/ sábado 30 de marzo de 2024

Reforma al Infonavit sería un retroceso y una amenaza para el patrimonio: empresarios

La reforma propuesta por AMLO busca que el organismo construya y rente casas para luego venderlas a los trabajadores

Como un retroceso y una amenaza para el patrimonio de los derechohabientes, y para el propio mercado inmobiliario, es como empresarios poblanos califican la propuesta de reforma del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunciada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con la cual busca que el organismo construya y rente casas para luego venderlas, pues aseguran que esta propuesta ya se ejecutó en el pasado y fracasó rotundamente.


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Desde la perspectiva de los representantes del sector privado, esta iniciativa hará que el instituto retorne al siglo pasado, cuando ya se dedicaba a eso a través de un marco jurídico deficiente, corrupto, con hoyos financieros y sin un libre mercado. En otras palabras, imponían los inmuebles a los trabajadores sin importar sus necesidades, señalan.

Por ello sugieren alternativas más viables que una propuesta de reforma, como subsidios por parte de las autoridades federales para que las personas accedan a viviendas dignas o incluso la construcción de inmuebles que se adapten a los recursos de los derechohabientes económicamente más vulnerables.


Francisco Cuenca Benítez, presidente de la Red de Asesores Inmobiliarios de Puebla, expone que la propuesta federal busca renacer un modelo que ya fracasó y que solo afectó el patrimonio de los trabajadores.

Como primer punto, resalta que, en sus inicios, el Infonavit ya era un constructor, pero se caracterizó por desarrollar inmuebles que no eran dignos ni asequibles, es decir, pagables.

Lo anterior debido a que sus viviendas eran pequeñas, estaban lejos de los centros de trabajo, carecían de servicios básicos, como transporte, drenaje y agua potable, y las otorgaban conforme a sus propios criterios.

Esto hizo que los trabajadores se endeudaran por varios años a cambio de una vivienda que no era habitable ni óptima, por lo que muchos tomaron la decisión de abandonarlas.

El empresario indica que otro punto de la reforma que hace regresar al pasado es la intención de que esas casas sean rentadas y posteriormente vendidas a sus ocupantes.


Añade que esto ya existía en 2014, pues el instituto contaba con un servicio denominado Arrendavit, que tenía el mismo funcionamiento que se propone actualmente.

Sin embargo, este también fracasó y fue suspendido debido a que los lineamientos no estaban bien establecidos y solo afectaban económicamente a los trabajadores, así como a los arrendatarios.

“Esto ya existía en la historia del Infonavit, no es algo nuevo (…) Como podemos ver, se busca renacer algo que no funcionó. Faltó estudiar mucho el marco legal y pulir detalles, por lo que trajo más desventajas que ventajas”, advierte.

Corrupción, hoyos financieros y créditos impagables

La propuesta enviada al Poder Legislativo federal en febrero de este año indica que el Infonavit podrá construir viviendas de interés social para rentarlas a los mismos trabajadores a través de un modelo de acceso al arrendamiento, ya que luego de 10 años de renta se garantizaría el derecho a la compra.

Al respecto, Ariosto Goytortua López, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), prevé que esto traerá tres consecuencias al corto plazo para los trabajadores y empresarios inmobiliarios.



La primera, subraya, será corrupción, pues el instituto contratará empresas constructoras para el desarrollo de inmuebles, pero nadie supervisará dichos contratos, por lo que se otorgarán a conocidos de los directivos o a empresas que otorguen a cambio una cierta cantidad de dinero.

El segundo problema que pronostica es la generación de hoyos financieros en los recursos que administra el organismo, mismos que pertenecen a los trabajadores, pues, desde su perspectiva, será muy difícil administrar la gran diversidad de rentas.

El último punto es que los derechohabientes tardarán más en convertirse en propietarios de los inmuebles, pues pagarán más en rentas que comprándolo a través de otros esquemas del propio organismo e incluso de la banca privada.

Esto es regresarnos mucho a la historia, donde el fracaso dañó gravemente el patrimonio del instituto con instrumentos de corrupción. Cómo es posible que va a construir viviendas con el dinero del propio trabajador para después rentárselas. Sin duda, es un tema de mucho cuidado y que me preocupa, alerta.

El empresario expresa que, en términos generales, esta propuesta requiere mayor análisis, pues de lo contrario, en caso de aprobarse, habrá consecuencias negativas como ocurrió en el pasado.

Delegada de Infonavit defiende la propuesta

A pesar de las opiniones en contra de los integrantes del sector empresarial, María Eugenia Marín Deloya, delegada del Infonavit en Puebla, dice estar a favor de la propuesta de reforma, ya que desde su perspectiva es un tema que atiende las demandas sociales actuales.

