Mañana sábado, uno de febrero, empezará el primer periodo ordinario de este año del Congreso Federal y una de sus tareas será la aprobación de la Reforma Judicial, que empieza a generar conflictos y temores por sus alcances, que muchos aseguran tiene tintes de retroceso y limitación de libertades ciudadanas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en sus mañaneras que no la conoce e incluso responsabilizó de la propuesta al Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, aun cuando su secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y su consejero jurídico, Julio Scherer, hablaron del tema con los senadores.
Verdad o mentira, la reforma será polémica y tiene que pasar por distintos obstáculos y críticas de los legisladores y la propia sociedad.
El contenido de los borradores de una amplia reforma judicial, conocidos hasta ahora, propuesta por el gobierno federal para combatir la impunidad e inseguridad, generó preocupación entre organismos que consideran limitará los derechos humanos y las garantías individuales.
Funcionarios lopezobradoristas tenían previsto presentar la iniciativa ante el Congreso la semana pasada pero lo pospusieron hasta febrero, que empieza mañana, luego de que la agencia inglesa Reuters dio a conocer su contenido y por la falta de consenso dentro del gabinete federal.
Aún no está claro hasta qué punto se pueda modificar la reforma que contempla un nuevo Código Penal Nacional, nuevo Código de Procedimientos Penales, modificaciones a la Ley de Amparo, y cambios a la Ley de la Fiscalía General y a su reglamento.
López Obrador prometió desde su toma de protesta combatir la corrupción y la inseguridad propiciada por el crimen organizado, pero en 2019 la cifra de homicidios alcanzó un récord con 34 mil 582 casos.
Propuso la reforma después del fracaso que enfrenta el sistema de justicia penal acusatorio vigente desde 2016, con resultados donde menos del 2% de los homicidios se castigan.
Preocupan y alarman porque entre las modificaciones a 14 artículos constitucionales, se pretende ampliar el arraigo a todos los delitos y validar pruebas obtenidas de manera ilícita.
El arraigo es una figura introducida en la Constitución en 2008 para privar de libertad a personas sospechosas de pertenecer al crimen organizado.
La preocupación no queda ahí, en el borrador de iniciativa de reforma constitucional se autoriza la intervención de cualquier comunicación privada en materia de carácter electoral y fiscal, ejercicios prohibidos constitucionalmente.
Para colmo, se permite que pruebas consideradas ilícitas puedan “ser tomadas en consideración” por un juez.
Un reportaje de Reuters explica que el contenido de los borradores de la reforma judicial generó preocupación entre diversos organismos ciudadanos porque limitará las garantías individuales.
Por ejemplo, la iniciativa para reformar la Ley de Amparo busca restringir el uso de los mismos para evitar retrasar las extradiciones, algo usan lis defensores de narcos, como Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La propuesta de reforma constitucional amplía el arraigo a todos los delitos, ya no sólo a la delincuencia organizada, como actualmente.
Duplica los tiempos para realizar investigaciones en delitos por hechos de corrupción o con relevancia social. Hoy, ningún indiciado puede ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas.
Pretende permitir que las solicitudes de cateo puedan ser interpuestas ya no sólo por el Ministerio Público, sino también por “la víctima u ofendido”.
La fracción IX del artículo 20 de la Constitución mexicana dispone la “nulidad” de “cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales” como las intervenciones de comunicaciones privadas sin autorización de un juez.
Sin embargo, una de las reformas propuestas permitiría su uso “ante la existencia de una actuación ilegal en la investigación ello no suponga automáticamente la impunidad de quien posiblemente infringe la ley”.
Organizaciones defensoras de la libertad de expresión como Artículo 19 sostienen que el propuesto Código Penal Nacional unificado busca volver a incorporar delitos contra el honor: difamación, calumnia e injuria.
“A quien fuera de una contienda de obra o de palabra y con ánimo de ofender, ejecute una acción o profiera una expresión que, por su naturaleza, ocasión o circunstancia, pueda perjudicar la reputación del agraviado (…) se le impondrá de seis meses a un año de prisión y multa”, señala el artículo 486 propuesto en el Código Nacional.
Con esta reforma, temas como la presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario, serán tiradas a la basura y todos seremos culpables ante un poder inquisidor.
Hay razones, la anulación de libertades, que justifican miedos y temores ante la inminente Reforma Judicial.
De las anécdotas que se cuentan
Ocurrió el miércoles pasado en Palacio Nacional:
“Tenemos una invitada”, dijo el presidente López Obrador. La periodista Denise Dresser se levantó de su asiento, dio las gracias al Ejecutivo y se presentó: “Orgullosamente de Reforma y Proceso”.
Ella reclamó al presidente por la iniciativa atribuida al Fiscal General que pretende criminalizar la labor periodística y la libre expresión, como en el pasado.
El presidente negó injerencia alguna en dicha iniciativa y dijo que se enteró al leer la nota en el periódico El Financiero, además de que el Fiscal es autónomo y no tiene atribuciones para enviar una iniciativa al Congreso.
Denise Dresser: dijo: “Usted prometió que las peores prácticas del pasado habían terminado, pero la semana pasada se filtraron documentos de trabajo de la Fiscalía General de la República donde se proponen una serie de reformas para seguir acosando a periodistas, incluyendo revivir la difamación como un delito que podría ser castigado con cárcel, algo que ya se había eliminado después de la persecución a Lydia Cacho por denunciar la corrupción y la pederastia.
“¿Usted aquí frente a nosotros, frente al país, se compromete a que su gobierno, su partido, su movimiento, no impulsarán leyes que permitan acosar judicialmente a periodistas y perseguir a personas que no piensan como usted...?
AMLO: “Lamento mucho que me confundas con los gobernantes anteriores.
“Para empezar lo que dice no es cierto Denise, no tengo nada que ver con la supuesta reforma, el Fiscal es autónomo, y ya no es el tiempo de antes, el de la simulación, yo no estoy acostumbrado a tirar la piedra y esconder la mano, yo doy la cara, tengo diferencias con el conservadurismo, ahora que se pelean, como con el caso de Moreira, del PRI, Calderón del PAN, nada más voy a dar un dato que sí puedo probar, quien exonera a Moreira es Calderón, lo hace la Procuraduría
“Claro que sí me comprometo a no apoyar leyes que criminalicen a periodistas, la facultad de presentar iniciativas corresponden al Ejecutivo y a los legisladores (no al Fiscal)”.
El compromiso presidencial ahí está, la propuesta de Reforma Judicial también.
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