Por unanimidad de votos y con la dispensa de trámite los diputados de la LX Legislatura aprobaron la abrogación de la Ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla, mejor conocida como la “ley bala”.
La propuesta fue presentada por la diputada de Encuentro Social Mónica Lara Chávez y fue el diputado de Movimiento Ciudadano Carlos Alberto Morales quien pidió se dispensara el trámite para aprobar la abrogación en esa misma sesión.
Lara Chávez recordó la muerte del menor José Luis Tehuatlie durante un enfrentamiento entre Policía Estatal y pobladores de Chalchihuapan como una de las consecuencias más graves de esta ley, aprobada en mayo de 2014.
La ley permitía a los cuerpos de seguridad el uso de armas incapacitantes o no letales como bastones policiales, agentes químicos irritantes aprobados para la función policial, dispositivos eléctricos de control y las armas o pistolas noqueadoras o incapacitantes; sin embargo, fue una de estas últimas la que provocó la muerte del menor en julio de 2014.
El primero en sumarse a esta iniciativa fue el coordinador del grupo parlamentario de Nueva Alianza, Gerardo Islas Maldonado, quien recordó que el exgobernador Rafael Moreno Valle ya había enviado una iniciativa para abrogar la misma ley que él impulsó, pero el acuerdo en la pasada legislatura fue eliminarla cuando se tuviera lista una propuesta de ley nueva.
Los diputados del PRD, Movimiento Ciudadano y Compromiso por Puebla se sumaron a la iniciativa de Encuentro Social; no obstante, el coordinador del partido naranja, Carlos Alberto Morales Álvarez, fue más allá y pidió la dispensa del trámite para aprobarla en ese momento.
Este generó inconformidad por parte del PRI, quien a través de la diputada Rocío García Olmedo y con el respaldo de los diputados del PAN y Nueva Alianza solicitó que la iniciativa se turnara a comisiones para respetar el procedimiento, puesto que consideró que hacerlo sin analizar podría calificarse como un “albazo legislativo”.
Sin embargo, la vía rápida fue aprobada por 27 diputados, de los cuales dos eran de Movimiento Ciudadano, dos del PRD, uno del PVEM y los 22 de Morena, PT y PES; una vez que se aprobó la dispensa del trámite los diputados de todas las fracciones partidistas votaron a favor de su eliminación.
Al finalizar la sesión el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, argumentó que la eliminación de esta ley fue un compromiso de todos los partidos y tenía que cumplirse desde la primera sesión.
Estimó que sea a más tardar en dos meses cuando tengan una ley nueva que garantice los derechos humanos de la ciudadanía y que sea elaborada con la intervención de todas las fuerzas políticas y organizaciones de la sociedad civil expertas en derechos humanos.
“Tiene que haber una nueva ley, pero que privilegie los derechos humanos y no que esté nada más puesta para lastimar a la gente y que no haya consecuencias. Lo vamos a hacer en conjunto con todas las bancadas y las representaciones legislativas, pero también con organizaciones de derechos humanos. Yo creo que en cuestión de unos 60 días podríamos tener una ley que refleje el sentir de la gente y con la opinión de expertos en el tema”.
