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Representantes de la iniciativa privada del estado de Puebla expresaron su reconocimiento con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por haber intervenido para invalidar una parte del plan B de la Reforma Electoral propuesta por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, al considerar que se presentaron violaciones graves en el procedimiento legislativo.
En este sentido, Héctor Alberto Sánchez Morales, presidente local del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dio a conocer que el fallo del máximo tribunal constitucional en México permitió preservar la legalidad y el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Resaltó que en los últimos meses esto no se estaba respetando, principalmente por las constantes faltas y violaciones al proceso legislativo por parte de varios de los integrantes del Senado de la República y de la Cámara de Diputados.
Lo anterior, debido a que se han aprobado diversos decretos de manera prematura, precipitada y sin el debido proceso legal que se necesita para tomar decisiones de este tipo.
“El CCE y las 25 Cámaras y Organismos que lo integran reconocen la intervención y resolución del Pleno de la SCJN. Con esta decisión histórica, se preserva la legalidad, el cumplimiento irrestricto y pleno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al declarar la invalidez del procedimiento legislativo considerando que existieron claras las violaciones al principio de deliberación informada y democrática, así como el respeto a los derechos que asisten a las minorías parlamentarias”, mencionó.
Por su parte, Juan Pablo Cisneros Madrid, presidente local de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), declaró que los comerciantes y prestadores de servicios se la entidad, se pronuncian en contra de todo tipo reformas que promuevan la división de la sociedad y que descalifiquen los principios de legalidad que sustentan el Estado de Derecho.
Incluso, dijo que la división de poderes es un principio fundamental para evitar abusos de poder que afecten el interés general de la sociedad o atenten contra las garantías constitucionales, que fortalecen el sistema político democrático.
“Como sociedad organizada y ante la coyuntura que atraviesa el país, reiteramos nuestro reconocimiento a SCJN y la animamos a continuar ejerciendo las atribuciones que le confiere el Poder Judicial, para dirimir cualquier controversia constitucional, procurando el equilibrio entre los distintos poderes y ámbitos de gobierno, anteponiendo en todo momento la primacía de imparcialidad, legalidad y protección de los derechos humanos”, expresó.
