es la de eliminar a los diputados y senadores plurinominales, una iniciativa que gustó a mucha gente, pero no es del todo positiva, sobretodo si analizamos que fuera de los impresentables nombres que siempre aparecen en las listas de plurinominales, es gracias a ellos que grupos vulnerables como los pueblos indígenas, comunidad LGBT, feministas y la comunidad migrante, pueden tener voz y voto en el congreso para legislar en favor de su gente.
Ya para finalizar y respondiendo a la pregunta sobre si estas iniciativas serán aprobadas en el congreso la respuesta es que no todas, pues Morena y aliados requieren de una mayoría calificada (es decir dos terceras partes del congreso), cosa que no tienen actualmente y el presidente lo sabe ¿Pero entonces por qué envió las 20 iniciativas? La respuesta es simple, desviar la atención de la ciudadanía y los medios ante los escándalos más recientes de esta administración, además de encender los ánimos electorales de sus simpatizantes de cara al día de la elección para pedir el carro completo, tanto presidencia de la república como mayoría en las cámaras.
Lo anterior en base a que muchas de estas propuestas son temas ya votados en contra o declarados como inconstitucionales, por ejemplo el plan B contra el INE, la reforma energética o el mando militar en la guardia nacional, entonces para quienes no crean que esto es una cortina de humo vale la pena reflexionar, de ser tan importantes estas iniciativas ¿Por qué no proponerlas desde el principio y esperar hasta el ocaso del sexenio, en medio de una ola de escándalos y cuestionamientos?
