/ martes 13 de febrero de 2024

Reformas político-electorales de AMLO

@IsaacPalestinaD

El presidente, Andres Manuel López Obrador, anunció su tercer intentó de reformar el sistema político mexicano, aunque en los hechos, este ya ha sido transformado con el inicio de la Cuarta Transformación en 2018.

Podemos distinguir dos momentos en el impulso de refundación del estado mexicano, 2018 y 2021. Desde 2018 se desarrollaron diversas modificaciones para fortalecer la democracia participativa: consultas ciudadanas, revocación de mandato, presupuestos participativos, eliminación del fuero legislativo y presidencial, reducción de edad para acceder a cargos públicos, así como la reducción del presupuesto para partidos políticos y la autoridad electoral en el marco de la Austeridad Republicana, principio insignia del humanismo mexicano.

Morena perdió su mayoría en la Cámara de Diputados a partir de 2021 (51 diputados), y con ello, los planes de emprender reformas constitucionales se truncaron, sin embargo, aún así, el presidente presentó un paquete de reformas muy ambicioso que pretendía modificar al INE (Instituto Nacional Electoral) en INEC (Instituto Nacional Electoral y Consultas), así como eliminar los 32 Organismos Públicos Electorales (OPLES), por ejemplo: el IEE (Instituto Electoral del Estado-de Puebla); abaratar las elecciones, es decir, reducir la burocracia y el presupuesto público de partidos políticos, eliminar los diputados plurinominales del Congreso de la Unión y los congresos locales, entre otras cosas. Reforma que no logró los votos suficientes, entonces, se emprendió el Plan B.

El Plan B fue un conjunto de modificaciones a 6 leyes de carácter político-electoral que modificó la estructura del INE, los OPLES y los partidos políticos, que en conjunto buscaba ahorrar más de 3 mil 500 millones de pesos, y aunque fue aprobado en el Congreso de la Unión, por presiones judiciales (lawfare), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el Plan B, en clara contradicción y usurpando funciones del Poder Legislativo, a esta estrategia de boicot judicial se han sumado los Organismos Autónomos Constitucionales (OAC), enquistados por diferentes oligarquías mexicanas (académicas, económicas, políticas, familiares). El famoso Plan C es consecuencia de una ruta casuística, es decir, si A, entonces B, y por lo tanto C.

La siguiente semana en este espacio profundizaré en el Plan C, sin embargo, a iniciativa del diputado federal, Alejandro Carvajal Hidalgo, realizaremos el primero de 16 foros de reflexión sobre el paquete de reformas constitucionales, el miércoles 14 de febrero a las 10:00 am en el Café Profética, en este foro se reflexionará sobre Bienestar (Alejandro Carvajal), Democracia (su servidor) y Justicia y libertad (Ana Lluvia García Vilchis) ¡Nos vemos en la casa de la lectura!



@IsaacPalestinaD

El presidente, Andres Manuel López Obrador, anunció su tercer intentó de reformar el sistema político mexicano, aunque en los hechos, este ya ha sido transformado con el inicio de la Cuarta Transformación en 2018.

Podemos distinguir dos momentos en el impulso de refundación del estado mexicano, 2018 y 2021. Desde 2018 se desarrollaron diversas modificaciones para fortalecer la democracia participativa: consultas ciudadanas, revocación de mandato, presupuestos participativos, eliminación del fuero legislativo y presidencial, reducción de edad para acceder a cargos públicos, así como la reducción del presupuesto para partidos políticos y la autoridad electoral en el marco de la Austeridad Republicana, principio insignia del humanismo mexicano.

Morena perdió su mayoría en la Cámara de Diputados a partir de 2021 (51 diputados), y con ello, los planes de emprender reformas constitucionales se truncaron, sin embargo, aún así, el presidente presentó un paquete de reformas muy ambicioso que pretendía modificar al INE (Instituto Nacional Electoral) en INEC (Instituto Nacional Electoral y Consultas), así como eliminar los 32 Organismos Públicos Electorales (OPLES), por ejemplo: el IEE (Instituto Electoral del Estado-de Puebla); abaratar las elecciones, es decir, reducir la burocracia y el presupuesto público de partidos políticos, eliminar los diputados plurinominales del Congreso de la Unión y los congresos locales, entre otras cosas. Reforma que no logró los votos suficientes, entonces, se emprendió el Plan B.

El Plan B fue un conjunto de modificaciones a 6 leyes de carácter político-electoral que modificó la estructura del INE, los OPLES y los partidos políticos, que en conjunto buscaba ahorrar más de 3 mil 500 millones de pesos, y aunque fue aprobado en el Congreso de la Unión, por presiones judiciales (lawfare), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el Plan B, en clara contradicción y usurpando funciones del Poder Legislativo, a esta estrategia de boicot judicial se han sumado los Organismos Autónomos Constitucionales (OAC), enquistados por diferentes oligarquías mexicanas (académicas, económicas, políticas, familiares). El famoso Plan C es consecuencia de una ruta casuística, es decir, si A, entonces B, y por lo tanto C.

La siguiente semana en este espacio profundizaré en el Plan C, sin embargo, a iniciativa del diputado federal, Alejandro Carvajal Hidalgo, realizaremos el primero de 16 foros de reflexión sobre el paquete de reformas constitucionales, el miércoles 14 de febrero a las 10:00 am en el Café Profética, en este foro se reflexionará sobre Bienestar (Alejandro Carvajal), Democracia (su servidor) y Justicia y libertad (Ana Lluvia García Vilchis) ¡Nos vemos en la casa de la lectura!