/ miércoles 11 de septiembre de 2019

Trascendidos bajados desde la 4T poblana

Aquellos notarios públicos que vieron con espanto el aumento disparatado de competidores de profesión en la recta final de las administraciones de Rafael Moreno Valle Rosas y José Antonio Gali Fayad deben tranquilizarse.

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta está decidido a cumplir aquella promesa que hizo en campaña, tanto en 2018 como en 2019, que consistió en revisar la asignación de las notarías realizada por los dos mandatarios emanados del PAN una vez que ganara la contienda y arribara al poder.

Barbosa mantiene vigente ese compromiso y ha pedido a sus colaboradores trabajar en él incluso desde antes de que rindiera protesta como gobernador el primer día de agosto.

La idea es encontrar los argumentos jurídicos para echar abajo las 33 notarías obsequiadas por Moreno Valle y Gali, sí, ¡las 33!, y hacerlo pronto, para mostrarle a los electores, pero sobre todo al gremio de los notarios públicos que ya gozaban de una patente, que su palabra debe ser tomada en serio.

La gran ventaja para los operadores del gobernador en este tema es que una gran parte de los procesos que se realizaron para llevar a cabo la asignación de nuevas notarías estuvieron viciados de origen, con irregularidades legales que darán pie a la anulación.

***

Quien puede correr una suerte distinta a la de los notarios de reciente creación es el encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Higuera Bernal.

El fiscal sin nombramiento goza de las simpatías del gobernador Barbosa, lo que lo coloca en la antesala del nombramiento oficial y definitivo una vez que se cumplan los plazos legales que se requieren para hacerlo así.

Higuera Bernal no ha sido nombrado porque Víctor Carrancá Bourguet no quiso ni quiere renunciar de manera formal al cargo que le dio Moreno Valle.

Sin ese pequeño y a la vez gran obstáculo, los diputados locales tienen que esperar hasta que concluya el periodo para el que fue designado Carrancá Bourguet, para entonces sí proceder a la selección de un nuevo fiscal.

Eso sucederá en noviembre.

Y es muy posible que Higuera Bernal consiga el visto bueno de los legisladores, sobre todo de aquellos que provienen de la coalición Juntos Haremos Historia.

Eso si las intrigas, que las hay, y muchas, no lo derrumban del ánimo barbosista en los próximos dos meses.

***

Un personaje influyente en la esfera política y empresarial del país que debe estar muy contento por cómo se ha dado la relación de su empresa, Agua de Puebla para Todos, con el gobierno de Miguel Barbosa, es Carlos Hank Rhon.

En sentido contrario a lo que ocurrirá con las notarías públicas de sello morenovallista, al Ejecutivo poblano le resultará muy complicado deshacer el contrato de concesión de los servicios de agua potable y drenaje que se otorgan en municipios de la zona metropolitana de Puebla.

Romper el acuerdo no es lo difícil, en realidad, sino pagar la multimillonaria indemnización a que tendría derecho la empresa al romper de manera unilateral el compromiso firmado con el fallecido gobernador.

El costo de una decisión de ese tamaño ha frenado la promesa hecha en campaña por Barbosa, que, el igual que hizo con las notarías, ofreció revisar el tema para devolverles a los poblanos el uso y usufructo del vital líquido.

Cumplir esa promesa se vislumbra más que complicado en el grupo de colaboradores del gobernador.

Twitter: @jorgerdzc

jrodriguez@elsoldepuebla.com.mx

Aquellos notarios públicos que vieron con espanto el aumento disparatado de competidores de profesión en la recta final de las administraciones de Rafael Moreno Valle Rosas y José Antonio Gali Fayad deben tranquilizarse.

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta está decidido a cumplir aquella promesa que hizo en campaña, tanto en 2018 como en 2019, que consistió en revisar la asignación de las notarías realizada por los dos mandatarios emanados del PAN una vez que ganara la contienda y arribara al poder.

Barbosa mantiene vigente ese compromiso y ha pedido a sus colaboradores trabajar en él incluso desde antes de que rindiera protesta como gobernador el primer día de agosto.

La idea es encontrar los argumentos jurídicos para echar abajo las 33 notarías obsequiadas por Moreno Valle y Gali, sí, ¡las 33!, y hacerlo pronto, para mostrarle a los electores, pero sobre todo al gremio de los notarios públicos que ya gozaban de una patente, que su palabra debe ser tomada en serio.

La gran ventaja para los operadores del gobernador en este tema es que una gran parte de los procesos que se realizaron para llevar a cabo la asignación de nuevas notarías estuvieron viciados de origen, con irregularidades legales que darán pie a la anulación.

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Quien puede correr una suerte distinta a la de los notarios de reciente creación es el encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Higuera Bernal.

El fiscal sin nombramiento goza de las simpatías del gobernador Barbosa, lo que lo coloca en la antesala del nombramiento oficial y definitivo una vez que se cumplan los plazos legales que se requieren para hacerlo así.

Higuera Bernal no ha sido nombrado porque Víctor Carrancá Bourguet no quiso ni quiere renunciar de manera formal al cargo que le dio Moreno Valle.

Sin ese pequeño y a la vez gran obstáculo, los diputados locales tienen que esperar hasta que concluya el periodo para el que fue designado Carrancá Bourguet, para entonces sí proceder a la selección de un nuevo fiscal.

Eso sucederá en noviembre.

Y es muy posible que Higuera Bernal consiga el visto bueno de los legisladores, sobre todo de aquellos que provienen de la coalición Juntos Haremos Historia.

Eso si las intrigas, que las hay, y muchas, no lo derrumban del ánimo barbosista en los próximos dos meses.

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Un personaje influyente en la esfera política y empresarial del país que debe estar muy contento por cómo se ha dado la relación de su empresa, Agua de Puebla para Todos, con el gobierno de Miguel Barbosa, es Carlos Hank Rhon.

En sentido contrario a lo que ocurrirá con las notarías públicas de sello morenovallista, al Ejecutivo poblano le resultará muy complicado deshacer el contrato de concesión de los servicios de agua potable y drenaje que se otorgan en municipios de la zona metropolitana de Puebla.

Romper el acuerdo no es lo difícil, en realidad, sino pagar la multimillonaria indemnización a que tendría derecho la empresa al romper de manera unilateral el compromiso firmado con el fallecido gobernador.

El costo de una decisión de ese tamaño ha frenado la promesa hecha en campaña por Barbosa, que, el igual que hizo con las notarías, ofreció revisar el tema para devolverles a los poblanos el uso y usufructo del vital líquido.

Cumplir esa promesa se vislumbra más que complicado en el grupo de colaboradores del gobernador.

Twitter: @jorgerdzc

jrodriguez@elsoldepuebla.com.mx

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