En este sentido, explica que la iniciativa del presidente López Obrador está enfocada en apoyar a las personas más vulnerables que perciben el salario mínimo, pues con el modelo de acceso al arrendamiento se facilitaría el proceso para obtener una casa, con una renta que no exceda el 30 por ciento de su ingreso mensual.



Incluso, adelanta que lanzarán al público en general diversos programas para acompañar la reforma, entre los que destacan algunas reducciones por los pagos que se realicen en tiempo y forma.

“Lo único que puedo decir es que permitamos que la reforma se apruebe, pues beneficiará a los más necesitados. Les puedo asegurar que esto no será un fracaso, como en el pasado, ya que no es algo que surgió al vapor, pues está bien estudiado, no opinemos por opinar, todo tiene un porqué. Permítanos mirar al futuro juntos”, exhorta.

La funcionaria federal agrega que con esta iniciativa se ampliarán las alternativas para los trabajadores que pretendan obtener una casa o departamento, pues se sumará a la lista de servicios que actualmente ofrecen, como el crédito tradicional, Crediterreno o Mejoravit.

Hay opciones más viables

Fabrizio Pizar Rojas, vocero nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), considera que existen otras alternativas que puede impulsar el gobierno federal y que serían más viables que la propuesta de reforma al Infonavit.

Al respecto sugiere que una mejor idea para apoyar a los grupos poblacionales más vulnerables sería otorgar subsidios a los trabajadores para que accedan a viviendas dignas.



Indica que esto consiste en que el gobierno le otorgue un capital directo a las personas que no cuentan con un préstamo suficiente para adquirir una casa o departamento debido a sus bajos ingresos.

“Por poner un ejemplo, si a las personas les alcanza solo para una casa de 400 mil pesos, pero actualmente las más baratas son de 500 mil pesos, las autoridades federales podrían aportar los 100 mil pesos restantes (…) Esto les ayudaría de mejor manera a hacerse de un bien”, refiere.

Por su parte, Gustavo Vargas Constantini, presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), expone que su organismo estaría dispuesto a poner de su parte para construir viviendas que se acoplen a los recursos de las personas con menos ingresos económicos.

Esto permitirá que más trabajadores tengan acceso al derecho constitucional de una casa digna, segura, pagable y con todos los servicios básicos de conectividad, agua potable, energía eléctrica y drenaje.

“La mano de obra poblana está altamente capacitada y dispuesta para apoyar la causa y poner nuestro granito de arena, pues todas las personas debemos tener ese derecho de una vivienda digna”, concluye.


Como un retroceso y una amenaza para el patrimonio de los derechohabientes, y para el propio mercado inmobiliario, es como empresarios poblanos califican la propuesta de reforma del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunciada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con la cual busca que el organismo construya y rente casas para luego venderlas, pues aseguran que esta propuesta ya se ejecutó en el pasado y fracasó rotundamente.


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Desde la perspectiva de los representantes del sector privado, esta iniciativa hará que el instituto retorne al siglo pasado, cuando ya se dedicaba a eso a través de un marco jurídico deficiente, corrupto, con hoyos financieros y sin un libre mercado. En otras palabras, imponían los inmuebles a los trabajadores sin importar sus necesidades, señalan.

Por ello sugieren alternativas más viables que una propuesta de reforma, como subsidios por parte de las autoridades federales para que las personas accedan a viviendas dignas o incluso la construcción de inmuebles que se adapten a los recursos de los derechohabientes económicamente más vulnerables.


Francisco Cuenca Benítez, presidente de la Red de Asesores Inmobiliarios de Puebla, expone que la propuesta federal busca renacer un modelo que ya fracasó y que solo afectó el patrimonio de los trabajadores.

Como primer punto, resalta que, en sus inicios, el Infonavit ya era un constructor, pero se caracterizó por desarrollar inmuebles que no eran dignos ni asequibles, es decir, pagables.

Lo anterior debido a que sus viviendas eran pequeñas, estaban lejos de los centros de trabajo, carecían de servicios básicos, como transporte, drenaje y agua potable, y las otorgaban conforme a sus propios criterios.

Esto hizo que los trabajadores se endeudaran por varios años a cambio de una vivienda que no era habitable ni óptima, por lo que muchos tomaron la decisión de abandonarlas.

El empresario indica que otro punto de la reforma que hace regresar al pasado es la intención de que esas casas sean rentadas y posteriormente vendidas a sus ocupantes.


Añade que esto ya existía en 2014, pues el instituto contaba con un servicio denominado Arrendavit, que tenía el mismo funcionamiento que se propone actualmente.

Sin embargo, este también fracasó y fue suspendido debido a que los lineamientos no estaban bien establecidos y solo afectaban económicamente a los trabajadores, así como a los arrendatarios.

