Más de tres meses han pasado ya desde que Felipe Patjane Martínez fue encarcelado por presuntos actos de corrupción y Tehuacán sigue sin presidente municipal en funciones, lo que obliga a suponer dos escenarios, que el gobierno de Luis Miguel Barbosa no ha tenido (ni tiene) una estrategia clara para resolver la crisis en ese ayuntamiento, o que, de plano, no está interesado en hacerlo, y de manera deliberada ha prolongado el problema al pensar que su representante en aquella tierra, Alejandro Guerrero Martínez, un extraño en todo el sentido de la palabra, es suficiente para conducir los destinos de la segunda ciudad más importante de Puebla.
La reflexión viene a cuento por el sorpresivo anuncio que ha hecho este lunes la diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Gobernación en el Congreso del Estado, Vianey García Romero, quien adelanta en las páginas de EL SOL DE PUEBLA la inminente realización de una auditoría preventiva en el gobierno municipal de Tehuacán, a la cuenta de Patjane, con el objeto de, agárrese, así lo dijo, recabar elementos de prueba que permitan a los legisladores comenzar, sí, ¡apenas comenzar!, el proceso legal para la designación de un nuevo edil.
¿Qué dijo la diputada?
¿Apenas buscan elementos de prueba contra el presidente municipal, emanado de Morena, por cierto, cuando está en prisión desde el 19 de noviembre de 2019, hace más de tres meses, por haberse robado el dinero del pueblo, como afirmó el gobernador Barbosa en una jornada ciudadana que celebró en Tehuacán el 30 de diciembre de ese año?
Parece que sí.
O que los elementos que tienen no son suficientes para destrabar una crisis que se ha atorado por la incapacidad de la 4T poblana para designar un alcalde suplente que garantice, además de una buena conducción gubernamental, lealtad absoluta a los intereses del nuevo grupo en el poder, el que se ha instalado en Casa Aguayo.
Hasta ahora, la gestión barbosista ha pretendido paliar el problema de Tehuacán con el envío de un representante no oficial que se ha tratado de hacer cargo del ayuntamiento, a su manera, pero con las limitaciones naturales de su origen, que lo han ubicado como un mero administrador, sin autoridad sobre el resto de los integrantes del gobierno, sin legitimidad frente a los sectores sociales del municipio y sin conocimiento del medio al que ha llegado.
En julio pasado, el director general de gobierno de la Secretaría de Gobernación estatal, Julio Huerta Gómez, eligió a Alejandro Guerrero Martínez para incorporarlo como secretario general de la Comuna y convertirlo así en los ojos, los oídos y las manos del gobierno del estado en esa administración.
Al principio fue relegado por Felipe Patjane, que minimizó los mensajes en tono de advertencia que le mandaron desde la ciudad de Puebla, pero luego del 19 de noviembre se hizo del poder gracias al impacto que tuvo en los regidores y en los funcionarios la aprehensión de su antiguo jefe.
La obediencia forzada, sin embargo, no ha obsequiado a Guerrero la condición de un presidente municipal legitimado, porque no lo es ni lo será.
Tehuacán necesita un alcalde, como lo demandan empresarios, partidos políticos y líderes sociales, y como lo exhiben las enormes carencias en seguridad pública y otros servicios públicos, como la recolección de basura.
El sentido común obligaba a contar con una estrategia de solución de crisis inmediatamente después de decidir que Patjane sería detenido y llevado a prisión.
Hoy se ve que no hubo ninguna ruta crítica.
Los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia no saben qué hacer para devolverle la esperanza a los tehuacanenses.
Puede ser revocación de mandato, suspensión de mandato o desaparición del Cabildo, expone Vianey García en el extremo de la negligencia.
Será en los próximos días cuando se pida a la Comisión Inspectora que realice la auditoría preventiva, remata, inmutable, como a quien no le corre ninguna prisa.
¿Qué ha sido entonces, incapacidad o desinterés?
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