Un perro fue un beneficiado más de un juicio de divorcio, después de que el juez decidiera otorgarle una pensión y que sus dueños se hicieran cargo de sus gastos de veterinario y extraordinarios.
La Audiencia Provincial de Pontevedra en Vigo, España, ratificó la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 15 de Vigo en donde se consideró a la mascota como parte de la audiencia de un divorcio.
Dentro del proceso el hombre y la mujer decidían quien tendrían la custodia de los hijos y cómo se repartirían el dinero de la pensión, pero también se incluyo a la mascota, la cual quedará a cuidado de la mujer.
Debido a que el hombre cuenta con un mayor poder adquisitivo, se estableció que tendrá que dar una pensión de 40 euros, poco más de 720 pesos al mes, para los gastos del perro, una cantidad que se podrá ir modificando de acuerdo al Índice de Precios de Consumo (IPC) y al cambio en el costo de sus productos.
En cuanto a los gastos del veterinario y extraordinarios de la mascota tendrán que ser costeados por ambas partes a la mitad.
Este caso comenzó desde el 2023 y la sentencia fue dictada en febrero y confirmada a finales del año pasado, pero la Audiencia rechazó el recurso para después confirmar la decisión judicial inicial. Todo comenzó cuando la mujer decidió interponer un recurso por el régimen de custodia compartida de los hijos y por el uso del auto que compraron entre ambos.
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¿Cómo es que el perro recibió una pensión?
Dentro de España existe la Ley de Bienestar Animal, una que dicta que los animales o mascotas dejen de ser vistos como cosas y sean consideradas seres vivos con sensibilidad.
Debido a esto, cada que una pareja se enfrenta a un divorcio y una mascota se ve involucrada, se le trata como un miembro más de la familia del que se le deben afrontar los gastos de su cuidado al ser dependiente de sus dueños.
A la par, tiene como objetivo velar por el bienestar y la protección de las mascotas, por lo que impone multas en caso de que se rompan desde los 500 dólares, poco más de 9,000 pesos, y de hasta 200,000 euros, más de tres millones de pesos.
“(El objetivo es) establecer el régimen jurídico básico en todo el territorio español para la protección, garantía de los derechos y bienestar de los animales de compañía y silvestres en cautividad”, señala la Ley de Bienestar Animal. “Su derecho al buen trato, respeto y protección, inherentes y derivados de su naturaleza de seres sintientes”.
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