“Esto ya existía en la historia del Infonavit, no es algo nuevo (…) Como podemos ver, se busca renacer algo que no funcionó. Faltó estudiar mucho el marco legal y pulir detalles, por lo que trajo más desventajas que ventajas”, advierte.

Corrupción, hoyos financieros y créditos impagables

La propuesta enviada al Poder Legislativo federal en febrero de este año indica que el Infonavit podrá construir viviendas de interés social para rentarlas a los mismos trabajadores a través de un modelo de acceso al arrendamiento, ya que luego de 10 años de renta se garantizaría el derecho a la compra.

Al respecto, Ariosto Goytortua López, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), prevé que esto traerá tres consecuencias al corto plazo para los trabajadores y empresarios inmobiliarios.



La primera, subraya, será corrupción, pues el instituto contratará empresas constructoras para el desarrollo de inmuebles, pero nadie supervisará dichos contratos, por lo que se otorgarán a conocidos de los directivos o a empresas que otorguen a cambio una cierta cantidad de dinero.

El segundo problema que pronostica es la generación de hoyos financieros en los recursos que administra el organismo, mismos que pertenecen a los trabajadores, pues, desde su perspectiva, será muy difícil administrar la gran diversidad de rentas.

El último punto es que los derechohabientes tardarán más en convertirse en propietarios de los inmuebles, pues pagarán más en rentas que comprándolo a través de otros esquemas del propio organismo e incluso de la banca privada.

Esto es regresarnos mucho a la historia, donde el fracaso dañó gravemente el patrimonio del instituto con instrumentos de corrupción. Cómo es posible que va a construir viviendas con el dinero del propio trabajador para después rentárselas. Sin duda, es un tema de mucho cuidado y que me preocupa, alerta.

El empresario expresa que, en términos generales, esta propuesta requiere mayor análisis, pues de lo contrario, en caso de aprobarse, habrá consecuencias negativas como ocurrió en el pasado.

Delegada de Infonavit defiende la propuesta

A pesar de las opiniones en contra de los integrantes del sector empresarial, María Eugenia Marín Deloya, delegada del Infonavit en Puebla, dice estar a favor de la propuesta de reforma, ya que desde su perspectiva es un tema que atiende las demandas sociales actuales.

En este sentido, explica que la iniciativa del presidente López Obrador está enfocada en apoyar a las personas más vulnerables que perciben el salario mínimo, pues con el modelo de acceso al arrendamiento se facilitaría el proceso para obtener una casa, con una renta que no exceda el 30 por ciento de su ingreso mensual.



Incluso, adelanta que lanzarán al público en general diversos programas para acompañar la reforma, entre los que destacan algunas reducciones por los pagos que se realicen en tiempo y forma.

“Lo único que puedo decir es que permitamos que la reforma se apruebe, pues beneficiará a los más necesitados. Les puedo asegurar que esto no será un fracaso, como en el pasado, ya que no es algo que surgió al vapor, pues está bien estudiado, no opinemos por opinar, todo tiene un porqué. Permítanos mirar al futuro juntos”, exhorta.

La funcionaria federal agrega que con esta iniciativa se ampliarán las alternativas para los trabajadores que pretendan obtener una casa o departamento, pues se sumará a la lista de servicios que actualmente ofrecen, como el crédito tradicional, Crediterreno o Mejoravit.

Hay opciones más viables

Fabrizio Pizar Rojas, vocero nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), considera que existen otras alternativas que puede impulsar el gobierno federal y que serían más viables que la propuesta de reforma al Infonavit.

Al respecto sugiere que una mejor idea para apoyar a los grupos poblacionales más vulnerables sería otorgar subsidios a los trabajadores para que accedan a viviendas dignas.



Indica que esto consiste en que el gobierno le otorgue un capital directo a las personas que no cuentan con un préstamo suficiente para adquirir una casa o departamento debido a sus bajos ingresos.

“Por poner un ejemplo, si a las personas les alcanza solo para una casa de 400 mil pesos, pero actualmente las más baratas son de 500 mil pesos, las autoridades federales podrían aportar los 100 mil pesos restantes (…) Esto les ayudaría de mejor manera a hacerse de un bien”, refiere.

Por su parte, Gustavo Vargas Constantini, presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), expone que su organismo estaría dispuesto a poner de su parte para construir viviendas que se acoplen a los recursos de las personas con menos ingresos económicos.

Esto permitirá que más trabajadores tengan acceso al derecho constitucional de una casa digna, segura, pagable y con todos los servicios básicos de conectividad, agua potable, energía eléctrica y drenaje.

“La mano de obra poblana está altamente capacitada y dispuesta para apoyar la causa y poner nuestro granito de arena, pues todas las personas debemos tener ese derecho de una vivienda digna”, concluye.


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